De manera sorpresiva, el presidente Pedro Castillo tomó juramento a Betssy Chávez, investigada por la fiscalía por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias agravado, como titular del Consejo de Ministros, en reemplazo de Aníbal Torres. La también congresista oficialista se desempeñó hasta minutos antes como ministra de Cultura.

El 14 de noviembre la fiscalía de la Nación abrió investigación a la entonces ministra de Cultura, Betssy Chávez, tras revelarse que contrató en el Estado a dos familiares de Abel Sotelo Villa, un comerciante con quien se le vincula sentimentalmente.

Luego, se conoció que había contratado a Flor de María Sotelo Villa, hermana de Abel Sotelo, en su oficina de del Congreso.

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Además, en mayo pasado, por 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones- fue censurada por el Congreso cuando se desempeñaba como ministra de Trabajo.

La salida de Chávez del Gabinete, impulsada por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, obtuvo el respaldo de Waldemar Cerrón, vocero de Perú Libre; así como de otros parlamentarios oficialistas como Guido Bellido, Margot Palacios y Kelly Portalatino. En total fueron 9 los miembros del partido de gobierno y 1 del Bloque Magisterial los que marcaron verde. La moción requería un mínimo de 66 votos. Sin ellos no se alcanzaba la censura.

Palacio de Gobierno anunció la juramentación solo minutos antes de la transmisión de la ceremonia. No se convocó a la prensa.

Se trata del quinto primer ministro en casi año y medio de Gobierno. Desde 28 de julio del 2021, ejercieron esa función: Guido Bellido (69 días), Mirtha Vásquez (117 días), Héctor Valer (4 días) y Aníbal Torres, quien es el que más ha durado en el cargo dado que juró hace diez meses, el 9 de febrero.

Aníbal Torres dio un paso al costado luego de conocerse que la Mesa Directiva del Congreso “rechazó de plano” la cuestión de confianza que planteó sobre un proyecto que buscaba derogar la Ley 31399 que refuerza los límites de un referéndum. Justamente, el TC desestimó un recurso del gobierno y confirmó la constitucionalidad de dicha norma.