Por: Luis E. Forero Medina - Abogado/Especialista en Saluderecho

En un Estado de Derecho las leyes las promulga el Poder Legislativo, representado en el Congreso de la República, compuesto por dos Cámaras, o sólo una como en Perú. Su Congreso, actualmente  tiene a cargo el estudio de numerosos proyectos de ley sobre  diversas materias; unos  logran convertirse en leyes; sin embargo, la mayoría no pasan el examen.

En Perú y varios países, es común que el Congreso de la República ceda sus funciones por un tiempo al Poder Ejecutivo, otorgándole facultades, a veces para legislar sobre lo divino y lo humano.

El Premier Villanueva, después de las conclusiones que resultaron del empalme con el gobierno de PPK, ha encontrado que las víctimas del desorden general del Estado, son los ciudadanos, a quienes no se le está prestando debidamente los servicios públicos. El Estado peruano, todavía  está muy lejos de los ciudadanos; y para buscar su acercamiento, este gobierno llevará a cabo su modernización montada sobre  dos ejes: Estado – ciudadano y Estado – Estado.

En este último punto, en el eje Estado – Estado, el jefe del Gabinete Ministerial,  ha ratificado lo que parecía un chisme; que a todo nivel, unos andan por un lado y otros por otro, o dando tumbos como borracho. En los municipios, regiones, e incluso a nivel  central, se trabaja  con sistemas administrativos caducos, pasados de moda, concebidos en pedirle al ciudadano en sus trámites, papeles y papeles; sobre todo la cultura de la desconfianza hacia él. A Lima llegan estadísticas, provenientes de  fuentes de información  demasiado débiles y dispersas; fuera que  existe poca o ninguna tecnología.

 

“Modernizar y actualizar el marco regulatorio del Estado “,  es lo que está planteando  el Administrador César Villanueva Arévalo, quien anhela pasar a la historia, como quien logró con su equipo,   llegar a la final, y ganar el boleto para ingresar  a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hace varios meses, el camino se recorre día a día por el Perú; aunque le restan varios años  para adecuarse  a los estándares de ese exclusivo club, que reúne 38 países.

El ingreso de Perú a la OCDE se daría para antes del bicentenario; después de “incorporar las mejores prácticas internacionales”. Una de ellas es la situación laboral de la población económicamente activa. De ella,  sólo la minoría goza de derechos laborales y de seguridad social integral.

 

Por esa razón, podría  al parecer,  estarse utilizando mal el presupuesto para planilla, porque no está unificada.  Los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cada uno lleva sus propias cuentas, supuestamente manejadas  sin que esté  beneficiando íntegramente al recurso humano. Definitivamente, se adoptaría en este país  la planilla única de pago. Aunque no se prevén “cambios de regímenes laborales ni remunerativos”, sí se cocinaría una reforma laboral. Las entidades estatales,  por mucho tiempo, le han sacado el cuerpo a sus empleados para contratarlos directamente;  delegando esta función en empresas particulares, que supuestamente recortan y desconocen sus derechos laborales. Entidades disfrazadas de cooperativas, serían muchas de esas entidades con las que el propio Estado, al parecer continúa vinculando a sus colaboradores.

 

Se avecinan muchas reformas, fuera que habrá más impuestos,  que repercutirán en el aumento del costo de la vida, se dará un  vuelco total a la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. El gobierno  no puede desaprovechar el favor del Congreso; porque se está ahorrando los debates  y el trámite en esa Corporación, que supone apreciable tiempo y riesgo.

Esas  facultades,  que se le otorgarían en los próximos días, cambiarán las reglas del juego para hacer negocios con el Estado; se modificaría   de la A la Z la  Ley de Contrataciones del Estado. En este punto, se suprimiría  o modificaría  íntegramente el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).  Igual  o peor suerte, corre en ese remesón  la Central de Compras Públicas (PERÚ COMPRAS). Este paquete concretamente, es uno de los enfoques para combatir la corrupción, uno de los  cinco grandes temas, en los que está concentrado el presidente Martín Vizcarra.

La corrupción no se presenta únicamente cuando se contrata con el Estado; en el Poder Judicial también se estaría dando. A la muestra un botón, el uno de junio último, en el Congreso de la República, la  Comisión Investigadora sobre el Caso Madre Mía, reveló una   presunta compra de testigos en los  procesos contra el expresidente Ollanta Humala. Se afirmó que el fiscal, José Domingo Pérez Gómez, nunca quiso investigar.  Al día siguiente, el Fiscal respondió al Congreso, con la investigación preliminar contra los expresidentes   Alan García, Pedro Pablo Kucznski y Alejandro Toledo, por presuntamente haber recibido dineros de Odebrecht,  para financiar sus campañas presidenciales.

En la  Organización de los Estados Americanos (OEA), está pendiente la aprobación de varias  iniciativas presentadas por el Perú, relativas al fortalecimiento de la lucha anticorrupción, seguimiento a la Carta Democrática Interamericana, misiones de observación electoral, acceso a la información, registro civil universal y derecho a la identidad, personas desaparecidas, promoción de la equidad e igualdad de género, eliminación de la discriminación y violencia contra las mujeres y niñas.

@luforero4