El expresidente Pedro Castillo creyó que el comandante general del Ejército, general de división Walter Córdova Alemán, apoyaría su decisión de disolver el Congreso e instaurar un estado de excepción.

El 4 de noviembre del 2021, Castillo destituyó al general José Vizcarra Álvarez y lo reemplazó por Córdova, por lo que consideró que le debía lealtad. Por eso, Castillo citó al general Córdova a las 7:30 a.m. del miércoles en Palacio de Gobierno. La reunión fue muy corta. Diez minutos. Castillo le pidió que el Ejército apoyara el golpe de Estado. Córdova se negó.
 

Como Castillo no lo podía pasar al retiro, el general Walter Córdova renunció y pidió su baja. La carta con la dimisión del comandante general del Ejército que circuló en redes sociales fue el primer anuncio de un plan que Castillo, pese a saber a conciencia de que no contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas, decidió llevar adelante. Aparentemente, confiaba en que los ciudadanos que estaban a favor de la clausura del Congreso saldrían a las calles para ofrecerle su adhesión, como sucedió con el expresidente Martín Vizcarra.

A las 11:40 a.m., cuando en la Comisión de Fiscalización se encontraba Salatiel Marrufo Alcántara confirmando que le entregó dinero al expresidente Castillo, producto de un soborno de la empresaria inmobiliaria Sada Goray Chong, el ex jefe del Estado apareció sorpresivamente para anunciar la disolución del Congreso, la convocatoria a elecciones para conformar un nuevo Poder Legislativo con facultades constituyentes, y reorganizar el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia. Además de imponer el toque de queda. Era un golpe de Estado puro y duro, al estilo de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. La gran diferencia radicaba en que Castillo estaba desprovisto de la adhesión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de los comandantes generales de los institutos castrenses y de la Policía Nacional. Y, mucho menos, no contaba con un Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), porque es su responsabilidad la virtual destrucción de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
 

Antes del golpe del 5 de abril de 1992, con la manipulación de Montesinos, Fujimori se rodeó de jefes militares leales. Lo que no pudo hacer Castillo, porque el 16 de junio de este año el Congreso aprobó por insistencia una ley que obligaba al jefe del Estado a no pasar al retiro a los comandantes generales hasta que cumplan dos años en funciones. Por eso, cuando le pidió su apoyo al comandante general del Ejército, Walter Córdova, este renunció, permitiéndole a Castillo designar a otro. Lo que no puede hacer, porque institucionalmente el Ejército no encontraba motivos para sumarse a un golpe de Estado, cuya finalidad era destituir o vacar a Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción.

Ni bien terminó el discurso de Castillo, llovieron las renuncias de los ministros Alejandro Salas, Félix Chero, César Landa y Kurt Burneo, cuando a las 12:30 m. el Congreso adelantó el pleno para debatir la vacancia contra Castillo, a la 1 p.m.

Las renuncias continuaron, como el abogado del expresidente, Benji Espinoza, y le siguieron los ministros Rosendo Serna, Roberto Sánchez, Silvana Robles y la primera vicepresidenta, Dina Boluarte, quien rechazó el golpe de Pedro Castillo. Significaba que estaba dispuesta a asumir la presidencia.

Ahí nomás, a la 1:23 p.m., la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por el legislador José Williams Zapata, planteó la vacancia presidencial por incapacidad moral. En minutos, a la 1 :30, los institutos armados y policiales fijaron posición negándole apoyo al ex jefe del Estado.

“Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú son respetuosos del orden constitucional establecido; el artículo 134° de la Constitución Política establece que el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú”, señaló el comunicado.

Sin respaldo alguno, a la 1:34 p.m., las cámaras de televisión captan al expresidente Castillo saliendo de Palacio de Gobierno con su esposa y sus dos hijos, llevando sus pertenencias, y con el ex primer ministro Aníbal Torres. En el patio los esperaban dos camionetas más el resguardo. En la movilidad de Castillo se encontraban su esposa, Lilia Paredes, su niña Alondra y Aníbal Torres. Se fue con miembros de la escolta presidencial.

Rutas marcadas

Después de publicado el comunicado de las FFAA y la PNP, y en el entendido de que Pedro Castillo se encontraba en plena flagrancia del delito de rebelión, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional —quien reemplaza al comandante general que se encuentra fuera del país—, el teniente general Vicente Álvarez Moreno ordenó la intervención de la caravana del ex jefe delEstado.

Por información de inteligencia, el comando de la PNP sabía que Pedro Castillo y su comitiva se dirigían hacia la Embajada de México, y que pasaría por la avenida Garcilaso de la Vega (también conocida como Wilson).

Mientras Castillo seguía su rumbo, a la 1:49 p.m. el Congreso lo destituyó con 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones.

Cuando llegaron los vehículos a la altura de la avenida Garcilazo de la Vega, al frente de la Clínica Internacional, agentes de Seguridad del Estado y de la Sub Unidad de Acciones Tácticas (SUAT) procedieron con la detención.

Hubo un momento de tensión cuando los efectivos de la SUAT rodearon el vehículo del expresidente y apuntaron con sus subfusiles SiG Sauer MPX de 9 mm a los curiosos que se acercaban. Los policías querían evitar cualquier exceso o atentado de algún exaltado.

No fue casual que se dispusiera de la intervención en ese punto. Muy cerca se encuentra la sede de la Séptima Región Policial de Lima, donde fue conducido Castillo con su esposa, su hija y Aníbal Torres.

Alondra, la niña de 6 años, estaba muy asustada, desató un llanto y abrazó a unos de los generales de la PNP. Junto a su madre fue llevada a otro espacio y luego las trasladaron a otro ambiente porque las diligencias serían muy largas. Aníbal Torres se convirtió en abogado de Pedro Castillo.

Cuando se encontraba el Congreso organizando la juramentación de la presidenta Dina Boluarte, el exministro de Defensa, el general EP (r) Gustavo Bobbio Rosas, emitió un pronunciamiento a la 1:59 p.m. desde su cuenta de Twitter. Hasta ese momento, Bobbio era mencionado como la persona que instó a Pedro Castillo a disolver el Congreso. Incluso circuló que “engañó” al expresidente diciéndole que había “conversado” con el jefe del CCFFAA y los comandantes generales. Pero no era cierto, a decir del mismo Bobbio.

“Yo le dije claramente que yo obedecía a la Constitución y no a una persona. (...) No vamos a seguir ningún intento golpista. Y menos involucrando a las instituciones sagradas de la patria en una guerra civil interna. Desde el primer momento que asumí mi función, me reuní con los comandantes generales y les dije: voy a ser ministro (de Defensa) en tanto se respete el orden constitucional”, declaró Bobbio.

De modo, ateniéndonos a lo que dijo Bobbio, ningún instituto armado estuvo dispuesto a participar en la asonada de Castillo. Pero lo que resulta más probable es que su acción pretendió que el Congreso no debatiera la vacancia. No obstante que el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en la víspera aseguró que su bancada no votaría por la destitución. Por eso, tampoco se adhirió al golpe.

Cita con el destino

“Pedro Castillo se ha precipitado, no había votos para la vacancia. Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia”, escribió Cerrón en su cuenta de Twitter.

Otro importante aliado de Castillo, el congresista Guillermo Bermejo Rojas, apuntó en la misma línea: “Jamás estuve a favor del cierre del Congreso ni de la vacancia presidencial. Aposté hasta el final por seguir los consejos de la OEA. El camino de la confrontación ha destruido nuestro país una y otra vez. El Perú merece autoridades que piensen en sus necesidades”.

Entrada la tarde, a las 6, cuando Dina Boluarte cumplía sus primeras horas como jefa del Estado, la Fiscalía de la Nación confirmó que el expresidente Pedro Castillo sería investigado por el delito de rebelión, tipificado en el artículo 346 del Código Penal, por quebrantar el orden constitucional.

La propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se presentó en el despacho de la VII Región Policial de Lima, donde se encontraba retenido el ex jefe del Estado. En la diligencia también estuvieron presentes el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, y la coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder, la fiscal superior Marita Barreto Rivera.

Es curioso, porque Pedro Castillo pretendía evitar la vacancia por los casos que investigan ambas fiscales. Patricia Benavides fue la que presentó la denuncia constitucional contra Castillo ante el Congreso por actos de corrupción. No se podían ver. Pero el destino hizo que se encontraran frente a frente.

Por la noche, concluidas las diligencias, Pedro Castillo fue llevado esposado a un cuartel policial en el Rímac y luego fue conducido al penal de la Dinoes, donde también se encuentra Alberto Fujimori. Un destino que quizás nunca imaginó.

Es conducido al penal de Barbadillo.

“(Castillo) no nos pidió apoyo ni lo hubiésemos aceptado”

El lunes 6 de diciembre, durante la ceremonia por el Día de la Policía Nacional, cuatro personajes clave se reunieron en la sede policial de Chorrillos: el entonces presidente Pedro Castillo, el titular del Congreso, José Williams, el ministro de Defensa, Gustavo Bobbio, y el comandante general de la PNP encargado, teniente general Vicente Álvarez Moreno.

Ese día, Castillo aseguró que no era corrupto y que se defendería con las armas de la ley. También habló el general Álvarez. Fue premonitorio porque al día siguiente Álvarez, como jefe de la PNP, se encargaría de encabezar la intervención de Castillo.

“La Policía ha actuado porque había un acto de flagrancia. Se ha dado cuenta del caso al Ministerio Público y corresponde a esta institución la dirección de las investigaciones”, dijo Álvarez a TV Perú.

“¿Castillo les pidió apoyo a ustedes?, le preguntaron. “No y no lo hubiésemos aceptado”, respondió: “El día del aniversario de la PNP fui claro al decir que somos respetuosos de la Constitución y de la ley. Eso fue en consenso con el comandante general, el Alto Mando y la corporación de oficiales generales. Pedimos a la sociedad que confíe en nosotros. Somos una Policía que busca la confianza y que está demostrando que es profesional”, concluyó.

Datos

Precisión. Según el parte policial de la detención del ex jefe del Estado Pedro Castillo, se produjo a las 13 horas con 42 minutos.

Actores. Fue el jefe de la Escolta Presidencial, mayor PNP Luis Alarcón Trujillo, quien informó a sus superiores sobre el “desplazamiento con rumbo desconocido” de Pedro Castillo con su familia.

Destino. También reportó que Castillo dispuso que el vehículo se dirigiera a la Embajada de México, en la avenida Jorge Basadre, San Isidro.

Mandato. Fue el director general de Seguridad del Estado, general PNP Iván Lizzetti Salazar, quien ordenó a los efectivos detener a Castillo por el presunto acto de rebelión.

Articulo publicado inicialmente en La Republica.