Después del referéndum y de la salida del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, desde algunos sectores se ha venido señalando que la agenda de la lucha contra la corrupción del gobierno se ha desgastado como fuente de apoyo político y que al presidente Vizcarra le convendría trasladar su liderazgo a otros campos, usualmente entendidos como más cercanos al día a día de la ciudadanía.

Hay tres motivos, desde nuestro punto de vista, por los que descartar el tema anticorrupción o ponerlo en un segundo plano sería un error.

En primer lugar, las investigaciones relacionadas al caso Lava Jato seguirán siendo protagonistas de nuestra vida política, tal como acaba de demostrarse con la orden de detención al ex presidente Pedro Pablo Kuczinsky, por lo que, mientras vayan conociéndose más detalles de las operaciones del elenco político y empresarial relacionado al caso, mientras vayan tomándose medidas restrictivas o no y, principalmente, en la forma en la que vayan respondiendo los imputados en el terreno político, la corrupción se mantendrá altamente visible en la agenda pública.

En segundo término, no hay que olvidar que en nuestro país los escándalos de corrupción son como los temblores: sabemos que van a ocurrir, aunque no sepamos cuándo ni dónde. Cuando el próximo escándalo suceda, se le reclamará al gobierno haber dejado de darle la prioridad que se merece al tema. Se puede replicar que si el gobierno ha estado activo en el tema, cuando surja un nuevo escándalo igual se le reclamará no haberlo previsto. Pero este riesgo es normal; más bien, si ha estado activo, contará con más elementos para manejar la crisis de mejor manera. La gran diferencia entre países percibidos como corruptos de los íntegros no es que no haya corrupción, sino la forma en la que se responde ante ella.

Y, tercero, el plan reformista está todavía a medias. La presentación de los proyectos de ley que configurarán la reforma política debe tener lugar esta semana, y se abrirá una crucial fase de discusión en el parlamento, en la cual toca cuidar que no se metan de contrabando candados que busquen asegurar que nada cambie. Mientras eso ocurra, se está entrando recién a la etapa de implementación de la reforma de justicia. Y aún falta sumar reformas pendientes en otros campos menos visibles, como el necesario fortalecimiento de la autoridad de transparencia, anunciado hace ocho meses y que aún no se concreta.

Otros actores

El nivel de control por parte del gobierno sobre la mayoría de estos procesos varía notoriamente, con un claro balance al déficit, pues la aprobación de leyes en el Congreso o la puesta en marcha de la Junta Nacional de Justicia, dependen de otros actores.

Sin embargo, el papel de liderazgo político es indispensable para avanzar sustancialmente en todos esos frentes. En la última encuesta nacional sobre corrupción de Proética (setiembre 2017), cuando preguntábamos a la ciudadanía quién debería liderar la lucha contra la corrupción en el país, la principal respuesta era “el presidente” (44%). Al mismo tiempo, también registramos que solo 1 de cada 4 peruanos consideraba que el gobierno de Kuczynski estaba siendo eficaz contra la corrupción, a solo un año de haber asumido su mandato y cuando el escándalo Lava Jato todavía no lo había tocado, revelando una brecha entre expectativa y realidad.

El gobierno no solo no debe desentenderse de esta agenda, sino que debe redefinir su posición, entendiendo con mayor profundidad la dimensión y horizonte del reto, proponiendo el cambio al cual se quiere llegar como país y liderando la ruta para ello.

Fuente: Proética