Esta vez se trata de un proyecto de decreto legislativo que se ha venido discutiendo en las últimas semanas y que se promulgaría dentro del paquete de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley 30823. Bajo el pretexto de fortalecer al Osinfor, la PCM modificó la propuesta de decreto presentada originalmente por el Osinfor cambiando la modalidad de designación de la persona que dirige la institución: en vez de un Presidente Ejecutivo designado a través de un concurso público y por un periodo de cuatro años, se trataría de un jefe designado directamente.
El impacto inmediato que se puede anticipar con este cambio es un debilitamiento en la institucionalidad e independencia del Osinfor – ya que su jefe podrá ser removido sin aviso previo, en cualquier momento y sin explicación alguna – además de que contradice la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que se basa en el servicio civil meritocrático. A partir del rechazo del Osinfor ante esta modificación a su propuesta, la PCM sacó el artículo controversial del proyecto del Osinfor y lo incluyó en otro decreto. Al cierre de esta nota, se prevé que el Consejo de Ministros citado para las 7 de la mañana del 12 de setiembre aprobará la propuesta de PCM y rechazará el proyecto original del Osinfor.
En su momento, la autoridad nacional del servicio civil en el Perú, el SERVIR, concluyó que las condiciones y funciones del Osinfor lo colocan en situación similar a la de los organismos reguladores y, como claramente lo ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “el proceso de nominación [del director de un órgano regulador] es un momento crucial en el que la falta de transparencia y rendición de cuentas sobre el proceso y los criterios que llevan a una nominación podría crear la firme impresión de una proximidad indebida.” Situación que está sucediendo justo ahora en el Perú con la propuesta a consideración.
No es novedad que el Osinfor sea víctima de las presiones descritas en el documento de la OCDE. En enero del 2016, cediendo a las fuertes presiones de un poderoso sector de la industria forestal peruana que acusaba al entonces Presidente Ejecutivo del Osinfor, Rolando Navarro, por los decomisos de madera ilegal peruana que ocurrieron en los Estados Unidos en el marco de la Operación Amazonas liderada por la SUNAT, el gobierno peruano despidió abruptamente a Navarro.
Ante el fuerte reclamo de organizaciones de la sociedad civil, de la cooperación internacional y de artículos en medios de comunicación peruanos y extranjeros sobre el despido arbitrario de Navarro, el gobierno peruano creó un grupo de trabajo que en un plazo máximo de 30 días elaboraría los términos de referencia para convocar al concurso público que seleccionaría al nuevo Presidente Ejecutivo de Osinfor.
Dos años y medio después de esta norma, aún no se convoca al concurso público, no se conoce los términos de referencia, y ahora se pretende eliminar el proceso para recurrir a un nombramiento directo y con estándares reducidos. Entre el 2015 y la fecha, se han sucedido un número de intentos por debilitar al Osinfor, incluyendo propuestas para reducir su presupuesto y sus funciones, así como para reducir su independencia reubicándolo dentro de la autoridad forestal Serfor, del Ministerio de Agricultura o del Ministerio del Ambiente – todas opciones que irían en contra del uso sostenible de los bosques peruanos y violarían normas nacionales y el Acuerdo de Promoción Comercial Peru-EE.UU.
Si bien algunas autoridades del gobierno peruano han declarado que los altos porcentajes de ilegalidad y la corrupción pública y privada del sector forestal identificadas recientemente en informes de investigación producidos por EIA, CIEL y Global Witness , entre otras organizaciones, ya no existen y que los problemas del sector forestal peruano ya han sido solucionados, información del Osinfor actualizada a Agosto del 2018 documenta lo contrario, y es probable que éste sea uno de los motivos para intentar debilitar al organismo de supervisión.
Global Witness desenmascara a algunos de los exportadores más importantes involucrados en el escándalo maderero más grande del Perú – el barco Yacu Kallpa en su ruta desde la Amazonía hacia los Estados Unidos.
Según una reciente nota de prensa del Osinfor, sólo en la región Loreto, entre octubre del 2017 y agosto del 2018, dicho organismo documentó la extracción ilegal de al menos 274 mil metros cúbicos de madera, equivalente a la carga de 5,000 camiones. Cabe precisar que este volumen se refiere sólo a los casos en los que el Osinfor ha verificado que el 100% de la madera movilizada tiene un origen ilegal. Todos los demás casos, en los que el porcentaje de ilegalidad es menor al 100%, no han sido comunicados como alertas y – si bien están siendo investigados – no han sido incorporados en esta cifra.
En paralelo, un estudio encargado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entidad del Estado peruano a cargo de luchar contra el lavado de activos, ha identificado que en los años 2015 y 2016 el sector forestal peruano movilizó alrededor de 700 millones de soles anuales (equivalentes a más de 200 millones de dólares anuales) en activos ilícitos.
Resulta inaceptable para el Perú – además de ser una violación a tratados y convenios internacionales, incluyendo el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-EE.UU. – que en vez de reforzar a una institución como el Osinfor, que viene cumpliendo un rol esencial en la detección de la extracción y comercio de madera ilegal, se pretenda debilitar su institucionalidad. Además, en un mercado global de madera con leyes que cada vez exigen más información sobre el origen legal del producto e incluyen multas y prisión efectiva para quienes importen productos de origen ilegal, la independencia del Osinfor es indispensable para garantizar el ingreso de la madera legal peruana a destinos como los Estados Unidos (donde aplica la Lacey Act), Europa (donde aplica la Regulación de la Madera de la Unión Europea) e incluso China, ya que gran parte de la madera importada este país es procesada y re exportada a los Estados Unidos y Europa.
Cronología y detalles relevantes:
Lima, 12 de septiembre del 2018