Carlos Rivera Paz, abogado penalista especializado en derechos humanos, ha asumido la defensa de diversas familias de los fallecidos durante las protestas ocurridas a finales de 2022 y principios de 2023 contra el Gobierno de Dina Boluarte, a través del Instituto de Defensa Legal (IDL).

En entrevista con La República, Rivera Paz compartió sus impresiones sobre el tratamiento de los derechos humanos por parte de este Gobierno, así como los desafíos que deberán enfrentarse en este ámbito en el futuro y los conflictos de la actual mandataria con el sistema judicial nacional.

Dina Boluarte y el sistema de justicia

¿Cómo observa usted la relación entre el gobierno de Irina Boluarte y la justicia peruana? Hemos visto diversos ataques coordinados a través de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra de Janet Tello y Delia Espinoza. Pareciera que no es una relación del todo favorable.

Definitivamente no es una buena relación. Diría que es una relación de confrontación abierta. Esto ocurre, en mi opinión, por dos razones: una de carácter legal y judicial, y otra de naturaleza política. En cuanto a la primera, hay evidencia suficiente de que Boluarte está directamente implicada en violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción. El año pasado, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra por los asesinatos ocurridos en las protestas, donde existen pruebas de su intervención.

Además, Boluarte enfrenta entre seis y ocho investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios, que incluyen desde el plagio de un libro hasta el caso de los relojes y las acusaciones contra su hermano. Se trata, entonces, de una alta funcionaria altamente judicializada. Frente a esto, su decisión política ha sido confrontar abiertamente al sistema de justicia, en especial a la Fiscalía de la Nación, la entidad que la investiga. Esta actitud se podría interpretar como la de una investigada renuente a cumplir los mandatos judiciales, pero Boluarte ha optado por un proceso de confrontación completamente directo.

Esto también ha afectado otras iniciativas, como el caso del policía Harvey Colchado. Es decir, estamos ante una estrategia de confrontación en todos los frentes relacionados con las investigaciones en su contra. Por otro lado, en el ámbito político, Boluarte parece estar cada vez más alineada con el discurso fujimorista, incluso atacando a los fiscales del caso Lava Jato, a pesar de que estos no la investigan directamente. Este tipo de ataques han sido promovidos desde la presidencia de la República, lo que refuerza la idea de una alineación con el fujimorismo y su postura crítica frente al sistema de justicia, especialmente contra el Ministerio Público.

En este contexto, se entiende el rol del ministro del Interior, Santiváñez, quien es el funcionario con mayor desaprobación, pero también el más utilitario para ejecutar esta estrategia. Fue él quien denunció a la fiscal de la Nación, lo que ha derivado en la apertura de una investigación que afecta la estabilidad del sistema de justicia. Esto también explica la intervención de la JNJ, que en poco tiempo ha pasado a investigar tanto a la fiscal de la Nación como a la presidenta del Poder Judicial.

Corríjame si me equivoco, pero da la impresión de que en lo que va del siglo XXI, el gobierno de Dina Boluarte es el que más explícitamente ha participado de enfrentamientos con el sistema judicial.

Sí, desde el inicio. Recordemos que Boluarte asumió el poder en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. La actitud del Gobierno ha sido la de ocultar información, confrontar con el sistema de justicia y mantener una relación hostil con el Ministerio Público. Esto se ha evidenciado desde diciembre de 2022 y ha persistido en el tiempo.

¿Cuáles son sus opiniones sobre el reciente proceso disciplinario abierto contra Janet Tello, presidenta del Poder Judicial?

En cuanto a la investigación contra la presidenta del Poder Judicial, hay poca información clara, pero se ha mencionado que pestaríarelacionada con una resolución judicial contra un expolicía cuando Tello era parte de una sala de la Corte Suprema de Justicia.

Ayer mismo, la presidenta del Poder Judicial se pronunció, señalando que no había sido notificada formalmente y que el procedimiento que se le habría iniciado no se ajustaba a la falta denunciada. Esto levanta todas las alarmas ante un posible abuso de autoridad por parte de la JNJ contra la ahora presidenta del Poder Judicial. (...) Es fuerte ver esto contra una presidenta de un poder del Estado (...).

Otro de los temas que ha generado controversia es la denuncia presentada por Santiváñez contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Algunos especialistas en derecho que conversaron con nosotros consideraron que esto busca obstruir la investigación en su contra por sus conversaciones con el capitán Junior Izquierdo, alias 'Culebra'. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Coincido con esa interpretación. Desde antes de esta denuncia, ya había evidencia de que Santiváñez ha actuado de manera desleal con la investigación en su contra. Un ejemplo es cuando se le pidió entregar su teléfono y proporcionó un dispositivo completamente vacío. Una cosa es que tú defiendas tus derechos, pero no puedes tener tipo de maniobras que buscan politizar la investigación penal y desacreditar al Ministerio Público. (...) Por eso que Santiváñez hace esta denuncia ante la JNJ, sabiendo que hay un terreno fértil para abrir una investigación de esta naturaleza y generar una imagen de sometimiento a esta institución. Si la Junta sigue con este proceso, es un perjuicio también a la justicia.

Hay un doble ataque al sistema judicial desde la JNJ, ¿Responde la JNJ a intereses políticos del Gobierno?

El proceso de selección de la comisión encargada de conformar la Junta Nacional de Justicia tuvo serios problemas en cuanto a la transparencia requerida. Desde el inicio, se advirtió la existencia de un control político sobre la elección de sus miembros. Desde IDL, nos pareció que no se seleccionó necesariamente a los mejores candidatos. Por el contrario, existía una alta posibilidad de que los nuevos integrantes respondieran a intereses políticos, en lugar de mantener la independencia como principio fundamental del sistema de justicia.

Puede que las decisiones recientes de abrir rápidamente investigaciones contra la Presidenta del Poder Judicial y la Fiscal de la Nación respondan a un objetivo político de control sobre el sistema judicial. Este tipo de acciones envían un mensaje preocupante sobre un posible sometimiento del sistema. En el caso de la presidenta Janet Tello, existe incluso la posibilidad de su destitución, lo que afectaría gravemente la conducción del Poder Judicial. Además, se percibe un intento de generar un mensaje disuasivo para otros jueces, incluidos los de la Corte Suprema, advirtiéndoles que podrían enfrentar procedimientos similares.

La situación se torna aún más grave cuando consideramos que la clase política en el Perú ha sido objeto de múltiples investigaciones por delitos como organización criminal y lavado de activos (...). Esto ha generado una confrontación con el sistema de justicia, en un intento de someterlo y garantizar condiciones más favorables para quienes están bajo investigación.

Un sistema judicial en problemas

Quizá esta pregunta peque un poco de idealista, pero vale la pena hacerla: ¿Cómo se podría despolitizar el sistema judicial en el Perú?

Es una pregunta compleja. En la última década, el sistema de justicia ha jugado un papel clave que ha llevado a la judicialización de la política y a la politización del sistema de justicia. (...) Lo fundamental es que las decisiones judiciales sean justas y sujetas a los mecanismos de control adecuados. En el Perú, creo que todavía existen estos mecanismos, evidenciados dentro del el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los sistemas de apelación. La clave está en fortalecer estas instituciones y evitar que sean capturadas por intereses políticos. (...)

¿Usted considera que si Dina Boluarte no tuviera ciertas prerrogativas presidenciales estaría bajo pena privativa de la libertad?

Sí, totalmente: Si Dina Boluarte no tuviera antejuicio, ya estaría presa. Lo puedo decir porque somos abogados de varias de las víctimas en Lima, Ayacucho, Cusco y Junín. Hay suficiente evidencia de una intervención no solo política desde diciembre, enero y febrero de 2022 y 2023, sino también de una influencia en las circunstancias que determinaron el desenlace de las protestas en términos de represión. Esto compromete directamente, no solo a los perpetradores materiales ni únicamente a los jefes policiales y militares de las regiones o del propio Comando Conjunto, sino también a la presidenta de la República y a algunos ministros de Estado, en términos de haber alentado este tipo de eventos.

Sobre las protestas

Aún persiste mucho la confusión entre algunos sectores que parecen ser afines a la presidenta, al menos ideológicamente, en torno a lo sucedido en las protestas, que dejaron como saldo la muerte de varias decenas de peruanos que se manifestaron contra el régimen de Boluarte. ¿Tiene alguna argumentación que permita demostrar una culpabilidad directa de la presidenta?

Un primer elemento fundamental es el conocimiento de los hechos. Boluarte intenta replicar la defensa que en su momento adoptó Alberto Otárola, quien fue el primer alto funcionario en asegurar que desconocía lo que ocurría. Nosotros hemos comparado esta situación con un evento ampliamente conocido: la matanza de Accomarca en agosto de 1985, un crimen que se conoció un mes después de haber ocurrido. Sin embargo, en este caso, la situación es completamente distinta, ya que los crímenes cometidos durante las protestas fueron registrados casi en tiempo real. Por lo tanto, resulta insostenible argumentar desconocimiento en un contexto donde existen mecanismos de información más allá de los medios de comunicación. El flujo constante de reportes provenientes de los aparatos de inteligencia y de las jefaturas regionales de la Policía permitió que los altos funcionarios estuvieran informados casi hora a hora sobre los acontecimientos. Ese es el primer elemento clave.

El segundo elemento, en línea con la teoría del Ministerio Público, es la falta de acciones para evitar los resultados fatales. ¿Qué medidas tomaron los altos funcionarios para impedir estos crímenes? Ninguna. Esto se agrava aún más si consideramos antecedentes como la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado el 14 de noviembre de 2020, que ocurrió en un contexto de protesta en un lugar específico. En cambio, aquí hablamos de una secuencia de hechos violentos que se extendió por casi dos meses y medio, desde el 7, 8 y 10 de diciembre de 2022, cuando comenzaron a registrarse homicidios y lesiones graves, hasta el 9 de febrero de 2023. Durante este periodo, se puede identificar un mismo modus operandi en la actuación de las fuerzas del orden, tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, sin cambios ni variaciones en sus métodos represivos. Esto demuestra que hubo una intención de permitir que estos hechos continuaran ocurriendo.

El tercer elemento es el aliento político. Desde las declaraciones de los ministros hasta los pronunciamientos de la propia presidenta de la República, se observa un respaldo a la represión. Se omitió el ejercicio de funciones que, por mandato legal y constitucional, correspondía asumir para evitar estos crímenes. Bastaba una llamada telefónica de la presidenta para detener muchas de las muertes que se perpetraron, pero eso nunca ocurrió. (...).

¿Qué paralelismos se pueden establecer entre el actuar de Boluarte en estas muertes y otros eventos similares bajo diferentes gobiernos en este siglo? Cada vez toma más fuerza la comparación con Manuel Merino y las muertes de Inti y Bryan. También hubo fallecidos durante un paro en el gobierno de Castillo, e incluso en el paro agrario durante la gestión de Sagasti. ¿Podría analizarse un patrón en la forma en que el Estado ha reaccionado ante las protestas sociales en los últimos años?

En estos casos puntuales, la Fiscalía evalúa y valora los hechos en función de un punto central para tomar decisiones: ¿qué acción tomó el gobernante? En el caso de Manuel Merino, recordemos que la Fiscalía de la Nación, a cargo de Zoraida Ávalos, realizó una investigación y concluyó que Merino, aun teniendo pleno conocimiento de cómo se desarrollaban los hechos, no ejerció sus atribuciones constitucionales para impedir ese resultado. Por ello, se planteó una denuncia constitucional en el Congreso, que luego fue desactivada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, bajo el argumento de que hubo una omisión de funciones que permitió el desenlace delictivo.

En el caso de Sagasti, tengo conocimiento de que la investigación por homicidio fue archivada porque él logró acreditar que tomó decisiones. Tomó decisiones antes de los acontecimientos delictivos y también después de su comisión. Logró demostrar que asumió una conducta de protección, prevención e investigación. Por lo tanto, la Fiscalía evaluó que esas acciones fueron legalmente adecuadas y terminó archivando la investigación.

En el caso de Boluarte, la Fiscalía apunta a la acumulación de 11 eventos delictivos en los cuales se produjeron homicidios, que abarcan desde La Libertad, Pichanaquii y Andahuaylas hasta el 9 de febrero de 2023. Finalmente, la Fiscalía concluye y, por ello, presenta la denuncia constitucional ante el Congreso, señalando que las atribuciones constitucionales y legales de la Presidenta de la República nunca fueron ejercidas para disponer un control sobre lo que estaba ocurriendo. (...) El Ministerio Público concluye que resulta insostenible que, en todo ese tiempo, la presidenta de la República no haya tenido la posibilidad de informarse adecuadamente y ejercer mecanismos de control constitucional sobre la Policía y las Fuerzas Armadas. Por ello, se formula la denuncia constitucional.

¿Qué retos en materia de derechos humanos deberá enfrentar el próximo gobernante con miras a las elecciones de 2026?

Creo que este es uno de los temas más importantes que atraviesan actualmente un conjunto de decisiones políticas tomadas tanto por el Ejecutivo como por el Congreso de la República. Lamentablemente, el gobierno de Boluarte se inicia con una gravísima crisis de derechos humanos. No solo es la crisis política que venía arrastrándose desde 2016-2017, sino que su gobierno se instala con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó como masacres en Ayacucho y Puno. Nadie imaginaba vivir una crisis de derechos humanos como la que experimentamos entre 2022 y 2023, pero ocurrió. Esto ha debilitado el estándar de respeto a los derechos fundamentales en relación con años anteriores.

Boluarte, seguramente condicionada por la alianza política que la sostiene y por su deseo de permanecer en el cargo, no corrigió esa situación, sino que adoptó una agenda política claramente alineada con el fujimorismo, una agenda política negacionista y contraria a los derechos humanos. La fusión de los ministerios de la mujer y el Midis es una iniciativa que proviene del fujimorismo, no de Castillo y Boluarte cuando eran candidatos a la presidencia. El nivel de sometimiento político de Boluarte al fujimorismo y a la coalición que gobierna el Congreso ha llevado a una degradación de los derechos humanos en el Perú.

Esto plantea un reto muy grande para el próximo proceso electoral. Es probable que muchos candidatos intenten ganar la elección a través de discursos políticos que atentan contra los derechos fundamentales. Lo que estamos viendo en las últimas semanas es un reflejo de esta estrategia va a ser un tema centrla de la política. Basta ver un ejemplo: el Congreso aprobando leyes que favorecen la prescripción de crímenes de lesa humanidad. (...) Parte del restablecimiento de la democracia en el Perú implica garantizar los derechos fundamentales y convertirlos en políticas institucionales del Estado.