En el primer día de la reanudación de las protestas en el país, el miércoles 4 de enero, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, señaló que las autoridades tenían información sobre el presunto financiamiento ilícito de las movilizaciones en determinadas regiones, cuya ola de violencia en diciembre dejó 28 fallecidos y más de 650 heridos.

“Se ha identificado a aquellos que puedan financiar estas actividades […], procedentes del narcotráfico y la minería ilegal”, dijo Chávez a la prensa ese día.

Al respecto, El Comercio encontró más indicios que apuntan en ese sentido luego de examinar registros policiales y de la fiscalía sobre los antecedentes de los principales dirigentes de organizaciones que –según inteligencia policial– promueven las protestas.

Se halló que al menos tres impulsores de las manifestaciones en Ica, San Martín y Ucayali fueron denunciados, investigados o purgaron prisión por haber estado implicados en tráfico ilícito de drogas. Sus nombres figuran entre los “actores” de las movilizaciones, de acuerdo con el informe 000348-2022/IN/VOI/DGOP/DPCS/ETC, del Ministerio del Interior, al cual este Diario accedió

El azuzador en jefe de Ica

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— Chacotero (@ChacoteroPeru) January 5, 2023

Juan Marcelo Gonzales Loayza, dirigente en el sector de Barrio Chino, en Ica, es considerado uno de los principales azuzadores de las protestas violentas en esa región. Conocido como Marcelo, su segundo nombre, se dedica a contratar personas para trabajos temporales en fundos agrícolas o en empresas agroexportadoras.

Según el Ministerio Público, Gonzales registra nueve investigaciones en las cuales tiene la condición de imputado o denunciado, en las jurisdicciones de Ica y Ucayali.

Entre esos casos aparecen dos carpetas por el delito de tráfico ilícito de drogas, en la Tercera Fiscalía Penal de Coronel Portillo, provincia de Ucayali, donde Gonzales nació y residió antes de trasladarse a Ica. Estas pesquisas fueron abiertas en el 2015.

Además, en el reporte de la fiscalía se consigna que en el 2015 fue sentenciado por apropiación ilícita. Y se añade que, por hechos del 2021 y 2022, es investigado por “formas agravadas de usurpación [usando armas de fuego, explosivos u otro instrumento]”, atentado contra medio de servicio de transporte público, disturbios y por atentar contra la integridad física de las personas.

Fuente: EC