El organismo responsable de velar por esta población dentro del país, es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y más allá  de las fronteras el Ministerio de Relaciones Exteriores,  que apoya a  los peruanos   en situación de indigencia y necesidad extrema que viven en el exterior.

La población en condición de calle, clasificados dentro de la pobreza crónica,  no siempre son mendigos, por ejemplo  los niños en condición de calle que deambulan en Lima en grupo de  siete niños no mayores de 12 años,  llevando  costales desocupados,  mas grandes que ellos; lustrando zapatos; en los basureros o  cerca de  semáforos, en estos casos no van mendigando, sino rebuscándose la  vida; al final de la jornada se les ve  distribuyéndose un plato de comida entre cinco de ellos. Otras veces están sentados en la calle, sólo o acompañados pidiendo una limosnita.  En todo el país supuestamente son más de mil niños y niñas  que viven en la calle. Dar o no dar, he ahí el dilema.

La población en condición de  calle en Lima, adultos y niños, mujeres y hombres,  en ciertas horas del día  invaden los puentes, habiéndoles ocurrido algunas veces accidentes mortales por no recibir oportuna atención médica.

Las personas que “viven”  en la calle, entre los que al parecer hay   extranjeros,  de ordinario son objeto de abusos de la población, de sus mismos compañeros y  de las autoridades. En la década de 1990 cientos de miles de indigentes fueron esterilizados con su consentimiento, según la Fiscalía peruana, o  contra su voluntad, de acuerdo a organizaciones civiles no gubernamentales.

En otras oportunidades los que  atacan a los pobladores de calle,  son las bajas temperaturas,  intenso calor  o copiosas  lluvias que hacen más gravosa su situación para resguardarse bajo techo; además no disponen de albergues o dormitorios estatales. En los operativos para desalojarlos de determinados sitios, dejan en su fuga colchones, cajas y toda clase de basura.

Los jefes o ex de  Estado podrían ser convocados a Tribunales Internacionales de Justicia, por omitir acciones concretas y efectivas y no  acabar de una vez por todas este grave problema de salud pública en Latinoamérica. Serían  responsables de violar la Convención Interamericana de Derechos Humanos y   la   Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otros  instrumentos internacionales. La Corte Penal Internacional podría apresarlos por delitos de lesa humanidad.

130 millones de habitantes de Latinoamérica y el Caribe, viven en la pobreza crónica, señala   el Banco Mundial. Esa cantidad de pobres es similar a toda la población de Argentina, Bolivia y Colombia.