La ministra de salud  ha puesto el dedo en la llaga y develado que el Seguro Integral de Salud (SIS), por las numerosas denuncias presentadas, está infestado del mal de la  corrupción y la tramito manía, en la que estarían untadas todas las  entidades del sector. Al final los jueces serán los que decidan la inocencia o culpabilidad de los implicados, que podrían empezar  por los  actuales funcionarios del SIS, que por ahora principian a empacar maletas para  abandonar el barco por disposición de su Capitán.

Como es sabido el SIS fue  instaurado en 2002, nació del ligamiento del seguro materno-infantil y el seguro escolar;  es gratuito  para millones de afiliados pertenecientes  a la población más vulnerable, los más necesitados; sin embargo está ideado para no tramitar tanto reclamo de los usuarios, al entrabar y limitar  el término a 30 días hábiles que disponen los afectados  para denunciar el no cumplimiento, falta de regularidad, de cobertura  o de  eficiencia en la prestación del servicio de salud.

Lo que el usuario estimaba  que era un simple caso fácil de resolver, porque lo que pide por ejemplo es el suministro de un medicamento , la orden para un examen de laboratorio, un traslado de hospital, etc. se le convierte en un elefante blanco, pues si no  se agrava o fallece en el intento, y si la la posta de salud o centro médico no le resuelve, la víctima se debe quejar ante la IAFAS o IPRESS, que en muchos distritos no funcionan ni   saben qué es.

Puede suceder para fortuna del paciente, que ahora sí su queja formulada en tiempo, se atenderá y definirá  por las IAFAS o IPRESS, que primero  determinan  si se trata de   un asegurado regular, potestativo, subsidiado, semisubsidiado,  si el paciente ya murió, si  los reclamantes son  sus derechohabientes, si el asegurado  posee un  Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, y otra decena de  casillas para enrutar su queja al funcionario o Comité respectivo.

Si el infortunado quejoso  no tiene suerte con las IAFAS o IPRESS, debe llevar su caso por triplicado  a SUSALUD, la Superintendencia Nacional de Salud, donde ya el asunto es harina de otro costal ya que ha llegado a Lima, y la opinión general es que  jamás se resuelve a favor del paisano que anda a pie, y todo sigue igual.

De acuerdo al Unicef, “iniciativas como el SIS han contribuido a reducir la mortalidad materna en Perú de 118,3 por cada 100.000 nacidos vivos en 2002 a 89 por cada 100.000 nacidos vivos en 2013.”

La Defensoría del Pueblo registró lo sucedido a Luisa que es una nueva madre remitida de una posta de salud  a un hospital y de éste a un  centro de salud, donde dio luz a su menor hijo que con los días, la madre comprobó que no hacía la primera deposición; el personal de salud le decía a la joven madre que insistiera; después comprobaron que por no poder hacer del cuerpo el bebé  tenía problemas con la respiración, por lo que fue enviado a otro hospital de menor complejidad,  donde constataron que  el niño había nacido sin ano,  relata la Defensoría del Pueblo. Para su traslado  el personal del hospital  le exige  a la madre el pago de 18 soles por unos gastos que ella nunca entendió, pues era asegurada al Seguro Integral de Salud (SIS). Conseguido el dinero como pudo, la madre  fue asignada a un hospital de mayor capacidad, que no los recibió porque  no había camas. La historia que recogió la Defensoría desafortunadamente no tuvo un final feliz, el niño murió.

Recuperados de su dolor, los padres reclamaron, y les   “indicaron –como primera respuesta– que no se advertía una mala atención”, según la Defensoría.

Por lo pronto, el Ejecutivo espera  poner en orden  la casa  que depende del Minsa,   aumentando el  presupuesto del Sistema Integral de Salud – SIS-. Algunos se preguntan  cómo  han podido dormir -como las aves en pleno vuelo-, los altos  ejecutivos del SIS y algunos empleados de base.  

@luforero4