El 1 de junio Nayib Bukele asumió un segundo mandato presidencial pese a la prohibición constitucional de reelección consecutiva y luego de reformar el sistema electoral para concentrar su poder.

El rumbo que tomará el país para los próximos años es incierto. Sus políticas populistas-punitivas en materia de seguridad han sido ampliamente respaldadas por la ciudadanía. Sin embargo, su gestión se ha caracterizado por desmontar los pilares esenciales en cualquier democracia y cuestionar la vigencia de los derechos humanos. La narrativa actual de Bukele y sus recientes acciones brindan algunas luces sobre su prioridad y estrategia para el segundo término: mejorar la situación económica del país y pasar de la guerra contra las pandillas a la lucha contra la corrupción.

Frente a esta narrativa, analizamos el estado de la lucha contra la corrupción en El Salvador y los retos político-institucionales que enfrenta el país en materia de transparencia y acceso a la información. Así como lo que podría hacer la comunidad internacional al respecto.

El presidente Nayib Bukele de origen palestino junto a sus tres hermanos, Karim, Ibrajim y Yusef. Una investigación periodística revela inversiones por 9,2 millones de dólares durante el primer mandato del presidente

La corrupción sí preocupa a la ciudadanía

El motivo principal de la popularidad de Nayib Bukele ha sido el control de las maras y con ello el aumento en la seguridad. No obstante, la ciudadanía ha mostrado preocupación por la situación socio-económica, ya que el 29.8 por ciento de la población vive en pobreza. En esa misma línea, la percepción de corrupción es alta: el índice mundial de Transparencia Internacional marca a El Salvador en estado de regresión. El país ha bajado 4 puntos en el índice desde el 2021 (36/100 en el año 2021 a 31/100 en el año 2023). Transparencia Internacional señala además que al menos 45 por ciento de la población considera que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses y el 14 por ciento de usuarios de servicios públicos pagaron sobornos.

Por su parte, si bien encuestas nacionales reflejan confianza en la figura de Bukele como presidente, también arrojan datos de la opinión pública sobre corrupción en otras instituciones públicas, siendo las municipalidades las que muestran mayor percepción de corrupción (27.3 por ciento) y falta de confianza (32.4 por ciento). En esa misma línea, para la Asamblea Legislativa la imagen de corrupción es alta (20.9 por ciento) y también la falta de confianza (16.4 por ciento).

Populismo anti-corrupción

No existe eficacia, transparencia ni independencia en el sistema de justicia penal en El Salvador. De hecho para el año 2023 el World Justice Project ubica el país en el puesto 139/142 a nivel global. Además, en el marco del estado de excepción la persecución penal se ha concentrado en el control territorial, la militarización y persecución de las maras, lo cual también ha significado el colapso del sistema de justicia, al no tener la capacidad de dar respuesta y actuar con debida diligencia.

El combate a la corrupción requiere acciones concretas, transparencia e instituciones sólidas que no estén supeditadas a ningún poder político, de lo contrario, cualquier medida solo será populismo anti-corrupción. En aras de mantener el respaldo popular, se ha perseguido a la oposición política pero también a rangos altos del propio gobierno. No obstante, surgen dudas sobre la imparcialidad y objetividad de las investigaciones al ser impulsadas por un fiscal general que guarda estrecha relación con el Presidente Bukele y quien incluso habría sido acusado de colaborar con una de las maras más importantes.

Algunos casos emblemáticos de empresarios y ex funcionarios públicos vinculados al crimen organizado que fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos han sido perseguidos por la Fiscalía General. Pero hay otros casos de corrupción a gran escala que han quedado en la impunidad. Por ejemplo, con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) de la Organización de Estados Americanos en el 2021 quedaron inconclusos varios casos de corrupción que involucran al Presidente Nayib Bukele en el marco de la pandemia de Covid-19. Asimismo no ha habido ningún avance significativo en la investigación y persecución penal sobre posibles actos de corrupción cometidos en las cárceles.

Tampoco existe una política de persecución de delitos relacionados con la corrupción como el tráfico de influencia, con posibles violaciones a la constitución, ni con delitos cometidos por las autoridades como violaciones a los derechos humanos derivados de las políticas de “mano dura”.  

Cultura del secreto como obstáculo en el combate a la corrupción

El derecho al acceso a la información pública tiene un carácter instrumental ya que es uno de los mecanismos para detectar, prevenir y denunciar la corrupción. Hoy en día existe un monopolio de la información en manos del gobierno.

A raíz del estado de excepción, se ha abusado de la clasificación de la información como “reservada” bajo la excusa de ser información sensible en materia de seguridad. Sin embargo, mucha información fuera de esa materia tampoco es pública. Organizaciones nacionales han reportado que al menos el 63 por ciento de las solicitudes de información en torno al manejo y uso de los fondos públicos son denegadas. Existe una evidente falta de independencia de la institucionalidad garante del acceso a la información. De hecho, el Departamento de Estado de los Estados Unidos recientemente sancionó -bajo la sección 353- a tres funcionarios del Instituto de Acceso a la Información Pública por “bloquear información”.

Aparte del impacto en la auditoría social, han habido cambios significativos en el sistema de compras públicas y falta de transparencia que podrían derivar en el gasto discrecional de fondos públicos. También se han aprobado decretos específicos de lineamientos de contratación para obras de interés público como los Centros Penales y el Aeropuerto del Pacífico, limitando las licitaciones, la publicidad y transparencia propias de cualquier sistema de buena gobernanza.

Fuente: Ana María Méndez Dardón - WOLA