Salvador del Solar, primer ministro y Pedro Olaechea, presidente del Congreso.

	Por: Luis E. Forero Medina  Abogado/Especialista enSaluderecho

En los últimos años las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo peruano han sido demasiado tensas, al punto de desconfiar uno del otro, haciendo casi imposible su convivencia armónica; situación aprovechada por la ciudadanía para aumentar su desconfianza en la clase política, cada vez más deslegitimada.

Exgobernadores, jueces, dirigentes políticos y empresarios se encuentran en la mira de la justicia por supuestos actos de corrupción, cuyos procesos se dilatan en el tiempo o concluyen en la impunidad.

Como una salida a la crisis política, el 31 de julio de 2019 el Ejecutivo presentó a consideración del Congreso el Proyecto de Ley prohibiendo la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanto de elecciones generales que se realizarían en abril de 2020; lo que significaría que congresistas y presidente de la República dejarían el cargo un año antes del vencimiento legal del periodo. También sería una oportunidad para “cambiar las condiciones en las que se hace política” en este país.

Aunque la iniciativa fue propuesta por el gobierno “con carácter de urgencia”, Del Solar, Presidente del Consejo de Ministros del Perú, puso en duda la celeridad de la Comisión de Constitución para debatir el proyecto de adelanto de elecciones, considerado por algunos como un estatequieto al Parlamento; organismo que concluyó con el archivo del proyecto en dos horas que duró el debate.  

Por esa actitud congresional el gobierno se considera “pisoteado”; sin embargo, no se quedará con “los brazos cruzados”, ante lo que adjetivó como falta de responsabilidad de este Parlamento de aprobar el adelanto de elecciones, oportunidad que se aprovecharía para “recuperar la confianza de los peruanos”.

Esa decisión negativa, que de haber sido aprobada tenía que ser consultada a la ciudadanía vía referéndum, es atribuida por el gobierno a “una mayoría congresal que pretende lograr para si la impunidad, obrando de manera irresponsable y peligrosa, que solo buscan protegerse de las investigaciones y asegurarse impunidad”, dijo el presidente Vizcarra. 

Otros dicen que los congresistas están muy apegados a sus curules.

Ante ese discurso desafiante los ánimos se calentaron, máxime cuando para el 30 de septiembre de 2019 está previsto que el Pleno del Congreso con el voto de dos tercios de sus miembros, elija el Tribunal Constitucional integrado por 7 magistrados con sede en Arequipa.

Ante el temor que el TC sea infiltrado por personas vinculadas a actividades ilegales según el gobierno, se ha reaccionado planteando un mecanismo constitucional llamado La Cuestión de Confianza, por el cual Ejecutivo puede consultar al Congreso de la República, sobre el tema que estime conveniente, si aún cuenta con su confianza para seguir gobernando.

Aunque el único que puede presentar una Cuestión de Confianza al Congreso es el Presidente del Consejo de Ministros; no el presidente de la República, éste convocará a sesión extraordinaria del Congreso de la República para cambiar las reglas de juego en la elección del TC.

Si el Congreso no aprueba la Cuestión de Confianza o si el Presidente del Consejo de Ministros renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce una crisis ministerial total y el gabinete en pleno renuncia, de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Frente a esa posibilidad, el presidente estaría estudiando una nueva estrategia o propuesta para el Congreso.

@luforero4