La intolerancia generalmente de los familiares o acompañantes  de los pacientes conduce a que médicos, enfermeras y personal auxiliar sean amenazados y  maltratados verbal y físicamente. 

 

Las instalaciones de carácter sanitario  no pocas veces  resultan afectadas por esos ataques, en los que utilizan hasta  aparatos médicos  para agredir. De este problema a nivel global no existen estadísticas a la mano,  a lo que se agrega que   las víctimas la mayoría mujeres,  se abstienen de denunciar , o el delito en particular no está consagrado en la legislación interna.

En el Perú tampoco funciona un Observatorio  Nacional de Agresiones a personal sanitario,  y en  algunos nosocomios  del Seguro Social de Salud (EsSalud)     no disponen de   un Protocolo para  casos de agresión.

Los asaltos se originan generalmente por supuesta falta de atención médica inmediata, cuando no se asigna cama a pacientes que  permanecen  en  pasillos o cuando fallece el paciente. El perfil de los agresores es impredecible; pero generalmente están embriagados.   

La cuarta parte de la violencia  generada en el ámbito laboral, se da contra personal sanitario, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS y la OIT no han emitido un documento general  sobre las hostilidades contra este colectivo. Sólo hasta hace poco se reúnen expertos de esos organismos para  ocuparse del tema, a solicitud de más de 20 organizaciones de salud internacionales. En España recientemente el  Código Penal se reformó contemplando  en el artículo 550  y siguientes el delito de agresión a personal sanitario, que da  una pena de cuatro años de cárcel. La bondad de la norma es que comprende al personal médico, independientemente que esté vinculado al sector público o privado.

La doctrina   internacional propugna para  que cada país consagre  en su legislación el principio de presunción de veracidad  que recae  a favor de las  víctimas de agresiones. En esa conducta los penalistas estiman que el   sujeto pasivo del delito son las autoridades, sus agentes y los funcionarios públicos. Muchos médicos han sido asesinados suministrando  asistencia humanitaria.