Otro ataque al sistema judicial. Los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) presentaron una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y los fiscales supremos Juan Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, por haber defendido sus competencias ante la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) a dirigir las investigaciones preliminares de delitos.

La denuncia constitucional de estos tres congresistas señala que los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos cometieron infracciones a la Constitución, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Los parlamentarios proponen, de esta manera, un proceso de antejuicio político para acusar a los fiscales supremos por los delitos mencionados. Y pretenden, demás, someterlos a un juicio político con base en presuntas infracciones para inhabilitarlos 10 años de la función pública, lo que provocaría que sean separados de sus cargos.

Denuncia constitucional contra fiscales supremos

Optaron por la represalia

La represalia viene una semana después de que el Ministerio Público publicó un comunicado con el que anunció la emisión de un reglamento para uniformizar la actuación fical en la investigación de delitos en coordinación con la PNP.

En ese pronunciamiento, la Fiscalía recalcó que la Constitución le ha conferido la exclusividad de la conducción de la investigación del delito y sostuvo que mantendrá esa posición hasta que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva las demandas de inconstitucionalidad interpuestas contra los decretos legislativos 1592, 1604, 1605 y 1611, referidos a la labor de la PNP y la modificación del Nuevo Código Procesal Penal.

Además, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley 32130 "en estricta defensa de la institucionalidad y del Estado democrático de derecho".

Dos días antes el exfiscal de la Nación, Juan Villena, también había cuestionado la contrarreforma del Congreso. “Estamos estudiando (la ley que faculta a la PNP dirigir investigaciones). Hay una demanda de inconstitucionalidad respecto a unos decretos legislativos que se expidieron a inicios de año y que tienen la misma idea, la misma inconsistencia que a nuestro entender vulnera las facultades constitucionales”, dijo ante la prensa.

No es la primera vez que el Ministerio Público tiene una posición en contra de esta ley. El 11 de setiembre la Junta de Fiscales Supremos, Fiscales Provinciales y coordinadores de Fiscalías Especializadas y Equipos Especiales publicaron un pronunciamiento para calificarla de inconstitucional.

La decisión del TC determinará la validez de la Ley 32130. El fiscal Villena ha dicho que acatarán el veredicto.

En el Congreso, sin embargo, no tienen esa paciencia. El fujimorista Rospigliosi considera que la posición del Ministerio Público es un acto de rebeldía. “No puede ser, los únicos que hacen los reglamentos, son los del Poder

Ejecutivo. Los fiscales no quieren aplicar la ley”, declaró a Canal N.

La denuncia constitucional llegará a manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), María Acuña. El fujimorismo y las bancadas que apoyaron la ley en cuestión, tiene la mayoría de votos para aprobar la acusación.

Otra demanda de inconstitucionalidad contra esta ley

El Colegio de Abogados de La Libertad presentó el 14 de octubre una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130 porque vulnera el artículo 159 de la Constitución que señala que le corresponde al Ministerio Público la conducción de las investigaciones de presuntos delitos.