El derecho a la salud enunciado como fundamental en la Constitución Política peruana está en la otra orilla cuando  la población más vulnerable trata de ejercerlo. El Estado tradicionalmente se ha ocupado de prestar una asistencia médica curativa  y recuperativa, dejando de un lado la educación en salud y la prevención de enfermedades.

Indistintamente  que el paciente sea  atendido en  los sistemas oficiales de salud o en privados, se ha impuesto la prestación de estos últimos, conduciendo ineludiblemente a la privatización de la salud, porque el Estado ha delegado su función. Opera la ley de la oferta y  demanda, donde el paciente se llama   “cliente”, y no es    tenido en cuenta para nada. El  Estado se ha convertido en  un simple espectador del dolor ajeno con  el que se lucran jugosamente, por ej. laboratorios transnacionales. Es  el caso de los medicamentos,   cada día  más costosos, de difícil acceso a los pobres que  ven su  tratamiento médico  obstaculizado y su salud empeorada. La  centralización administrativa en Lima perjudica a las Regiones que dependen de la capital para simples  trámites administrativos en salud. 

Los Centros de Salud en gran parte “colapsados”, son objeto de reparaciones a medias para mostrar supuestos avances. Esta caótica situación es calificada por los legisladores como una  “visión desintegrada del derecho a la salud”, y el Colegio Médico del Perú siempre lo ha puesto de presente para que se corrijan de fondo  las directrices equivocadas.

Actualmente se adelanta una reforma constitucional que busca ajustar 6 artículos constitucionales referentes al derecho a  salud, (artículos 7, 9, 10, 11, 12 y 60.)  La tendencia reformista se resume en  que la Política Nacional de Salud sería una atribución constitucional  del Estado, concretamente del Poder Ejecutivo, facultad que no podría transferir.

La  salud,  que en la realidad  cubriría a todos los habitantes sin distinción,   se tendría   como  un deber y un derecho fundamental de interés público. El Estado tendría a su cargo con  la población de  suministrar agua potable, saneamiento básico, una debida  nutrición, vivienda saludable y protección al medio ambiente, con el propósito de lograrles  una vida sana. Los fondos y reservas de la seguridad social tendrían el carácter de   intangibles, invisibles, nadie podría tocarlos sino solo para seguridad social. Estarían garantizadas por el Estado las   prestaciones de salud y pensiones. Se prohibiría  contratar con el sector privado la prestación del servicio de salud, y el Estado fabricaría medicamentos con precios populares. El debate apenas comienza.