La permanencia de Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros nunca ha sido tan incierta como hasta ahora. Incluso, ya se habla de posibles sucesores ante la difusión de un audio que confirmaría el favorecimiento de trabajo para una persona con la que mantendría una relación amorosa.

Sin embargo, no ha sido el único caso en el que se cuestionó su influencia al momento de contratar allegadas en el Estado.
 

De acuerdo a distintas revelaciones en medio de comunicación, el total de casos en los que se cuestionó el favorecimiento de órdenes de servicio, otorgado a mujeres después de visitarlo en su despacho, alcanza a ocho personas.

Los primeros nombres en estar bajo el ojo público fueron revelados por Infobae Perú. Se trata de Gianella Raida Solorzano Pariasca, quien llegó hasta la sede de la PCM para reunirse a título personal con Otárola entre 17:11 y 18:59 horas, de acuerdo al portal de transparencia.

Luego de este encuentro, cinco días después, esta persona, quien tiene un hermano que trabaja junto al premier, logró una orden de servicio por la suma de S/ 28 mil con el Ministerio de Salud (Minsa) para realizar labores de coordinadora parlamentaria.
 

Geidy Melendez Arista es otra de las favorecidas. Se reunió tres veces con Otárola en el 2023. En dos ocasiones lo hizo como representante del Gobierno Regional de Amazonas (17 de enero) y la Federación Peruana de Fútbol (1 de febrero). La última vez ocurrió el 21 de abril pasado entre 17:12 a 17:59 horas.

Tras el encuentro con el primer ministro, Melendez tuvo dos órdenes de servicio con el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, que está bajo la administración del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por la suma de S/ 40 mil para desarrollar labores de “relanzamiento de stakeholders y/o aliados estratégicos y una especialista en gestión pública”.

Amelia Altamirano Aguirre también se reunió con el premier Otárola. La visita data del 12 de enero pasado. Cinco días después logró dos órdenes de servicio por la suma de S/ 36 mil para que realice labores de revisión de perfiles y hojas de vida en la PCM.

Rosa Rivera Bermeo, a solo una semana de visitar al titular de la PCM para, según sus propias palabras, “saludarlo por su designación”, recibió dos contratos con el Estado peruano por la jugosa suma de 54 mil soles en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), órgano que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros.
 

Con dicha revelación se conoció, por primera vez, de Yaziré Pinedo Vásquez, quien, pese a que su visita no figura en el portal de Transparencia, afirmó que se llevó a cabo mientras Otárola estaba a cargo del Ministerio de Defensa, sector donde consiguió dos órdenes de servicio por S/ 53 mil soles.

A ellas se le suma el caso de Rosenith Pinedo, quien, tal como consta en el portal de Transparencia de la PCM, acudió el 30 de enero de 2023 y, tres días después, recibió un cargo en el sector público.

Si bien la designación la hizo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue con préstamo de servicio a la Presidencia del Consejo de Ministros, cargo de Alberto Otárola, de acuerdo al contrato N.° 014-2023-PCM.

La afortunada visitante no solo cobró por el cargo en el FAG. Paralelamente, cobró 36 mil soles a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), curiosamente un Organismo Público Técnico (OPT) que depende también del MEF. Es decir, recibió un total de S/ 156 mil.

Otras dos personas que lo visitaron en la sede de la PCM y lograron contratos con entidades del Estado son las abogadas Sandra Ramírez y Nathaly Torres.

Según ATV Noticias, Ramírez llegó a las oficinas de Otárola entre el 22 y 26 de diciembre del 2022. Días después, salió una resolución en la que se le nombró como asesora del Viceministerio de Recursos para la Defensa del Mindef el 3 de enero del año pasado.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo en ese puesto porque pasó, desde el 24 de enero del 2023, a la Presidencia Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida).

Lo mismo pasó con Torres, quien niega que Otárola esté detrás de su contratación, pero que recibió una orden de servicio con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por la suma de S/ 10 mil luego de juntarse con el premier el 17 de enero del año pasado.

Interpelación en camino

Aunque se conoce de la recolección de firmas para la presentación de una segunda moción de interpelación, hasta el momento, solo hay una ingresada en mesa de partes. Si bien fue motivada por el audio difundido en Panorama, en el pliego interpelatorio se incluye a las otras siete mujeres con las que fue vinculado.

Fuente: Infobae