Entre 1995 y 2000, el gobierno del presidente peruano Alberto Fujimori lanzó una campaña para promover la esterilización de una parte de la población. Un plan con el que pretendía combatir la pobreza y que presentó como voluntario. Pero al final miles de personas (sobre todo mujeres indígenas) fueron esterilizadas por la fuerza, condenadas a la infertilidad. Durante años, prácticamente nadie les ha prestado atención y nadie les ha pedido perdón.

Ahora, la fiscalía de la nación ha atendido la petición de las víctimas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ha abierto un proceso por un presunto delito de lesa humanidad.

En Portada muestra el dolor y el aislamiento que sufrieron algunas mujeres del altiplano peruano y la frialdad con la que se enfrenta al problema la clase política.À