Para la Fiscalía, Sánchez Palomino, durante el intento de golpe de Estado de Padro Castillo, “desplegó determinadas acciones particulares”.

El Ministerio Público se refirió a la actuación del congresista Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo) en el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo y aseguró que “desplegó determinadas acciones” antes y durante del hecho.

Durante la audiencia donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó un recurso presentado por la defensa del también exministro para ser excluido del proceso penal, el fiscal adjunto supremo provisional Luis Felipe Zapata detalló la acusación contra Sánchez Palomino.

Refirió que de acuerdo con la imputación específica atribuida al legislador, Roberto Sánchez llevó a cabo varias acciones los días 6 y 7 de diciembre del 2022 para consumar el golpe de Estado.

La víspera

Narró que el 6 de diciembre, Sánchez Palomino ingresó a Palacio de Gobierno a las 11:54 horas y permaneció en la sede del Ejecutivo hasta las 19:03 horas, lugar en el que se desarrolló una serie de “reuniones previas al golpe de Estado”.

Así, se registró una reunión entre Luis Mendieta Gavirondo, entonces jefe dAuel Gabinete de Asesores del Despacho Presidencial, y Manuel Coronado Lino, secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú.

“Esta central sindical tuvo participación activa en los eventos ocurridos el 7 de diciembre del 2022, fecha en que en horas de la mañana el señor Castillo Terrones dispuso el ingreso de manifestantes a la Plaza Mayor, pedido que fue gestionado a través de la señora Betssy Chávez Chino”, manifestó.

“Luego de la emisión del mensaje de la Nación, Sánchez Palomino ingresó al Despacho Presidencial y saludó al expresidente José Castillo Terrones. En señal de conformidad le dio la mano y le indicó: ‘Por el país’”, agregó.

Asimismo, recordó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema acotó en una sentencia anterior que el tipo penal de rebelión consiste en el alzamiento en armas contra el orden constitucional.

“Por tanto se requiere de un alzamiento, de un levantamiento o sublevación dirigido contra el orden jurídico constitucional”, sustentó.

El fiscal señaló que la imputación específica por el presunto delito de rebelión atribuida a Sánchez Palomino cuenta con 81 elementos de convicción. Adicionalmente, ofreció 46 medios probatorios, entre documentales, así como siete testigos y un perito.

Alega “vaguedad” de acusación

Por su parte, Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez Palomino, insistió en la “vaguedad” de la acusación fiscal debido a que no especifica en qué “actos preparatorios y de ejecución” participó su patrocinado.

“El argumento que señala el juez de primera instancia es que estos hechos que nosotros hemos alegado, el juez los ha resumido señalando que si el acusado Sánchez Palomino participó o no en las reuniones del 6 de diciembre del 2022 o si formó o no parte de los actos preparatorios, es una discusión que no es pertinente para evaluar una excepción de improcedencia de acción, toda vez que lo alegado no ataca la tipicidad y en todo caso, es una materia de prueba”, subrayó.

En ese sentido, consideró que no hay un argumento que está vinculado con su petición, que es que se pronuncie si esos actos son “típicos o atípicos” y no coinciden con el tipo penal del delito de rebelión.

Cabe indicar que el juez supremo César San Martín dio por concluida la audiencia e informó que la causa quedó al voto y se resolverá en el plazo establecido por ley.