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Audiencia de prisión preventiva contra hermano de Dina Boluarte reprogramado | DIRECTO

MINISTERIO PUBLICO - FISCALIA DE LA NACION.

La audiencia de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte Zegarra y otros cinco investigados por el delito de organización reprogramada para el miércoles 21 de agosto a las 2.30 p.m.

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La sala penal del primer juzgado de investigación preparatoria a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho resolvió suspender la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros implicados por el caso 'Waykis en la sombra' hasta el próximo miércoles 21 de agosto a las 2.30 p.m.

 

A pocos minutos de iniciada la audiencia, el abogado de Nicanor Boluarte indicó que tuvieron un plazo de menos de 20 horas para revisar el requerimiento de la Fiscalía, por lo que solicitó más tiempo para preparar la defensa de su cliente.

 

A este pedido se sumaron los otros abogados, por lo que el juez acordó suspender la audiencia para esa fecha pese al pedido del Ministerio Público que el plazo razonable solo sea por siete días.

 

 

Previo

 

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) solicitó 36 meses de prisión preventiva contra un grupo de investigados por el caso conocido como ‘Waykis en la sombra’.

 

Entre ellos está Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda, quien ejerció hasta mayo pasado la defensa legal de la mandataria.
 

El requerimiento del equipo fiscal, que lidera la fiscal superior Marita Barreto, fue presentado este miércoles ante la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE).

 

También alcanza a los investigados Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar.

 

La solicitud fue hecha por el equipo 5 del Eficcop, a cargo del fiscal Carlos Ordaya. El Comercio pudo conocer que el pedido será evaluado este viernes en la tarde por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien viene conociendo el caso y ya dictó medidas como la detención preliminar de algunos indagados.

 

 

 

 

Nicanor Boluarte es sindicado por la fiscalía como líder una organización criminal que habría comenzado a operar luego de que su hermana asumió la presidencia. Le imputan haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y sub prefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político “Ciudadanos por el Perú”.

 

En tanto, a Mateo Castañeda se le atribuye haber sido parte de un presunto plan para que se archive la investigación a Nicanor Boluarte. Para ello, según la investigación fiscal a a nivel preliminar, habría hecho ofrecimientos ilícitos a integrantes del desactivado Equipo Especial de la Policía que apoyaba las labores del Eficcop.

 

Esa imputación llevó a que en mayo pasado, el Poder Judicial dicte la detención preliminar de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y los investigados para los que hoy se solicita prisión preventiva. La medida, sin embargo, luego fue revocada en segunda instancia.
 

Ahora, el Eficcop decidió formalizar sus indagaciones del caso y pasar a la fase de investigación preparatoria. Dentro de esta nueva fase, solicitaron prisión preventiva contra estos seis procesados, argumentando que existe un riesgo de que fuguen o de que obstruyan las investigaciones.
 

Tras su liberación, Nicanor Boluarte fue visto el último 28 de julio entre los invitados a la sesión del Congreso en la que Dina Boluarte dio su mensaje a la nación de cinco horas. En tanto, Mateo Castañeda renunció a la defensa de Dina Boluarte. Recientemente, el Eficcop lo denunció ante una fiscalía penal, acusándolo de haber revelado la identidad de un testigo protegido.

 

Según un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio, Jorge Ortiz Marreros, señalado como operador de ‘Los Waykis’, continuaba coordinando con prefectos, pese a la investigación fiscal y a pesar de haber dejado su cargo en la Dirección General de Gobierno Interior.

 

Fuente: El Comercio

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