Por: Luis Alberto Arias - Instituto Peruano de Economía IPE

En el mes de marzo del 2022, la inflación anualizada fue de 6.82% la más alta de los últimos 26 años. No obstante, en la actual coyuntura la inflación es un fenómeno global y la inflación en el Perú es una de las bajas del mundo. Así, comparándonos con nuestros socios de la Alianza del Pacífico, la inflación anualizada a marzo en Chile, Colombia y México es 9.4%, 8.5% y 7.5%, respectivamente. Las economías desarrolladas también sufren la inflación en la actualidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflación a febrero fue de 7.9% y en la Eurozona, 7.5% a marzo.

En nuestro país,  la inflación en alimentos y bebidas anualizada a marzo del 2022 fue de 9.2%. Destacan en este aumento productos como el aceite, los huevos, los fideos y la carne de pollo, cuyos precios en los últimos 12 meses han subido 58.3%, 24.1%, 21.5% y 10.5%, respectivamente.

Ante esta situación, el gobierno propuso exonerar a estos productos del IGV por 3 meses para mitigar el impacto del alza en sus precios. El proyecto de Ley fue enviado al Congreso, el cual aprobó exoneraciones para una lista mayor de bienes y extendió la vigencia de la exoneración hasta diciembre. Como es usual con el resto de bienes exonerados, la medida se ampliará en diciembre por un año más y así sucesivamente por décadas. Lo temporal se convertirá en permanente.

De acuerdo con el Marco Macroeconómico Multianual, el fisco deja de recaudar S/ 17,622 millones de soles cada año (2.04% de PBI).   Las exoneraciones de productos e insumos agrícolas tienen un costo de S/ 4,358 millones (0.50% de PBI). Los nuevos bienes exonerados aumentarán significativamente este costo. A esto habrá que agregar las exoneraciones a los combustibles que tienen un costo anual de S/ 3,600 millones. Habrá que ver hasta cuándo duran.

La reducción del IGV de 18% a 0% para los bienes exonerados tendrá un impacto incierto en los precios. La teoría económica sostiene que el traslado económico del IGV a los consumidores es solo parcial, aún en mercados competitivos. Es muy probable que en mercados concentrados la mayor parte del beneficio se quede en la cadena de producción y comercialización de los bienes.

Por otro lado, si el objetivo de la medida es proteger del alza de precios a los hogares de menores ingresos, quiénes más se beneficiarán serán los hogares en donde el consumo de los nuevos bienes exonerados tenga una participación mayor. Estudios previos de la incidencia de las exoneraciones del IGV demuestran que en el Perú las exoneraciones del IGV están mal diseñadas y son regresivas (benefician más a los que más ganan)[1].

Una medida alternativa serían las transferencias monetarias directas a los hogares a los que se quiere proteger del alza de precios, los más pobres y vulnerables. Por ejemplo, en Chile el presidente Boric acaba de anunciar “ayudas directas a los bolsillos” de las familias por $ 1340 millones. Esta medida por supuesto, requiere una adecuada focalización. En nuestro país hemos tenido dificultades con la focalización que se hicieron evidentes en la distribución de los primeros bonos durante la pandemia. Pero la focalización ha ido mejorando y puede mejorar aún más. El segundo problema ha sido hacer llegar a los más pobres las transferencias monetarias. En este sentido, el programa Juntos es un buen modelo porque se logró bancarizar a las madres jóvenes beneficiadas con el programa. Al respecto, la cuenta DNI ha avanzado con muchas dificultades, pero ya existe una buena base y se puede fortalecer más. En conclusión,  es preferible un programa de subsidios directos con imperfecciones que una exoneración tributaria “ciega”, es decir, con filtraciones evidentes en el diseño mismo.

Finalmente, el aumento de exoneraciones tributarias en épocas de “vacas gordas” fiscales ya lo hemos vivido antes, en el anterior boom de precios de metales en 1979-1982. Las exoneraciones tributarias empezaron a proliferar durante el gobierno de Belaúnde, en pleno boom minero. Luego, cuando los precios de los metales cayeron y sobrevino un Fenómeno del Niño en 1983, la crisis fiscal se manifestó en toda su magnitud. Todos los peruanos tuvimos que sufrir el programa de estabilización de 1984-1985 con “gasolinazos” y devaluaciones para recuperar los ingresos fiscales, ciertamente de manera ineficiente. Que no nos vuelva a pasar lo mismo.