Momento en el que dos aviones fumigan una plantación de coca.

COLOMBIA - Los cultivos de coca se han disparado en las regiones de Colombia donde el gobierno suspendió los programas de erradicación hace dos años. Y pueden crecer todavía más ahora que Juan Manuel Santos ha anunciado que no habrá más fumigaciones aéreas con glifosato, tras una sentencia de la Corte Constitucional que las prohíbe porque puede ser cancerígeno.
 
Lo paradójico del caso es que en Colombia el 91% del glifosato, herbicida que fabrica Monsanto, se emplea en sembrados de arroz, maíz y otros productos agrícolas legales. Solo el 9%, según cifras del ministro de Justicia, Yesid Reyes, se utiliza para destruir las matas de coca y para ellas está destinado el fallo de dicha Corte. Para sectores políticos y agrícolas no está claro si tendrán que extenderlo al resto puesto que si hay riesgo de cáncer igual lo corre un campesino cocalero que un arrocero.
 
El que afecte en exclusiva a los programas de erradicación de coca ha generado fuerte polémica. El Procurador General, Alejandro Ordoñez, ha dicho este lunes que es obligación del Estado acabar con las drogas y si suspenden fumigaciones, le preocupa que"el país nade en coca". Y la oposición, que lidera Álvaro Uribe, considera que nada tiene que ver con la salud de los colombianos sino con un compromiso que el gobierno adquirió en Cuba con las Farc. Es cierto que en el punto de la agenda sobre cultivos ilícitos, la delegación de Santos en La Habana se comprometió a dejar de asperjar la coca desde el aire, una vieja reivindicación de los labriegos que alegan que no solo acaban con las matas de coca sino también con las de plátano, yuca, entre otros.
 
La imposibilidad de concentrar el químico en el objetivo es la respuesta de los partidarios de la nueva norma: mientras que en campos arroceros y demás productos legales las avionetas casi rozan la tierra y aciertan cien por cien, en los sembrados de coca deben volar muy alto para esquivar los ataques de las guerrillas y los ejércitos narcos, y eso hace que puedan afectar a sembradíos y gentes que nada tienen que ver.
 
Las campañas de fumigación las financia en un 20 por ciento Estados Unidos, país que se ha mostrado contrario a cortarlas por lo sano. El problema, además, es que está probado que los sembradíos crecen en cuanto el gobierno baja la guardia y aún no hay un Plan B que garantice que podrán seguir combatiéndolos de manera eficaz.
 
Son dos las alternativas que existen y que han complementado hasta la fecha los programas con glifosato: la erradicación manual y los proyectos alternativos como el cacao o la palma africana. En la primera el peligro son las muertes que ya se han producido por minas anti-persona y francotiradores de las Farc. Van 183 asesinados y 609 heridos, algunos de gravedad, mientras que Estados Unidos asegura que nunca han visto un enfermo de cáncer por el glifosato. En la actualidad hay 793 erradicadores contratados, que trabajan en 37 equipos, siempre protegidos por Policía Nacional y Ejército.
 
El año pasado arrancaron 11.000 hectáreas, la quinta parte de los que hicieron las avionetas (55.532 hectáreas) . Por tanto, deberían multiplicar varias veces el número de jornaleros y de autoridades que los custodian -dos policías por erradicador-, algo que sería muy costoso. Y hay regiones donde no pueden ingresar por los graves problemas de seguridad y en esos casos solo pueden utilizar la fumigación aérea.
 
En cuanto a los cultivos alternativos, es muy difícil que siempre den la misma rentabilidad de la coca, que saca cuatro cosechas al año, la venden en el área donde la siembran y el precio no oscila tanto.