La Ley de Promoción Agraria está en la mira, luego de que iniciara este lunes 30 de noviembre una protesta de diversos trabajadores del sector agroexportación en la región de Ica. Juan Carlos Requejo, superintendente de la Sunafil, comenta a El Comercio la situación de fiscalización del sector y las acciones que está tomando la entidad, luego de que se difundiera una boleta de pago de un trabajador del rubro en redes sociales.

¿Qué situación han encontrado en sus fiscalizaciones al sector agrario en la región iqueña?

Nosotros venimos haciendo intervenciones a nivel nacional. La formalización para nosotros es un eje fundamental porque si no estás formalizado, no tienes derecho a nada. Este año, pese a la pandemia, vamos bordeando casi los 88.000 trabajadores formalizados a nivel nacional. De esos 88.000, 30.000 y pico son de la región Ica y de esos 30.000, 27.000 aproximadamente tienen que ver con empresas vinculadas al sector agroexportación. Son trabajadores a los que la inspección −tras ir al centro de trabajo− encontró prestando los servicios, y que sin embargo no estaban en la planilla como corresponde.

¿Y se logró el proceso de formalización?

Sí. Ante el requerimiento de la inspección para que los formalicen, las empresas han cumplido con incorporarlos a la planilla. Nosotros cuando hablamos de un trabajador formalizado es porque la inspección ha verificado que, como consecuencia de su requerimiento, estos trabajadores han ingresado a la planilla electrónica tras la revisión respectiva.

Se viene hablando del uso de services y que ello estaría afectando los ingresos de algunos trabajadores. Para entenderlo de forma concreta, ¿qué implica que diversos trabajadores sean contratados para la actividad agroexportadora a través de las services?

Lo que ocurre acá, y está pasando en algunas otras regiones, es que ante la gran necesidad de trabajadores por coyunturas −por ejemplo ahora en Ica es el período de cosecha de uva, para lo que se requiere una gran cantidad de trabajadores−, comienza el tema de que ciertas empresas, que son regularmente personas naturales, acercan a diversos trabajadores a las agroexportadoras, y algunas malas agroexportadoras los toman y nos los incorporan a la planilla. Lo que está pasando es eso. Cuando va el inspector. si los encuentra en un bus, por ejemplo, como inspección de trabajo, no se puede hacer nada. Pero si los encuentra en el centro de trabajo realizando labores para la empresa, y no pueden demostrar por qué no está en planilla, ahí es donde la inspección de trabajo hace el requerimiento y pasan a formar parte de la planilla.

Y de estos casos, este año, hubo 27 mil formalizados solo en Ica.

Sí. A nivel nacional estamos casi bordeando los 90 mil y ahora estamos en intervenciones con equipos especiales que se unen a equipos regionales para intervenir a gran escala. Ahorita estamos en Chiclayo, Piura, entre otras regiones, realizando intervenciones a agroexportadores y a otros sectores como Construcción y Pesca.

¿Cuántas denuncias han recibido este año que involucren al sector agroexportador?

En la región en general y no solo en el sector hemos recibido 1.039 denuncias, se han atendido 1.028 de estas y hemos realizado 93 operativos de fiscalización y 288 asistencias técnicas.

Estuvo circulando en redes sociales una boleta de pago que compartió un empresario y algunos mencionan que en el concepto de remuneración o jornal básico, el monto era menor al de una RMV. ¿Esto mostraría algún tipo de falta?

Acaban de compartir con nosotros una boleta, no sé si hablamos de la misma, pero estamos analizando si lo que están abonando es lo que le correspondería de acuerdo a la norma vigente. Por ello aún no podemos dar la información, tenemos que revisarlo.

Viendo esta situación de incumplimiento que denuncian algunos trabajadores, y el uso de las services, ¿han revisado junto al Ministerio de Trabajo si pueden realizar acciones específicas para solucionar estos problemas?

Somos plenamente consientes que el sector agroexportador genera muchos puestos de trabajo, pero también requiere mucha más fiscalización. Esa se ha ido incrementando de manera exponencial. Probablemente tengamos que hacer más, porque hablamos de empresas que podrían generar empleo pero es importante que lo hagan cumpliendo todas las normas sociolaborales. Y sobre todo por el bien de la seguridad y el trabajo, porque cuando hacemos una inspección no solamente revisamos que los trabajadores estén en planilla, sino también que la seguridad salud se lleven de manera adecuada y que se reduzcan al mínimo los accidentes de trabajo.

Boleta de pago según la AGAP