La semana pasada, Transparencia Internacional (TI) presentó los resultados del Barómetro Global de Corrupción, correspondientes a América Latina y el Caribe. La encuesta se aplicó entre enero y marzo de este año a más de 17 mil personas en 18 países del continente.

En promedio, las instituciones percibidas como más corruptas en el continente son los poderes ejecutivos (53%) y los parlamentos (52%). En el Perú, la percepción de que la mayoría o todos los miembros del congreso son corruptos se eleva hasta el 80% de encuestados, el valor más alto entre todos los países; mientras que en el caso del Ejecutivo, el valor llega a 59%.

De otra parte, el desempeño anticorrupción del gobierno recibe una evaluación satisfactoria por parte de 52% de encuestados, frente al 41% que lo evalúa de forma negativa, remontándose así los valores obtenidos el 2017, cuando solo 16% lo aprobaba y 73% lo cuestionaba. Sin embargo, al mismo tiempo, 2 de cada 3 peruanos (65%) considera que la corrupción aumentó en el país, mientras que la desconfianza hacia el Estado (94%) y hacia el sistema de justicia en particular (95%) son las más altas de toda la región. El 96% que considera que la corrupción en el Estado peruano es un problema grave también es la proporción más alta del continente.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo en Perú de esta organización internacional, señaló que es importante considerar el contexto en el que se realizó el trabajo de campo para este estudio. “Recordemos que fue un momento marcado por la discusión sobre la firma del acuerdo con Odebrecht y que veníamos de la detención de Keiko Fujimori, de la frustrada solicitud de asilo de Alan García, del referéndum y de la destitución de fiscales del equipo especial”, apuntó.

En ese sentido, un dato que llama la atención es la percepción de que los ciudadanos y las ciudadanas comunes pueden lograr un cambio real contra la corrupción. 79% está de acuerdo con esa afirmación, mostrando un aumento de 17 puntos con respecto a la medición que se hizo en la edición anterior de esta encuesta. “La gente salió a las calles en pleno año nuevo y en los días que siguieron. Claro que hubo otros factores, pero esta sensación de efectividad queda y es importante” anotó el director de Proética.

Coimas y extorsión sexual en instituciones públicas

30% de los peruanos y de las peruanas que estuvieron en contacto con una institución pública en el último año reporta haber tenido que pagar coima. Es el índice más alto en América Latina y el Caribe, luego de Venezuela (50%) y México (34%). Por otra parte, 1 de cada 5 personas encuestadas reportó haber sufrido de extorsión sexual en su experiencia con entidades públicas o conocer directamente a alguien que lo ha sufrido. La extorsión sexual es entendida como requerir favor sexual a cambio de conceder un servicio público o un beneficio del gobierno. El dato del país coincide con el promedio de la región y con el resultado de países como Brasil y México. Sin embargo, la percepción de que este tipo de abuso es recurrente alcanza el 84%, siendo el valor más alto de la región.

Barómetro Global de la Corrupción América Latina y Caribe