En abril del 2014, el entonces candidato a gobernador regional de Moquegua, el técnico agropecuario Jaime Rodríguez Villanueva, declaró en un mitin: "Como siempre, mis enemigos políticos que dicen: 'Jamocho, pues, se robó la plata en carretilla'". Había sido presidente regional entre el 2007 y el 2010, un periodo plagado de denuncias, y quería repetir el plato.

Aquella vez se sinceró y dijo: "Sí, efectivamente. En la gestión anterior se robó en 'volquetadas' y en la gestión de hoy día, en 'trailadas'. Pero lo que yo robé compartí con ustedes, para que llegue un pan a su casa. Y vamos a seguir trabajando porque la riqueza hay que compartirla con cada uno de ustedes".

El discurso caló y Rodríguez ganó. Hoy es la máxima autoridad de una región que recibe en solo un semestre 87 millones de soles por canon minero, la octava cifra más alta del país. En agosto del 2016, la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Moquegua lo condenó a 4 años de prisión suspendida por un caso de corrupción de su gestión pasada: había favorecido a su hermano, Luis Rodríguez Villanueva, entregándole donaciones de anchoveta de los pescadores artesanales que eran para los pobladores altoandinos.
 
Por un error en la tipificación del delito, el expediente volvió a fojas cero y se abrió un nuevo juicio que sigue hasta hoy. Los fiscales anticorrupción tendrán que volver a demostrar la desviación de donativos.

 

Juan Luque Mamani, de Puno, tiene abierta una investigación fiscal por contratar la empresa de su esposa, la comercializadora de artículos deportivos "Americ", como proveedora del gobierno regional. Las compras ascendieron a 150.000 soles.

Ricardo Flores Dioses, gobernador de Tumbes, tiene un expediente en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de esa región por convocar una licitación de 6 millones de soles para remodelar las oficinas en plena emergencia por El Niño costero.

Humberto Acuña Peralta, de Lambayeque, además de afrontar un juicio por haber consignado en su hoja de vida, según la Fiscalía, una maestría que no estudió, está investigado por supuestamente haber pagado al policía anticorrupción Joel Ugaz.

 

Y recalca que muchas veces el origen de la corrupción está en el financiamiento que reciben los gobernadores cuando son candidatos. Un asunto en el que el Congreso, indica, "solo prende juegos artificiales": la nueva ley electoral aprobada, por ejemplo, solo multa a un partido que probadamente ha recibido dinero del narcotráfico, no lo saca de carrera.

De hecho, Fernando Meléndez Celis, gobernador de Loreto, está bajo sospecha de lavado de activos por supuestamente haber impulsado su candidatura con dinero del narcotráfico. El dinero habría llegado a través de su suegro, Cirilo Torres, hoy prófugo de la justicia.

También afrontan indagaciones por lavado de activos las autoridades máximas de Amazonas y Junín. El primero, Gilmer Horna Corrales, dueño de la cadena de pollerías "El Corralito", muestra indicios de desbalance patrimonial. El 1 de diciembre pasado la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de Lima intervino sus oficinas para incautar información contable.

El segundo, Ángel Unchupaico Canchumani, también ha exhibido signos de desbalance patrimonial. Los investigadores indagan su gestión como alcalde distrital de El Tambo (Junín).
El caso Lava Jato involucra a tres gobernadores regionales

- El gobernador regional del Callao, Félix Moreno, afronta una investigación en comparecencia restringida por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. Se le acusa de presuntamente haber recibido coimas por 2 millones de dólares de Odebrecht por la Vía Costa Verde-Tramo Callao.


- Edwin Licona Licona, máxima autoridad del Cusco, está bajo sospecha por la supuesta adjudicación irregular de la obra de construcción del hospital Antonio Lorena, a cargo de un consorcio integrado por la constructora brasileña OAS.

- Y la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio, tiene una investigación por negociación incompatible por el pago adelantado de 38 millones de soles que se hizo a la constructora ICCGSA por el tramo III de la Variante de Uchumayo.

Fuente: La Republica