Una agresión a lo más íntimo de nuestro ser.
 

 

 

Programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria, así se llamaba en el Perú  en la última década del siglo XX, a la campaña fujimorista para evitar el aumento de la población.

Las crónicas de la época hablan de miles de mujeres indígenas que eran “reclutadas” para ser sometidas a la esterilización por el sistema de ligadura de trompas. Los médicos se dirigían a las mujeres  en castellano, por lo que ellas que  hablaban quechua, no entendían el procedimiento que les iban a realizar, o se los explicaba incorrectamente. De esta manera las cifras refieren entre 200,000 y 350,000 mujeres  sometidas a la esterilización forzada, y menos de una decena de médicos y personal de salud investigado y condenado por tales crímenes de lesa humanidad.

Después de conocidas las atrocidades cometidas, fueron surgiendo en defensa de ese grupo ONGs como  Demus,  la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMAEF) de Cusco,  y los Comités de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas  organizados en varias Provincias, que promueven que antes que se cumplan 20 años de esa horrible noche peruana, se saque a la luz la verdad y se repare a las víctimas o a sus herederos; pero sobre todo que la historia no se repita.

En esas prácticas no solo se pisotearon los derechos de las mujeres a elegir cuántos hijos tener, sino se puso en peligro su salud y la propia vida.

Las críticas más duras a las esterilizaciones forzadas apuntan a que no se da oportunidad a las mujeres y hombres de utilizar métodos anticonceptivos modernos para evitar  embarazos no deseados, máxime cuando se trata de jóvenes, pobres, indígenas o que  viven en zonas rurales o en barrios urbanos marginales.

En el Perú en  2009, el Tribunal Constitucional (TC) prohibió la distribución gratuita de las "píldoras del día siguiente” (AOE), pese a que el Ministerio de Salud  declaró que los AOE no son abortivos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene establecido en cuanto a la planificación familiar que “no haya discriminación, coacciones ni violencia, y se preste una atención especial a procurar el acceso a los anticonceptivos a las personas desfavorecidas y marginadas.”

La OMS ha recomendado a los gobiernos la  “adopción de medidas muy necesarias para potenciar el acceso a medios anticonceptivos modernos”.