Ya está demostrado con creces, que en organizaciones públicas pequeñas, no se hace nada sin el conocimiento del gran jefe. Foto: Rostro de Roberto Leon Segovia, jefe de la Red de Salud Huancavelica.

HUANCAVELICA | La Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 70 560 en la Red de Salud de la provincia Huancavelica, como consecuencia de un pago indebido de bonificación extraordinaria a personal administrativo cuando estos recursos estaban destinados a trabajadores de salud que prestan servicios de alerta y respuesta en el marco de la COVID-19.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 017-2021-2-0833-SCE, periodo de evaluación del 11 de marzo de 2020 al 31 de marzo de 2021, esta situación vulneró la normativa vigente (artículo 4 del Decreto de Urgencia N°026-2020, así como artículo 2, 4 y 5 del Decreto Supremo N°184-2020-EF) que precisan los criterios para el otorgamiento de la bonificación extraordinaria ante la emergencia sanitaria.

Inspectores de la Contraloria ingresan sin preaviso en las oficinas de la Red de Salud.

En base a la normativa aplicable, se determinó que entre los beneficiarios consideraron  a personal administrativo que no figura en el Registro Nacional del Personal de Salud – INFORHUS, ni en el listado de la Dirección General de Personal de Salud – DIGEP y no laboraban en las áreas diferenciadas del COVID-19, como unidades de cuidados intensivos, hospitalización, entre otros, ni prestaban servicios relacionados (conductores de las ambulancias, equipo de recojo de cadáveres, personal de admisión, limpieza y mantenimiento).

Los pagos de S/ 720 mensuales del bono COVID-19 se efectuaron entre los meses de mayo, junio, julio, agosto, setiembre y diciembre de 2020 a un total de 98 servidores del sector salud.

Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en 22 funcionarios y servidores públicos, entre los que se encuentran los jefes de los centros de salud de Ascensión, Santa Ana, San Cristóbal, Acoria, Izcuchaca, Viñas, San Juan de Ccarhuacc, Moya, Nuevo Occoro y Centro de Salud Mental Comunitario de Huancavelica, así como la directora y el responsable del INFORHUS y miembros del Comité Evaluador quienes elaboraron la relación de beneficiarios.

Por ello, se recomendó al Procurador Público del Gobierno Regional de Huancavelica dar inicio a las acciones legales contra los involucrados; y al titular de la Red de Salud de Huancavelica Roberto León Segovia efectuar el deslinde de responsabilidades administrativas correspondientes.

El informe elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud de Huancavelica está publicado en el Buscador de Informes de Servicios de Control, conforme lo dispone la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General y del Sistema Nacional de Control.