LIMA | El Contralor General, Nelson Shack, solicitó al Congreso priorizar el debate y aprobación del proyecto de ley que restituye la potestad de sancionar administrativamente a los funcionarios públicos por inconducta funcional.

Esta semana, la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto, presentado por la Contraloría General, donde se tipifican las conductas infractoras materia de responsabilidad administrativa funcional, lo cual restablece, en la práctica, su potestad sancionadora.

“Saludamos la decisión de la Comisión de Fiscalización que aprobó, por unanimidad y prioritariamente, el proyecto que restituye la potestad sancionadora de la Contraloría, pero necesitamos que el Pleno del Congreso lo apruebe pronto y lo convierta en ley, poniéndole punto final a este vacío legal que puede resultar en impunidad”, afirmó el contralor.

El Tribunal que dirige Ernesto Blume

Como se recuerda, la sentencia del Tribunal Constitucional, publicada el 26 de abril del 2019, si bien reconoció constitucionalmente las facultades sancionadoras de la Contraloría General, declaró inconstitucional el listado de infracciones (artículo 46 de la Ley N° 27785), impidiendo así que se pueda continuar con los procesos sancionadores en marcha.

Como consecuencia de ello, hoy no existe marco legal para resolver los procedimientos administrativos sancionadores en proceso y los que están por ingresar a los órganos instructores y que involucrarían a más de 15 mil funcionarios y servidores públicos.

Entre los casos emblemáticos que quedarían impunes de mantenerse este vacío se encuentran las sanciones que deberían ser impuestas a los 13 ex funcionarios de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, comprendidos en la auditoría al Tramo 2 del Metro de Lima, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico de más de US$ 20 millones.

Así también a los 11 funcionarios de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao SA., de la Municipalidad Provincial del Callao, quienes habrían ocasionado un perjuicio económico de S/ 60 millones; entre otros casos emblemáticos más.

Actualmente, la Contraloría está a la espera de que el Tribunal Constitucional emita una aclaración sobre su sentencia.

Libres sin ser sancionados

El contralor Shack sostuvo que, a la fecha, unos 341 funcionarios y servidores públicos quedaron libres de sanción, debido a que no existe un marco legal para continuar con los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS).

En total, son 43 casos (que involucran a 341 funcionarios) que no recibirán sanción PAS porque han caducado.

Los casos están relacionados a adquisiciones y contrataciones para hospitales, ejecución de obras de agua potable y saneamiento, construcción de carreteras y vías, entre otros temas relevantes para la población de catorce regiones del país.

Los funcionarios y servidores públicos que quedaron libres de sanción pertenecen a Lima, Cajamarca, Junín, Ayacucho, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Ica, Moquegua, Lambayeque y San Martín.

Lea el Comunicado completo de la Contraloría