Se entiende bien que los gastos de defensa del poderoso presidente de la directiva del Congreso, serán pagados con fondos públicos del Congreso.

Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República, a través del procurador de esta institución, Manuel Eduardo Peña, denunció al periodista José Miguel Hidalgo, de América Televisión, por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de reglaje.

Periodista José Miguel Hidalgo.

La demanda refiere al reportaje “Alejandro Soto: Relaciones negadas”, publicado el último domingo y donde se pone en evidencia su relación sentimental con una mujer cuya hermana fue contratada en su despacho sin contar con las credenciales para dicha función. Cuando estos hechos se hicieron públicos por la prensa, el presidente del Congreso dijo que no incurría en nepotismo porque no era esposo de la madre de su hijo y, por tanto, la contratada no era su cuñada.

Soto alega que para el reportaje el periodista y su equipo le hicieron seguimiento, exponiendo a su menor hijo y a la madre de éste. También, que han revelado datos personales como su dirección de domicilio, entre otros.

Consultado sobre la demanda el asesor jurídico de IPYS y abogado, Roberto Pereira señaló que el reportaje periodístico cuestiona la versión del presidente del Congreso en relación con su conducta como funcionario público y se sustenta en información contenida en registros oficiales, en solicitudes de acceso a la información pública, así como en imágenes captadas en espacios públicos.

Asesor jurídico de IPYS abogado Roberto Pereira.

Los funcionarios públicos

"De acuerdo a los estándares internacionales de protección de la libertad de información, los funcionarios públicos tienen un reducido umbral de protección de su privacidad, sobre todo cuando existen indicios razonables de que favorecen indebidamente con recursos del Estado a su entorno familiar o cercano".

Por estas consideraciones, el IPYS expresa que la denuncia del presidente del Congreso constituye un acto de amedrentamiento contra la prensa de investigación, a través de la pretendida instrumentalización de la justicia penal imputando un delito manifiestamente inaplicable. "El “delito de reglaje o marcaje” sanciona conductas de obtención de información exclusivamente para la comisión de delitos como homicidio, asesinato, secuestro, trata de personas, violación sexual o extorsión", dice Pereira. IPYS demanda que la denuncia sea rechazada de plano por el Ministerio Público, por tratarse de un intento más proveniente del Congreso de criminalización del ejercicio válido de la libertad de expresión.