Los mandatarios, empresarios y altos funcionarios sobornados por Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor trama corrupta de Latinoamérica, no podrán disfrutar de parte de su botín oculto en Andorra. Una jueza del Principado ordenó el pasado marzo mantener congeladas 30 cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) y una en el Credit Andorrà, con un saldo total de 52,2 millones de euros (51 millones de dólares), según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

Los fondos pertenecen a exdirigentes, empleados públicos y testaferros que cobraron de la compañía de infraestructuras a cambio de la adjudicación de obra pública. Y entre las fortunas trabadas, figuran tres millones de euros (2,9 de dólares) en depósitos y cuentas opacas vinculadas a empresarios y altos funcionarios que ejercieron durante el segundo mandato del fallecido expresidente peruano Alan García (2006-2011). También, 34 millones de euros (33,5 millones de dólares) conectados con excargos y hombres de paja del exjefe de Gobierno de Panamá, Ricardo Martinelli (2009-2014).

El embargo afecta a 282.701 euros (279.393 dólares) de Alecksey Mosquera, exministro de Electricidad durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) y a 1,4 millones de euros (1,3 de dólares) de dos exdirectivos de Odebrecht.

El saldo retenido (52 millones) representa una cuarta parte de los 200 millones que la constructora brasileña desembolsó en Andorra —un país blindado hasta 2017 por el secreto bancario— para comprar las voluntades de 145 políticos y altos funcionarios de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina.

Los tres millones que persiguen a Alan García

El bloqueo, ordenado por la jueza andorrana Stephanie García, contempla siete cuentas con un saldo total de tres millones de euros (2,9 de dólares) vinculadas a ex altos cargos y presuntos testaferros que operaron durante el segundo mandato presidencial del peruano Alan García (2006-2011), que se suicidó de un disparo en 2019 antes de ser arrestado en su casa de Lima por su vínculo con Odebrecht.

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Así, el abogado y exdiputado del Congreso por el Partido Popular Cristiano (PPC), Jorge Horacio Canepa Torre, no podrá repatriar por imperativo judicial el millón de euros que ocultaba en su cuenta de la BPA cuando fue embargada. Este letrado cobró de Odebrecht 1,2 millones de euros en un depósito del Principado a nombre de su sociedad instrumental Maxcrane Finance y desvió después parte de su fortuna off shore a Nueva York y Hong Kong.

El bloqueo se extiende también a Edwin Martin Luyo Barrientos, expresidente del Comité de Licitación de los tramos 1 y 2 del metro de Lima, un organismo que adjudicó a Odebrecht una obra de más de 340 millones de euros (336 de dólares) durante el segundo mandato presidencial de García. Luyo Barrientos tiene 1,2 millones de euros (1,1 de dólares) congelados en Credit Andorrà, en una cuenta a su nombre.

El exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú Santiago Chau Novoa tampoco podrá disfrutar de los 446.346 euros (442.280 dólares) que registraba su cuenta en la BPA en julio de 2018. Chau Novoa, que también perteneció al Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, ocultó los fondos que cobró del gigante brasileño de la construcción en una cuenta a nombre de la sociedad opaca Ultone Finance Limited.

La cuenta en la BPA de Miguel Atala Herrera, vicepresidente de la firma estatal Petróleos del Perú entre 2008 y 2011, también figura entras las congeladas. Pese a que este exdirectivo cobró en el Principado europeo 1,1 millones de euros (uno de dólares) de la constructora brasileña mediante la firma opaca Amarin Investment, las autoridades andorranas solo han podido retener la cifra que registraba su depósito en diciembre de 2015: 18.191 euros (17.929 dólares). Atala Herrera compartía cuenta con su hijo, Samir Atala.

La magistrada también ha ordenado embargar la cuenta en la BPA gestionada por Odebrecht de Gabriel Prado Ramos, exdirector de Seguridad Ciudadana de Lima y exresponsable de la empresa municipal de peajes Emape. Su depósito andorrano acumula 171 euros (168 dólares).

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El bloqueo también salpica a Juan Carlos Zevallos Ugarte, exdirector del Ositram, un organismo público peruano dedicado a coordinar infraestructuras de transporte. Zevallos Ugarte tiene en Andorra 115.399 euros (113.737 dólares) retenidos. Se trata de una cantidad mínima comparada con los 660.000 euros (591.360 dólares) que cobró en el Principado este funcionario que gestionó en Perú la carretera Interoceánica Sur, una obra ejecutada por Odebrecht con una inversión de más de 1.184 millones de euros (1.166 de dólares) que une Perú y Brasil.

Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, presidente de la consultora Alpha Consult, “una de las mayores adjudicatarias” de Perú, según la Policía de Andorra, es otro de los afectados por el bloqueo judicial. Tiene 202.678 euros retenidos (199.759 dólares).

Fuente: El Pais