7 de diciembre 2022, Palacio de Gobierno, Lima.

 

 

Intentos de fuga, destrucción de celulares, y la imposición de una posible condena de más de 23 años de cárcel, son algunos de los argumentos con los que la Fiscalía Suprema busca que se le imponga 18 meses de prisión preventiva a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La misma medida ha solicitado para los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Producción). 

 

#LoÚltimo. Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programa para el jueves 20 de abril, a las 10:00 h, audiencia de requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra la excongresista Betssy Chávez, y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. pic.twitter.com/n1SsCwRJ5G

— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) April 12, 2023

 

Chávez, Huerta y Sánchez son imputados como presuntos “coautores” del delito de rebelión -alternativamente conspiración- pues habrían ayudado al quebrantamiento del orden constitucional encabezado por el expresidente Pedro Castillo, quien ya cumple 18 meses de prisión preventiva por este caso.

 

Según la hipótesis fiscal, Pedro Castillo Terrones, conjuntamente con la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino, el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, el exministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez Palomino y el exasesor II del despacho de la PCM Aníbal Torres, así como terceras personas en proceso de identificación, con la finalidad de perpetrar el delito de rebelión, “acordaron disolver el Congreso de la República e instaurar un estado de excepción en el Perú”.

 

Alternativamente, los exfuncionarios habrían conspirado para ejecutar el delito de rebelión.

 

Requerimiento de la fiscalía suprema:

Por ello, el fiscal supremo Helder Uriel Terán Dianderas de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Altos Funcionarios ha solicitado la prisión preventiva contra los tres, alegando que se cumplen todos los presupuestos para que el Poder Judicial dicte la medida.

 

En su requerimiento, al que accedió El Comercio, Terán Dianderas ha estimado que la suspendida congresista Betssy Chávez Chino, sería condenada a una pena de 23 años y cuatro meses de cárcel por el delito de rebelión. O, alternativamente, recibiría una posible condena de 9 años y 11 meses por el delito de conspiración. La misma pena recibirían Huerta Olivas y Sánchez Palomino, por ambos delitos.

 

Se enfatizó en que, debido a la condición de altos funcionarios que desempeñaban al momento de los hechos, sus conductas penales tendrían agravantes. Además, se precisó que, en caso de obtenerse una sentencia condenatoria contra Chávez, Huerta y Sánchez, “esta sería efectiva y carecerá de beneficios penitenciarios”.

   

“Como puede verse, se le imputa a Betssy Chávez Chino el delito de rebelión, en su condición de coautora, por el que se le impondría la pena de 23 años y cuatro meses y alternativamente conspiración, en su condición de coautora, por el que se le impondría la pena de 9 años y once meses”.

   

 

SEGUNDA FISCALÍA SUPREMA PARA CASOS DE CORRUPCIÓN DE ALTOS FUNCIONARI

Requerimiento de la fiscalía suprema

 

   

Chávez “protagonizó huida”

 

La imputación fiscal respecto de Betssy Chávez Chino, señala que en coautoría habría buscado desconocer, rechazar, suprimir o modificar el régimen constitucionalmente establecido, y con ello, generar la inestabilidad política y social e incluso conflictos que habrían generado pérdidas humanas y económicas colocando al país en un estado de zozobra.

 

Por ello, la fiscalía ha presentado 21 elementos de convicción para sustentar la presunta responsabilidad penal de la suspendida congresista. Ente estos están las declaraciones de los exministros Juan Navarro y Alejandro Salas; y congresistas como Adriana Tudela, Vivian Olivos, la periodista Isabel Malpartida, la del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Manuel Gómez de la Torre, entre otros.

 

Los presupuestos apuntan a señalar, en alto grado de probabilidad, que las acciones desplegadas por Chávez Chino buscaban que los entonces ministros del Estado “avalen el quebrantamiento del orden constitucional”.

 

Además, la entonces presidenta del Consejo de Ministros habría desplegado el rol de viabilizar la ejecución del delito.

   

“Así, esta habría sido la encargada de coordinar la transmisión del mensaje de la Nación a través del cual, el hoy expresidente José Pedro Castillo Terrones iba a subvertir el orden constitucional”.

 

De otro lado, para demostrar el peligro de fuga, la fiscalía ha solicitado al Poder Judicial tener en consideración que la investigada habría protagonizado “un intento de fuga”, puesto que según los partes policiales 68 y 69-2023-DIRNOS/DIRSEEST-DIVSECON de fechas 9 y 10 de marzo, los agentes policiales a cargo de la seguridad de Chávez Chino “dan cuenta que por pedido de la congresista se da la suspensión temporal de su servicio”, lo que duró desde las 11:45 del 9 de marzo hasta las 14:00 horas del 10 de marzo.

 

Sin embargo, ese no fue el único episodio que demostraría la facilidad de Chávez Chino para eludir a su seguridad policial.

 

El mismo 10 de marzo, según ha quedado registrado en la Nota Informativa Nro. 202300339092-COMASGEN-CO-PNP que fue presentada por el suboficial PNP Eduardo Machaca, este narró que aproximadamente a las 14:00 horas acompañó a la entonces congresista desde su vivienda en Magdalena hasta Miraflores, donde abordó otro vehículo tipo taxi, no sin antes indicarle que se iba a reunir con sus abogados y que la espere cerca de su domicilio.

Luego, con la Nota Informativa 202300340352-COMASGEN-CO-PNP el mismo efectivo policial señaló que “a las 19:38 aproximadamente, comunico a CEOPOL DIVSECON, la suspensión temporal del servicio de seguridad (…) habiendo culminado la misma a solicitud de la referida legisladora a horas 19:18 en su domicilio en Jr Moore, Magdalena del Mar”.

 

Por tanto, según ha explicado la Fiscalía, no solo se activaron las alertas “por el inminente peligro de fuga de la imputada Betssy Chávez” durante 22 horas desde el 9 de marzo del 2023; “sino que también el mismo 10 de marzo, protagonizó una huída cambiando de vehículo con rumbo desconocido y dejando atrás a su seguridad personal por el resto del día”; por lo que “se evidencia” la facilidad con la que puede permanecer oculta o huir.

   

“Dicho esto, es obvio que actualmente la imputada Betssy Chávez Chino ya no cuenta con seguridad personal por lo que la facilidad para fugar o permanecer oculta es inminente teniendo a la vista los antecedentes antes glosados”.

 

La facilidad para escabullirse de la policía , según postuló la fiscalía, se encuentra también corroborada con la declaración la PNP Rosario Gatty Vásquez, entonces edecán de la hoy suspendida congresista, quien en su declaración a la fiscalía aseguró que Chávez las amenazaba para que no la sigan ni en Palacio o PCM.

   

“En su declaración de fecha 15 de marzo del 2023, quien da cuenta que la entonces primer ministro le refirió que no quería que la acompañe porque no quería que la prensa la identifique cuando estaba en la calle, y de la misma manera amenazó a otras edecanes con la orden ‘que no la sigan, ni siquiera dentro de Palacio, ni dentro de la PCM, que si queríamos mantener nuestro trabajo que no nos acerquemos’” afirma Rosario Gatty Vásquez, exedecán de Betssy Chávez. Declaración a la fiscalía

 

 

Otro peligros a tener en cuenta

 

 

La fiscalía ha recordado que en diciembre del 2022 la imputada exministra consignaba un domicilio en Agrupación Santa Rosa, en Tacna. Sin embargo, cuando fue notificada en dicha dirección el documento fue devuelto pues según el notificador “nadie dio razón de conocer a la consignada”.

 

Ese mismo mes se le diligenció a la dirección registrada en su ficha Reniec, también en Tacna.

 

Sin embargo, según el parte policial Nro.25082685 del 17 de diciembre el efectivo policial que acudió a dicho inmueble para notificarla de una citación informó que nadie abrió la puerta de la vivienda.

Los días 13 y 14 de marzo del 2023, la fiscalía una vez más remitió otra notificación a la investigada a esta última dirección, pero no encontraron a nadie.

 

“Por tanto, se tiene por acreditado que la imputada Betssy Chávez Chino no ha podido ser ubicada por la autoridad fiscal ni policial en ninguno de los domicilio reales que ha declarado en el Reniec en lo últimos tres meses”, señaló la fiscalía.

 

Según la Sunarp, además, la congresista suspendida registra como propiedad un inmueble en la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, Tacna.

 

La fiscalía hizo hincapié en que, tanto la vivienda en el C.P La Natividad Asociación Miguel Iglesias como la de la Asociación de Vivienda Villa El Pacífico, se encuentran en el límite fronterizo con Chile.

   

“Siendo que ambos domicilios solamente la vinculan con el distrito, provincia y departamento de Tacna; es decir, a propósito del presente análisis, con una ciudad limítrofe donde se ubica el Complejo Fronterizo Santa Rosa, por donde se puede ingresar a la provincia de Arica-Chile, lo cual incrementa el peligro de fuga”.

 

Por tanto, advirtieron, resulta irrelevante que la imputada Chávez Chino haya hecho entrega de su pasaporte diplomático o se haya allanado a la medida de impedimento de salida del país (que ya caducó), pues ello “no impide que pueda cruzar la frontera” desde Tacna-Perú hacia Arica-Chile con la sola presentación de su documento de identidad.

 

También se puso énfasis al señalar que el pasado 10 de diciembre del 2022, la fiscalía acudió a una vivienda de Breña (Lima) cuya dirección fue brindada por Chávez en su declaración indagatoria, pero fue el ciudadano Miguel Robles quien les indicó que la suspendida congresista no se encontraba.

 

No obstante, el 10 de marzo del 2023 al exministra fue ubicada por medios periodísticos en un inmueble del Jr. Moore en el distrito de Magdalena del Mar.

 

“Asímismo, se tiene que la propia imputada Betssy Betzabet Chávez Chino, ha referido mediante escrito de fecha 27 de marzo del presente año (…) que en razón de haber cesado en sus funciones congresales, a partir del 10 de abril del 2023 resolverá el contrato de alquiler respecto al domicilio que venía alquilando en Magdalena del Mar de Lima, y empezará a residir en la ciudad de Tacna. Lo que incrementa exponencialmente el peligro de fuga”, señalaron.

 

La fiscalía acotó que tampoco tiene arraigo familiar ni situación de dependencia, así como tampoco cuenta con arraigo laboral al haber sido suspendida en sus funciones como congresista de la República. Además, a la fecha del requerimiento de prisión preventiva no realizaba ninguna actividad vinculada a su profesión como abogada.
 

 

Habría destruido su celular

 

La fiscalía suprema también afirmó en su requerimiento de prisión preventiva que la imputada Betssy Chávez “habría destruido y/o ocultado su equipo celular”.

 

Y es que, según videos y fotografías presentados por el Ministerio Público, hasta el 5 de marzo del 2023, la suspendida parlamentaria usaba un “equipo celular de alta gama” e incluso fue captada por medios de prensa haciendo uso del mismo con llamadas telefónicas.

 

Incluso, en los registros fílmicos del Circuito Cerrado de TV de Palacio de Gobierno del 6 de diciembre del 2022, entre las 21:47 hasta las 21:48, se puede apreciar a la investigada en el hall usando un equipo celular e incluso haciendo una videollamada.

 

 

“Es decir, de lo anterior se denota que la imputada Betssy Betzabet Chávez Chino tenía un celular inteligente con el que podía realizar videollamadas a diferencia de un celular analógico”, advirtió la fiscalía, para luego precisar que, pese a ello, el 24 de marzo del 2023, cuando se allanó la vivienda de Chávez Chino, solo se le hallaron “dos celulares analógicos”.

 

“Se le preguntó por su número celular, quien señaló que no lo recordaba; por otro lado a efectos de no utilizar su propio celular, se comunicó con su abogado, utilizando para ello el celular de su señor padre. Asimismo, se encontraron dos celulares analógicos en lugares totalmente inusuales, como es la cocina y la lavandería”, se indica en el acta fiscal de allanamiento.

 

En la misma acta señala: “Se advierte que la investigada habría ocultado su celular de alta gama, no permitiendo que el mismo sea incautado y por el contrario fue escondido”.

 

Se recordó que el 22 de diciembre de 2022, Chávez Chino había consignado en su ficha Reniec dos números celulares “que no fueron hallados en el registro domiciliario realizado en su domicilio en Magdalena del Mar”.

 

Sumado a ello, la fiscalía aseguró que la suspendida congresista ha mostrado un comportamiento procesal cuestionable pues no asistió a su primera citación horas después de haber participado en el golpe de Estado y además, pese a que tenía conocimiento de haberse abierto una investigación en su contra por presunta rebelión como “coautora” de Pedro Castillo, acudió a visitarlo al Penal de Barbadillo hasta en tres oportunidades, entre el 16 de diciembre de 2022 al 26 de enero del 2023.

 

 

Por ello, la fiscalía consideró que la medida de prisión preventiva es idónea y necesaria, pues tiene como finalidad asegurar el normal desarrollo y proceso judicial en la etapa intermedia y juicio oral.

 

“Por lo tanto, resulta idónea la prisión preventiva como medida solicitada para asegurar la presencia de la investigada Betssy Betzabet Chávez Chino, que ejercía una función pública y gozaba de prerrogativas en razón a su cargo de Presidenta del Consejo de Ministros que ostentaba”, indicó la fiscalía.
 

 

Sobre Willy Huerta y Roberto Sánchez

 

 

Contra el exministro del Interior Willy Huerta Olivas, la fiscalía presentó 12 graves y fundados elementos de convicción como la declaración del excomandante general de la PNP Raúl Alfaro, la declaración del exministro Roberto Sánchez, la declaración del exministro Alejandro Salas, la del jefe de seguridad del Congreso José Malca Calderón, entre otras.

 

 

Según las investigaciones fiscales Huerta habría estado junto a Castillo Terrones cuando ordenó el golpe de Estado y en su condición de ministro del Interior habría llamado al exjefe de la PNP Raúl Alfaro, para decirle que lo iba a comunicar con el entonces presidente Castillo. Este último le indicó que cierre el Parlamento y que no deje ingresar a nadie y saque a los que se encontraban en el interior.

 

Además, le indicó que otras órdenes, como resguardar la casa de sus padres y de los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez, se las iba a dar Huerta Olivas.

“Elementos de convicción que sustentan que efectivamente se impidió el ingreso a los congresistas al local del Congreso de la República por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú”.

 

La fiscalía también señaló que si bien ha indicado que posee diversos inmuebles, el investigado a informado que reside en Pueblo Libre en una vivienda que no es de su propiedad. Agregan que si bien tiene arraigo familiar, este no es de calidad.

 

Sobre el arraigo laboral, la fiscalía señaló que Huerta dejó de ser ministro del Interior el 7 de diciembre.

 

Además, señalan que, aunque ha presentado un contrato de trabajo como abogado con la empresa Inversiones Toys SAC., desde el 2 de marzo del 2023 y por un período de un año, en una revisión a la página del Colegio de Abogados de Lima al 22 de marzo último figuraba como “inactivo”.

 

Sin embargo, en la actualidad ya registra como “habilitado” para desarrollar la labor abogadil.

 

 

También se advierte que cuando ejercía el cargo ministerial tenía bajo su cargo a entidades como la Superintendencia Nacional de Migraciones donde podría tener “amistades que podrían ayudar al que el imputado eluda fácilmente la acción de la justicia”.

 

Sobre el exministro Roberto Sánchez la fiscalía presentó 18 graves y fundados elementos de convicción que sustentarían su participación en el golpe de Estado junto al expresidente Pedro Castillo.

   

“Elemento de convicción que sustenta la imputación en relación a que el investigado Roberto Sánchez, quien habría participado conjuntamente con sus coinvestigados José Pedro Castillo y Aníbal Torres, Betssy Chávez, en la decisión de subvertir el orden constitucional”.

   

SEGUNDA FISCALÍA SUPREMA PARA CASOS DE CORRUPCIÓN DE ALTOS FUNCIONARIOS

Habría peligro de fuga puesto que Sánchez es actualmente Congresista de la República, tendría solvencia económica para salir del país o permanecer oculto dentro del territorio nacional y tiene un patrimonio superior a los S/200 mil

 

Habría participado en el golpe que generó marchas, y protestas con un perjuicio económico estimado por el MEF en S/2, 150 millones. En otras investigaciones ha presentado una actitud renuente ante la perscución penal.

 

A ello se suma que el exministro de Comercio Exterior y Turismo podría influir en testigos o coimputados pues según lo declarado por el aspirante a colaborador eficaz CE-04-2022-EFICCOP, Sánchez “habría influenciado en el testigo Bruno Pacheco a fin de que no declare ante las autoridades, antes y después de encontrarse prófugo de la justicia”.

 

Además, este habría prometido la contratación de Graciela Palomino, esposa de Pacheco, lo cual se corrobora con el informe de Mincetur respecto a los pagos por órdenes de servicio a Palomino.

 

Por todo ello, la fiscalía también consideró que existen elementos para dictar prisión preventiva contra Huerta y Sánchez.

 

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Artículo publicado inicialmente el El Comercio