En LO ÚLTIMO | Domingo 19 de octubre del 2014 - 11:43

AMENAZAS A LA PROPIEDAD COMUNAL - Parte I y II

El caso de la “concesión minera” de Añasmarca en el distrito de Huachos, es un ejemplo emblemático.

Por: Ronald del Rio Altamirano E-mail: ronalddelrio.51@gmail.com Cel. 996771939

AMENAZAS GUBERNAMENTALES A LA PROPIEDAD DE TIERRAS ¿Se avecinan conflictos sociales en el futuro? Parte I

El gobierno del presidente Humala parece correr contra el tiempo en su intento de reactivar la economía. No terminan de discutirse las últimas medidas económicas y ya se está anunciando un paquete de ellas, el cual según argumentan los voceros del gobierno fortalecería el crecimiento macroeconómico y ayudaría a destrabar proyectos de inversión, que incluso vienen de administraciones pasadas.

Sin embargo, queda claro que el gobierno central piensa favorecer, casi de manera exclusiva, a la inversión privada, incluso al margen de derechos reconocidos en nuestra actual legislación.

Un ejemplo de ello es la publicación de la Ley No. 30230, en Julio último, conocido como “el paquete reactivador”, norma que establece una serie de “medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país” y que, como bien han denunciado una serie de colectivos de la sociedad civil y organizaciones indígenas (representadas por comunidades campesinas y nativas), tiene un impacto negativo en materia de derechos a la tierra, siendo ellos los que probablemente sean los mayores perjudicados.

La norma en cuestión, publicada el 12 de Julio, con una redacción imprecisa hasta ambigua, se dedica al saneamiento físico legal de tierras involucradas en proyectos de inversión. El saneamiento físico legal que el estado se propone realizar no es otra cosa que el otorgamiento de derechos de propiedad (titularidad de dominio), sobre la tierra, lo que en buena cuenta significa que el empresario se podría convertir, gracias a la ambigüedad de la norma, en el propietario del predio donde realice sus actividades, es decir aquel obtiene el camino libre para convertirse en el titular de las tierras donde tiene una concesión minera (sierra), uno de hidrocarburos o una forestal (selva), sin importar los derechos ahí existentes.

Los inversionistas podrán solicitar la propiedad de las tierras donde realizan directamente sus actividades (influencia directa), o de las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones (influencia indirecta).

Ante esto, es necesario preguntar puntualmente ¿han averiguado los directivos de la comunidad campesina de Huachos-Castrovirreyna los alcances de esta ley, su cobertura, ámbito de acción? ¿Están en capacidad elemental de hacerlo? ¿No es nefasto y peligroso presumir y/o permitir, por ignorancia o desinformación de parte de los actuales directivos de esta comunidad, haber dado la autorización de explorar esta concesión minera “Añasmarca”, ubicadas en terrenos de la comunidad y de terceros?

Aquí el análisis es pertinente: Los actuales dirigentes de esta comunidad campesina andina, vienen cometiendo una serie de irregularidades y desaciertos de gestión contraviniendo las normas legales emanadas del sector energía y minas y del ambiente que lo rigen, aunadas a la tremenda irresponsabilidad e ignorancia ancestral en estos temas, enfatizo claramente, de estos susodichos dirigentes y estar direccionando con un sospechoso, inusual apuro y prontitud y necedad persistente, el inicio de esta exploración, sin saber el impacto que tendrían en el futuro estas decisiones en el plano ambiental, legal y de salud de todos los habitantes de esta microcuenca que desemboca en el rio San Juan.

PARTE II
Semejante plan, amén del absoluto desconocimiento en estos temas, potencian en el futuro, en perjuicio de los habitantes de este distrito, victimas silenciosas y calladas de tal atropello, sin requerir previa y formalmente, para empezar, el cumplimiento de los siguientes puntos por parte del concesionario:

1.- Estudios de impacto ambiental, aprobado por el ministerio del ambiente (MINAM) y su influencia en la zona y alrededores (recurso agua, recurso suelo, recurso aire, recurso vida, etc.).

2.- Cumplir estrictamente lo establecido mediante decreto supremo Nro. 029-2014-PCM del 19 de Abril del 2014, que entre otros aprueba la estrategia de saneamiento de la pequeña minería y de la minería artesanal, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), oficina de la dirección general de formalización minera, en armonía a lo establecido en Decreto Legislativo Nro. 1105.

3.- Exigir previamente a la concesionaria, las indemnizaciones a los afectados o beneficiarios (propietarios) de la servidumbre de esta concesión por la afectación de la propiedad privada (individual o comunal) por apertura de trochas, carreteras, caminos y aires respectivamente y su área de influencia normadas por el consejo nacional de tasaciones (CONATA), del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS).

Este atropello no debe quedar impune, es necesario acercarse al MEM y al Ministerio del Ambiente para denunciar semejante despropósito, como lo hará el que suscribe esta opinión periodística, porque pueden estos dirigentes, por presumibles intereses o afanes de lucro o latrocinio, cometer semejante atropello en perjuicio de todo un pueblo desinformado y sumiso. Se hace necesario hacer de conocimiento de los sectores pertinentes del gobierno central.

No permitamos esto.

Desde las últimas décadas, en materia de tierras, la tendencia del estado es la misma: Liberalizar su tratamiento al máximo y desconocer los derechos de las personas que más dependen de ella, las comunidades y agricultores familiares, para favorecer a las grandes inversiones.

Desde Fujimori, Toledo, Gracia y ahora Humala, cada uno a su turno han publicado normas, que han modificado las condiciones legales a través de los cuales el estado peruano garantizaba los derechos sobre las tierras. Ahora ya no se trata de vender las tierras para atraer inversión y tecnología, como decía Alan Garcia en el 2007, ahora es necesario entregarlas en propiedad sin respetar las normas vigentes, la c constitución, etc., con el argumento de dinamizar nuestra economía.

Si esto significa “destrabar los proyectos” no hemos aprendido nada de los pasados conflictos sociales. El “ Baguazo” sucedió por menos.