Bloqueadores de celulares e internet no funcionan en 33 cárceles del país | VIDEO
INPE informa sobre"imprecisiones" vertidas en reportaje dominical. Empresa a cargo de la instalación del sistema se justifica diciendo que el INPE no les paga.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con relación al sistema de bloqueadores existente en los Establecimientos Penitenciarios del país, informa lo siguiente:
1. En marzo de 2012, el Consorcio PRISONTEC presentó a PROINVERSIÓN la Iniciativa Privada “Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones”; y, a través del Acuerdo de PROINVERSIÓN n.° 628-2-2014-CPD del 16 de setiembre de 2014, el Consejo Directivo acordó autorizar el otorgamiento mediante contrato, que se suscribió el 17 de octubre del mismo año, entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y la empresa Prisontec S. A. C., con intervención del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), bajo la modalidad de Asociación Público Privada Autosostenible.
2. Conforme al contrato suscrito, dicha empresa tiene responsabilidad de:
·Bloquear la telefonía celular y señal Wi-Fi en 33 establecimientos del país.
·Administrar los teléfonos públicos ubicados en los establecimientos penitenciarios (conocidos como ‘teléfonos azulitos’), servicio de telefonía pública cuyo acceso es un derecho de toda persona privada de su libertad.
3. La empresa PRISONTEC tiene la obligación de poner en conocimiento de la Policía Nacional o el Ministerio Público, las llamadas de internos relacionadas a actividades delictivas. Sin perjuicio de comunicar al INPE a fin de que adopte las medidas administrativas ue correspondan.
4. En ese sentido, el INPE invoca a la empresa PRISONTEC a cumplir con su contrato y completar el sistema de bloqueo de señal de celulares y Wi-Fi. De estar en funcionamiento dicho sistema de bloqueo no tendría sentido el ingreso de celulares -de manera subrepticia o ilegal- a los penales.
El INPE ratifica su compromiso por modernizar el sistema penitenciario con herramientas tecnológicas, buscando siempre los más altos estándares para la seguridad interna, la resocialización de los internos sin la afectación de sus derechos, y manteniendo el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios del país.