Bettsy Chávez Chino ha cumplido dos de los 18 meses de prisión preventiva que se dictó en su contra al ser procesada como presunta co-autora del delito de rebelión, por haber estado vinculada a los actos preparatorios y ejecución del golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.
Esta semana presentó un recurso para ser excarcelada argumentando nuevos elementos de convicción que, según su defensa, desvirtuarían las razones por las que se dictó la medida de prisión el 20 de junio del 2023.
Sin embargo, el Ministerio Público ha presentado nuevos elementos de convicción para ratificar que la ex presidenta del Consejo de Ministros pretendía huir de la justicia, luego de perpetrado el golpe de Estado.
A la fecha, Chávez Chino afronta un proceso judicial y dos investigaciones fiscales que implican presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, aprovechamiento indebido del cargo, entre otros.
Procesada por el golpe de Estado
Precisamente este viernes 25 de agosto, el Poder Judicial evaluó el pedido de cese de prisión preventiva solicitada por Chávez Chino, en el marco del proceso judicial por presunta rebelión (alternativamente conspiración), que fue judicializado a través del auto de formalización de la Investigación Preparatoria del 30 de marzo de 2023.
El caso se originó con la decisión del entonces presidente Pedro Castillo de perpetrar un golpe de Estado a través de un Mensaje a la Nación, el 7 de diciembre del 2022.
A través de este, dispuso disolver el Congreso de la República, reorganizar el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia y estableció un “Gobierno de Excepción”.
Especialistas consideran que Betssy Chávez y Aníbal Torres, deben ser incluidos en investigación junto a Pedro Castillo por el golpe de Estado. (Foto: Presidencia de la República)
Ese mismo día, el Ministerio Público inició una investigación en contra de Castillo Terrones y los que resulten responsables por el flagrante atentado contra los Poderes del Estado, el orden constitucional y la autonomía de los organismos que forman parte del sistema de justicia; situación que llevó a que el exmandatario sea vacado por el Congreso de la República, y posteriormente detenido en flagrancia delictiva por la Policía.
Un día después, la fiscalía incluyó en las investigaciones a Chávez Chino en su condición de titular del Consejo de Ministros. Esto, luego de conocerse su presunta participación en los actos previos al mensaje de la Nación de Castillo Terrones.
También por su participación en la convocatoria que hizo a los ministros para participar de dicho mensaje y a los periodistas del canal del Estado para emitir el pronunciamiento. Igualmente por su presencia en el Despacho Presidencial al momento del mensaje, y las directivas que habría dado al personal de su oficina para ejecutar la “legalización” del golpe de Estado a través de un Decreto Supremo.
“Betssy Betzabet Chávez Chino, habría ejecutado los actos conducentes a la emisión del mensaje a la Nación, lo que evidenciaría que habría participado en la toma de decisión para subvertir el orden constitucional, máxime si ésta habría manifestado ser la encargada de la emisión del decreto supremo que contemplaría las decisiones contenidas en el mensaje a la Nación”.
Resolución judicial del Poder Judicial que dictó prisión preventiva.
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El 26 de abril, pese a que se consideró que había elementos de convicción que acreditaban que Chávez Chino había incurrido en el presunto delito de rebelión (alternativamente conspiración), el juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley dictó comparecencia para la exministra.
No obstante, dos meses después, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó esa decisión y ordenó prisión preventiva para la expresidenta del Consejo de Ministros por 18 meses.
Según la sala suprema, la exfuncionaria no había acreditado los arraigos domiciliario, laboral y, se determinó por información del Ministerio Público, que el día del Golpe de Estado, había tratado de fugar. Esto, debido a que luego del Mensaje Presidencial salió de Palacio de Gobierno rumbo a la Embajada de México, pero al enterarse de la detención de Castillo Terrones, cambió de dirección hacia el Parlamento.
Testigo ratificó intención de huir
En la última audiencia de este viernes, su abogado Raúl Noblecilla trató de desvirtuar el peligro de fuga y obstaculización por parte de Chávez Chino; y por ello solicitó al Poder Judicial preferir la libertad “antes que una prisión preventiva que no se encuentra justificada”.
Raúl Noblecilla, abogado de la investigada, alega que existen nuevos elementos en la investigación que desvirtúan los motivos que justificaron la imposición de la prisión preventiva. pic.twitter.com/Fx2APNtf0I
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 25, 2023
El abogado señaló que habían cumplido con entregar un celular que, inicialmente, Chávez se había negado a proporcionar a la fiscalía. Noblecilla dijo que estaba en su derecho. Luego, aseguró que el no tener un estudio de abogados propio, no podía ser excusa para alegar que no tenía arraigo laboral.
Y, finalmente, sobre la presunta huída de Chávez hacia la Embajada de México, su abogado afirmó que la geolocalización practicada al vehículo oficial de la PCM donde se trasladó la exministra luego del mensaje presidencial el 7 de diciembre, indicaba que llegó hasta el Centro Comercial la Rambla de Breña (Av.Brasil), ya que a pocas cuadras estaba su casa. Agregó que dos testigos indicaron que la exministra les pidió que la dejen en el Congreso.
“Qué dice Rosario Gatty Vásquez, que fue Betssy Vásquez Chino quien le solicitó que la dejen en el despacho congresal (…) que cuando le indicó que Chávez Chino no quería que la acompañe fue en un contexto de días anteriores”, señaló el abogado.
Por ello, pidió que se declare fundado su pedido de cesación de la prisión preventiva de la exministra y se ordene su libertad inmediata.
Sin embargo, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza, rechazó la afirmación del abogado de Chávez Chino, al señalar que las dos testigos aludidas no han podido responder a la fecha, “a dónde se dirigían”.
Por el contrario, en una declaración posterior, Cristhian Martínez Valencia, conductor del vehículo de PCM que fue usado para trasladar a Chávez Chino, luego del mensaje a la Nación declaró ante el despacho fiscal que la exministra les indicó que se dirijan a la Embajada de México.
Fiscalía
Fiscal suprema adjunta, Galinka Meza:
“Tenemos la declaración posterior y que hemos presentado ahora también como medio de prueba. La declaración de Cristhian Pedro Martínez Valencia y él es el conductor del vehículo que ha manifestado: que 'fue por orden de la expremier Betssy Chávez Chino, que abordó el vehículo y ella misma nos dijo que nos dirigiéramos a la emabajda de México'”.
Fiscal suprema adjunta, Galinka Meza Salas.
La fiscal remarcó que lo que buscaba la defensa de la exministra era una “reevaluación” de elementos que ya habían sido analizados anteriormente, por lo que solicitó que se rechace el pedido de excarcelación de Chávez Chino.
El juez supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, anunció que su resolución la daría a conocer vía casilla electrónica a las partes.
Favorecimiento a pareja y amigos
En un segundo caso, existe la denuncia constitucional que el Ministerio Público presentó -ante el Congreso de la República- en contra de Betssy Chávez quien habría influenciado y favorecido en la contratación de familiares de Abel Antonio Sotelo Villa, quien —en ese entonces —habría sido su pareja sentimental, según la fiscalía.
Betssy Chávez y Abel Sotelo en la celebración por el cumpleaños de la actual jefa de Gabinete.
Como congresistas, Chávez se habría interesado en la contratación de Flor De María Jezabel Sotelo Villa (hermana de Abel Sotelo) como auxiliar nivel 2 de su despacho congresal, mediante requerimiento de personal N.° 3704 del 13 de septiembre de 2022.
En el caso de Marco Antonio Sotelo Villa, se habría interesado en su condición de exministra de Trabajo y Promoción del Empleo para la contratación del hermano de Abel Sotelo, como apoyo auxiliar administrativo para la Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Tacna, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en mayo de 2022.
Como exministra de Trabajo también habría influido para que el padre de su presunta pareja, Antonio Riquelme Sotelo Calderón sea contratado en el cargo de Intendente Regional de la Intendencia Regional de Puno de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral — SUNAFIL, en diciembre de 2021; y como Jefe de la Oficina Zonal Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal —COFOPRI, en marzo de 2022.
Y, en su condición de exministra de Cultura habría intercedido en la designación de Sotelo Calderón, como Jefe de la Oficina Zonal Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal —COFOPRI, en noviembre de 2022.
Por todo ello, como excongresista de Perú Libre es investigada por negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo; y, en su condición de exministra de Trabajo y Promoción del Empleoy exministra de Cultura, por tráfico de influencias agravado.
Desde el Parlamento indicaron que dicha denuncia constitucional se encuentra a esperas de ser delegada. Precisaron que la Comisión Permanente del Congreso confirmó el informe de calificación y otorgó el plazo para realizar la investigación.
Sin embargo, el presidente del Congreso Alejandro Soto, debe señalar fecha para la sesión de la Comisión Permanente a fin de que pueda aprobarse la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su posterior instalación y procesamiento de los casos.
“Los Niños II”
Betssy Chávez Chino, además, viene siendo investigada en la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, en organización criminal, en agravio del Estado.
Los hechos se vinculan a la participación de grupo de congresistas, señalados como “Los Niños II” que presuntamente colaboró con la red criminal que habría liderado Pedro Castillo Terrones durante su gobierno.
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En marzo pasado, la fiscalía realizó un operativo de allanamiento y descerraje en contra de 20 congresistas implicados en este caso, entre ellos Chávez Chino.
Dichos parlamentarios habrían ofrecido sus votos a favor de Castillo para evitar su vacancia, la censura a sus ministros u otros actos parlamentarios que lo pudieran perjudicar; a cambio, dichos congresistas pedían puestos de trabajos para personas cercanas.
Es así que, según los aspirantes a colaboradores eficaces CE-12-2022-EFICCOP y CE-03 – 2022-EFICCOP, la congresista Katty Ugarte habría entregado un USB a Eder Vitón Burga (exasesor del Gabinete Técnico del presidente Pedro Castillo) con los curriculum vitae de personas, con el nombre y el cargo que deberían ocupar en el Estado. Esto, luego de una reunión en enero del 2002, entre Ugarte y Vittón.
Sin embargo, según el CE-12-2022 indicó que Castillo no cumplió con lo acordado y esto provocó la incomodidad de Ugarte, cosa que fue informada por Vitón a Castillo.
Ante ello, Castillo habría llamado por teléfono a Betssy Chávez, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de Trabajo, sector del que dependía Essalud.
"Entonces el presidente llamó vía WhatsApp a la entonces ministra de Trabajo Betssy Chávez Chino y le consultó qué era lo que había pasado con el acuerdo de Katy; y esta manifestó que ya estaba solucionado." Colaborador Eficaz CE-12-2022
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Una de las personas en la lista habría sido Dennis Javier Palomino Gonzáles, en el puesto de jefe de la Intendencia Regional de Cusco de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, lo cual se habría materializado mediante Resolución de Superintendencia N.°054-2022-SUNAFIL, del 25 de enero del 2022.
“Se advierte que esta designación se habría originado como consecuencia de la llamada del presidente Castillo Terrones a la ministra Chavez Chino”, indicó la fiscalía.
De otro lado, el aspirante a colaborador eficaz CE-12-2022 EFICCOP señaló que el 5 de enero Vittón también se reunió con la congresista Francis Jhasmina Paredes Castro, quien también le indicó que haría llegar la propuesta con los nombres que le interesaban.
Luego de eso, le habría entregado un USB con diferentes nombres, entre ellos el de Lucas Renato Martin Borjas Roa, para que sea designado como Director de Red Essalud-Ucayali. Castillo, una vez más, le habría señalado a Vittón que iba a “coordinar” la designación de dichas personas.
En febrero del 2022 se concretó la designación de Borjas Roa en el cargo de Essalud, que dependía del Ministerio de Trabajo con Chávez Chino al frente.
“Institución que dependería del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, siendo su titular en aquel entonces Betssy Betzabet Chávez Chino, lo cual se colige con la información del colaborador Eficaz 12-2022 EFICCOP”, indicó la fiscalía.
Articulo publicado inicialmente en el diario El Comercio
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