El fiscal José Domingo Pérez argumentó ante el Poder Judicial que se debe subsanar el hecho de no haber resuelto la inclusión de la Procuraduría de Lavado de Activos, como parte civil, en el proceso contra Keiko Fujimori y otros; por el delito de lavado de activos. pic.twitter.com/FaxAhsd0Fa

— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 29, 2021

El juzgado estimó que la audiencia para que la Procuraduría sea parte civil en el caso 'Cócteles', se llevará a cabo antes de la sesión de control de requerimiento mixto programada para el 18 de enero, en el proceso contra Keiko Fujimori y otros.

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La Procuraduría de Lavado de Activos, en calidad de representante del Estado en el caso Cócteles (Odebrecht) ha quedado, por ahora, fuera del proceso que dirige el fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori Higuchi y más de 50 involucrados.

Así lo ha resuelto la Segunda Sala de Apelaciones el último 13 de diciembre. En su decisión, a la que accedió La República, los jueces superiores Iván Quispe, Edgar Medina y Walter Gálvez determinaron que el juez Víctor Zúñiga, cuando decidió incorporar a la Procuraduría en el proceso en febrero de este año, dejó varios puntos importantes sin pronunciamiento.

De esta manera, el tribunal anuló la resolución que emitió Zúñiga para que sea este, nuevamente, quien defina si se incluirá a la Procuraduría de Lavado. La Sala concedió la razón de anular lo dictado en primera instancia, así, por pedido de Keiko Fujimori, Mark Vito, Giulliana Loza, Augusto Bedoya, Carmela Paucará, Arsenio Oré y Edward García, todos acusados en el caso Cócteles, actualmente.

La presencia de la Procuraduría en el caso es clave, puesto que tiene como labor requerir un monto de reparación civil a favor del Estado por los daños causados por Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, entre otros, luego de emitirse una sentencia. En febrero, además, la entidad sostuvo que la reparación civil que podría pedir a favor del Estado y que pagarían los eventuales sentenciados sería de S/36.934.749. Este monto y la misma presencia de la Procuraduría quedan ahora paralizados.

La Sala advirtió varios errores en la decisión de Zúñiga de febrero pasado: “No se aprecia que el juez de instancia haya delimitado con claridad los temas materia de discusión y sobre los cuales debe decidirse”. Además, el tribunal hizo hincapié en que tampoco se especificaron “el/los delito/s por los que dio por constituida en actor civil a la Procuraduría Pública”.

En resumen, la Segunda Sala concluyó que se había violado el debido proceso, la debida justificación de las resoluciones y que debió establecerse un marco específico de hechos al determinarse la incorporación de la Procuraduría de Lavado de Activos al caso contra Keiko Fujimori por los aportes ilícitos de Odebrecht y otros empresarios a sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.

Es necesario recalcar, sin embargo, que el tribunal deja abierta la posibilidad de que se subsanen estos errores, por lo que el juez Zúñiga puede convocar a audiencia en las próximas semanas para definir la presencia de la Procuraduría en el caso Cócteles.

Audiencias continuarán en enero

Debido a la decisión del tribunal que deja fuera del proceso a una parte representativa del Estado, las defensas de Giulliana Loza y Carmela Paucará solicitaron este martes que se reprogramen las audiencias de control de acusación (fase previa al juicio oral) hasta que se defina la presencia de la Procuraduría.

El juez Víctor Zúñiga acogió este pedido y calculó que, aproximadamente en quincena de enero de 2022 podría convocar a una audiencia para definir la incorporación de la Procuraduría de Lavado con el fin de reanudar pronto las sesiones y seguir revisando la acusación que presentó el fiscal Domingo Pérez el 11 de marzo de este año.