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La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el actual defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, por una presunta intromisión en el Poder Judicial sobre el caso de la ex primera dama Nadine Heredia.

La Procuraduría fundamenta su decisión por la recomendación que hizo la Defensoría al Poder Judicial para que evalúe levantar el impedimento de salida del país de Heredia.

Para revocar ese impedimento de salida, el defensor del Pueblo solicitó que se tome en cuenta “el derecho a la salud” de la ex primera dama, según indica la resolución de la Sala Penal de Apelaciones Nacional.

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Sobre este tema, el 28 de junio pasado, Richard Concepción Carhuancho, juez especializado titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, retiró el permiso otorgado inicialmente por el magistrado Leodan Cristóbal Ayala para que Nadine Heredia viaje a Medellín, Colombia, con la finalidad de someterse a un examen médico.

De acuerdo con el juez Concepción Carhuancho, los motivos de salud no estaban debidamente justificados en el informe médico que presentó la esposa de Ollanta Humala.

“No se asusta”

En su defensa y refiriéndose a la denuncia de la Procuraduría, el defensor Josué Gutiérrez declaró en Radio Nacional que no tiene temor de la denuncia presentada por dicha entidad en su contra. “Nosotros tenemos protección constitucional. Estos temas no nos asustan. Veo como un tema de ligereza lo que se ha hecho”.
 

Asimismo, Gutiérrez aseguró confiadamente que la solicitud de acción penal pasará al archivo porque no habría participación al respecto.

“Entiendo que el Ministerio Público, de manera liminar, lo va a archivar porque indudablemente hemos dado cuenta en los documentos que denotan y aclaran que yo no he tenido participación de manera personalísima”, precisó.

Previamente, en conferencia de prensa, el defensor Josué Gutiérrez afirmó que quienes intervinieron fueron “las adjuntías especializadas cuando la Defensoría tiene que ejercitar una acción competencial”.

La discusión sobre esta denuncia se basa, principalmente, en el tema de la inmunidad del órgano constitucionalmente autónomo. Según el artículo 161 de la Constitución, el defensor del Pueblo “goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas que los congresistas”.

En curso

Proceso. En 2019, el fiscal del equipo especial Lavajato Germán Juárez solicitó para Nadine Heredia 26 años y 6 meses de prisión por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Fuente: La Republica