La fiscal Johana Velasco Bardales, del segundo despacho de la Sexta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima, abrió investigación contra Keiko Fujimori y otras 25 personas por los delitos de sedición, conspiración para la rebelión, denuncia calumniosa y prevaricato.

Ello porque todos los imputados insistieron en la teoría, ya desbaratada por el Ministerio Público, del “fraude electoral” en los comicios generales del 2021 y que dieron como ganador legítimo a Pedro Castillo Terrones.

Por este continuo llamado a desconocer los resultados oficiales, la Fiscalía ha comprendido el último miércoles 9 de marzo en la investigación a Lourdes Flores Nano, la ex personera legal del partido fujimorista Milagros Takayama Jiménez, la congresista Rosangella Barbarán, la aprista Nidia Vilchez, Miguel Torres Morales, Javier Villa Stein y el sentenciado hombre en las sombras de la última campaña fujimorista, Vladimiro Montesinos Torres. Asimismo, están incluidos en el caso Francisco Baldeón Vellón, el Estudio Muñiz y Rubio Leguía (que apoyó con las impugnaciones de actas de votación), Julio Castiglioni Ghiglino, Rafael López Aliaga (líder político de ultraderecha), César Acuña Peralta, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, su hijo Álvaro Vargas Llosa, Dionisio Romero Paoletti, Daniel Córdova Cayo y Jorge del Castillo.

También figuran Luis Galarreta Velarde, los legisladores Norma Yarrow Lumbreras, Hernando Guerra-García, Jorge Montoya Manrique, Adriana Tudela Gutiérrez así como Alan Kessel del Río y Mario Hart del Águila y Alejandra Baigorria.

Consultado por este diario, el abogado constitucionalista Víctor García Toma expresó su desacuerdo con la apertura de la investigación:

“La Fiscalía no puede ser una mesa de partes donde cualquier denuncia sea objeto de recepción y atención. Primero se debe hacer una adecuada calificación, luego esta debe ser acorde con la realidad. Lo cierto es que en estos meses las personas que están investigadas, sean de nuestro gusto o no, no han generado actos de violencia colectiva dirigidas a deponer a la autoridad de turno y legítimamente elegidas. Hubo críticas, denuncias y reclamos por el resultado electoral, pero más allá de eso no”.

Asimismo, puntualizó que “ninguna movilización, además, como la de la vacancia o vista en redes sociales contra Pedro Castillo, podría ser considerada como sedición porque hay un derecho a la protesta ciudadana. Estas protestas han sido actos cívicos y pacíficos que no se les puede comparar con sedición. Sedición fue lo que hizo Antauro Humala que tomó una comisaría y asesinó a seis policías y declaró que su misión era deponer al entonces presidente Toledo. Una marcha de oposición y reclamo al gobierno no puede ser considerada como delito de sedición, que requiere violencia colectiva para derrocar a una autoridad elegida por el voto popular”.

El dato

No hubo fraude. En enero de 2022, seis resoluciones fiscales indicaron que no hubo “fraude en mesa”. Los miembros de mesa no habían sido suplantados ni hubo firmas falsas.