El exprocurador Antonio Maldonado se pronuncia sobre los asuntos de los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, quienes vienen enfrentando procesos disciplinarios en el propio Ministerio Público a través de su organismo de control. Advierte que con Patricia Benavides el MP ha perdido independencia.
 

—Los fiscales del caso Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, enfrentan procesos disciplinarios en el Ministerio Público. ¿Es una persecución?

—Hay desde el inicio de la gestión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, un comportamiento institucional, de la autoridad disciplinaria interna, que remite a una persecución en contra de los fiscales. Son investigaciones sin fundamento objetivo ni razonable ni legal, especialmente cuando se contrastan los estándares en directrices básicas de las funciones de los fiscales, adoptadas por la Asamblea General de la ONU en 1990. Se trata de investigaciones sin fundamento objetivo razonable alguno y que pueden ser interpretadas como una persecución institucional y un abuso de poder.

—En el caso de Vela se cuestiona que haya criticado públicamente una decisión judicial. ¿Hay sustento?

—Desde la instauración de los nuevos ordenamientos procesales modernos, que contienen el proceso acusatorio, el cual puede variar entre países, los principios básicos de actuación de los fiscales son los básicos en cualquier democracia.

—¿Cuáles son?

—Transparencia, rendición de cuentas a las víctimas, debida diligencia, respeto al debido proceso, a la objetividad de los hechos y al juicio justo. En ese marco, los fiscales ejercen la función penal pública, la que debe hacerse con rigor, energía, con pasión. Recordemos que el Ministerio Público (MP) defiende a la sociedad. Los casos del fiscal Vela y Pérez son de alta corrupción política, de delincuencia del poder, que afectan a toda la sociedad peruana.

—Es decir, ¿los fiscales que ven estos casos graves tienen el deber de informarle a la sociedad cómo avanzan?

—Así es, correcto. Están en la obligación de explicar. Porque del otro lado tienes a procesados o investigados con un alto acceso a los medios de prensa y a estudios de abogados poderosísimos, que nunca tuvieron limitaciones ni de sus propios estudios, menos de sus clientes y de los colegios de abogados a los que están adscritos. No hay ningún abogado sancionado por mala práctica o por abuso en el ejercicio de la abogacía. Pueden usar estrategias, incluso, contrarias a los principios procesales penales.
 

—¿Entre ellas?

—Demorar los procesos lo que más puedan, alargarlos indebidamente e invocar la prescripción. De hecho, la causa de la demora de los procesos no está en los fiscales del caso Lava Jato, sino en los abogados y en el Poder Judicial (PJ). Antes en el PJ se organizó un subsistema especial de justicia con jueces anticorrupción creado por Susana Castañeda, pero eso ya no existe. Ya no hay más jueces dedicados a grandes casos de corrupción. Estos son vistos por otros jueces que tienen sus propias cargas procesales y que tienen que hacer malabares para cumplir con todo. Lo que le quiero decir es que los fiscales del caso Lava Jato no están acompañados por una institucionalidad que vaya de acuerdo con la alta demanda de la sociedad, que espera resultados.

—¿Por qué el Ministerio Público querría sancionar a Vela o a Pérez?

—La causa hay que ubicarla en la gestión que realiza la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ella debe explicar a la sociedad peruana por qué lo hace.

—No se permitió a la prensa ver la apelación de Vela.

—La audiencia de apelación no es un acto privado. ¿Por qué hace esto? Por dos causas. La primera: con la señora Benavides, el MP está perdiendo de manera acelerada su independencia e imparcialidad frente al poder político y a los poderes fácticos. La señora Benavides, con ese propósito de someter a la institución al poder político, repite la conducta lesiva de otros MP en la región, como en los casos de Nicaragua —donde el MP está sometido a Ortega y a su mujer—, o en El Salvador —donde el fiscal general está sometido a Bukele—, o en Venezuela.

—¿Cuál es la segunda causa?

—La segunda causa es que la señora Benavides pretende incorporar al MP una visión trasnochada de la justicia, una visión inquisitoria. Esa cultura inquisitoria está enraizada en los operadores de justicia, como jueces, fiscales y abogados.

—¿A qué se refiere con esa visión inquisitoria?

—El MP es una institución independiente que hace parte del sistema de justicia. Los fiscales no tienen por qué rendirles reverencia a los jueces que actúen mal. Los fiscales tienen todo el derecho de criticar los fallos judiciales. Los fiscales son agentes vivos. Eso ha sido precisamente Vela. Y tampoco es un aventurero, es alguien que conoce mucho. Si un juez actúa mal, el fiscal no tiene por qué quedarse callado ante actuaciones que considere negligentes. La fiscal de la Nación no solo ha hecho alianzas perversas destruyendo la independencia del MP, además, lidera un retroceso institucional gravísimo que implica volver a los comportamientos de un sistema inquisitivo que ya ha sido derogado. La señora fiscal Benavides está regresando en la historia. No tiene la capacidad de guiar al MP por el lado de la modernidad, como ocurre en Chile, por ejemplo. El sistema peruano está preocupado en persecuciones absurdas.

—¿Suscribe a quienes comparan a Benavides con Blanca Nélida Colán?

—Esta comparación específica hay que ponerla en contexto. La conducta de la fiscal Benavides se inscribe en un escenario muy parecido a lo vivido al día siguiente de abril de 1992, particularmente a lo ocurrido en el sistema de justicia. En el MP, la señora Benavides reproduce —no como tragedia, sino como farsa— los parámetros generales de Blanca Nélida Colán, en cuanto al sometimiento al poder político y al poder fáctico.

Entrevista publicada inicialmente por La República