Cuando comenzó la Emergencia Nacional Sanitaria el presidente Vizcarra transfirió más de 200 millones de soles a los alcaldes para que ellos compren viveres a los más pobres de sus localidades. Se sabe que la corrupción prospera en todas las alcaldias peruanas, sin embargo el único que no lo sabía fue el presidente peruano. Después de las inspecciones posteriores que realizó la Contraloría se detectó que no hubo ninguna alcaldía que utilizó ese presupuesto para favorecer a sus pobladores más vulnerables. Los alcaldes utilizaron ese proyecto para su provecho personal y de sus amigos más cercanos.

ICA |  La Contraloría General advirtió que la Municipalidad Provincial de Ica no realizó una correcta focalización para identificar y priorizar a la población vulnerable para la entrega de canastas básicas familiares, al haber incluido a nueve funcionarios y servidores públicos como beneficiarios, situación que afecta el logro de objetivos y el correcto uso y destino de los recursos públicos.

El Informe de Visita de Control N° 6245-2020-CG/SADEN-SVC, señala que, entre las medidas dispuestas en el Decreto de Urgencia N° 033-2020, estaba la adquisición y distribución de canasta básica familiar, cuya finalidad era disminuir el impacto de la economía en los hogares vulnerables con bajos ingresos.
 

Sin embargo, la entidad, pese a tener presente la “Guía de Orientación para la gestión y distribución de canastas familiares en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19”, no ha cumplido con sus responsabilidades para realizar una adecuada focalización de beneficiarios, beneficiando a funcionarios que percibían sueldos que superan los S/1408.00. Además, uno de ellos no vive en Ica.

Asimismo, la Contraloría advirtió que la municipalidad de Ica no estableció procedimiento ni lineamientos para definir criterios de identificación y priorización de hogares vulnerables para la elaboración del padrón final de beneficiarios, situación que afecta el adecuado y transparente proceso de focalización de hogares para ser atendidos.

Se detectó también que la entidad registró seis (6) números de DNI incorrectos de beneficiarios de las canastas de víveres en la plataforma de “Monitor de Transparencia COVID-19”, lo cual no cumple con lo dispuesto en la Resolución de la Contraloría que dispone el uso obligatorio de la plataforma y adecuado registro de la información requerida.

El informe de Visita de Control, elaborado por la Subgerencia de Atención de Denuncias, se realizó en el periodo de 3 de abril al 25 de junio de 2020 y fue notificado a la alcaldesa Emma Luisa Mejia Venegas entidad a fin de que adopte las acciones que correspondan.

Contraloría detecta presunto perjuicio económico durante entrega de canastas

HUANCAVELICA | La Contraloría General detectó un presunto perjuicio económico por más de S/ 33 mil en la Municipalidad Distrital de Roble, provincia de Tayacaja, por incongruencias en las firmas consignadas en los padrones de beneficiarios y actas de entrega de las canastas a la población beneficiaria de la zona perteneciente al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem); además, por las deficiencias en la recepción, almacenamiento y distribución de los productos de primera necesidad.

En el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 028-2020-2-0397-AOP, se detalla que tras la verificación de las firmas de los 417 beneficiarios reportados por la entidad distrital en la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19” de la Contraloría y las fichas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se evidenció inconsistencias en 266 firmas del padrón de beneficiarios y actas de entrega de las canastas, debido a que en algunos casos no son similares, en otras se registró firmas de personas que según RENIEC no tienen y huellas digitales para personas que sí tienen firma.

En ese sentido, al existir incoherencias en las firmas registradas en el padrón de beneficiarios se concluye que el municipio que recibió una transferencia de S/ 50 mil no habría entregado las canastas básicas, valorizadas cada una en S/119.88, al 64% de la población beneficiaria, generando un presunto perjuicio económico por S/31 888. Asimismo, entre el 8 y 9 de junio, el equipo auditor acudió hasta el distrito de Roble donde se entrevistó con algunos beneficiarios y autoridades comunales y vecinales, quienes confirmaron estos hechos.

Del mismo modo, se observó deficiencias en la recepción y almacenamiento de los productos sobrantes de las canastas, como son 62 bolsas de arveja partida y dos bidones de 5 litros de aceite, de los cuales a su vez se reportaron sus pérdidas, generando presunto perjuicio económico.

La Contraloría General notificó al titular de la municipalidad Carlos Garcia Candiote distrital los resultados del informe de control, a fin que disponga la elaboración de un Plan de Acción que recoja las acciones preventivas y correctivas que permitan superar los riesgos identificados.