La primera vez que Yenifer Paredes dio su testimonio sobre los graves hechos delictivos que se le imputan fue ante la Comisión de Fiscalización en julio pasado. Con una actitud desafiante e irritable, dejó en sus respuestas dudas fundadas que luego le generarían serias consecuencias a nivel judicial.

Aquel día le consulté si, al igual que en Chadín, tal como mostró un programa dominical, garantizó la viabilidad de obras en otras localidades. “Me abstengo de responder”, dijo, lo cual estaba dentro de su derecho. Sin embargo, al evadir la pregunta, marcó la ruta de las investigaciones.

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Tras la declaración de Hugo Espino ante el Equipo Especial de Fiscales, ahora sabemos que Yenifer también facilitó la adjudicación de obras de agua y saneamiento en, al menos, Anguía y Chachapoyas.

Según la hipótesis fiscal, Yenifer Paredes sería “la lobbista” en la presunta organización criminal, encargada de captar alcaldes para ofrecerles viabilidad y celeridad en el financiamiento de proyectos de saneamiento. Todo ello lo habría coordinado con su hermana, la primera dama, Lilia Paredes.

Un caso similar vimos meses atrás con Fray Vásquez, pero en el MTC, otro sector de gran presupuesto. Hoy el sobrino del presidente sigue prófugo desde que la Fiscalía ordenara su detención.

Acá identificamos un patrón interesante: si Fray hubiera sido quien trasladaba las decisiones del jefe de Estado en Transportes, Yenifer cumplía un rol similar en Vivienda. En ambos casos, las irregularidades mencionadas contaban con el aval de la misma persona: el presidente Pedro Castillo. Y no solo su esposa estaría involucrada, sino también cuñados, sobrinos, su suegro, entre otros miembros del círculo familiar.

Los posibles delitos habrían sido orquestados en complicidad con alcaldes, ministros, funcionarios y, lamentablemente, congresistas, tal como dejaría entrever diferentes evidencias, como los registros de llamadas.

Por esa razón, la Comisión de Fiscalización, la cual presido, planteará esta semana pedir facultades para investigar la existencia de una presunta organización criminal familiar dirigida desde Palacio de Gobierno. Se garantizará el debido proceso, aunque con la misma rigurosidad que se empleó en el caso Sarratea.

No podemos olvidar que el principal protagonista de estas investigaciones ostenta el cargo más alto en el Estado. Alguien que no midió consecuencias al presuntamente exponer a su familia en actos delictivos, y que hasta utilizó la esperanza de niños con cáncer por un poco de popularidad, podría ser capaz de muchas cosas, más aún si se trata de la persona con más poder en el país.

Artículo publicado inicialmente en Peru21