El Poder Judicial ordenó la desposesión e incautación de la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea 170 (Breña), que según la fiscalía fue uno de los lugares en los que se habría maquinado diversos actos de corrupción entre el expresidente Pedro Castillo, sus familiares, amigos y exministros.

Los ocupantes del inmueble tendrán 72 horas para desalojar el inmueble de cinco pisos.

Este viernes, muy temprano, representantes del Ministerio Público junto a la Policía Nacional allanan dicha vivienda a fin de ejecutar la orden del juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuancho, en el marco del Caso “Gabinete en la sombra”.

En el documento judicial, al que accedió El Comercio, se ordena también que el predio pase a manos del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) para ser administrado.

“Ordeno la desposesión del referido inmueble al propietario, ocupantes y terceros que se encuentren en su interior, a efectos que sean administrados por Pronabi”, ordenó el magistrado.
 

Casa de Sarratea: “Centro de operaciones criminales”

La casa de Sarratea - cuyo titular es el prófugo Alejandro Segundo Sánchez Sánchez- albergó durante la campaña electoral a Pedro Castillo y - según la resolución- “habría sido utilizada como centro de operaciones criminales” de la presunta organización delictiva en el caso “Asesores en la sombra”. Habría sido un lugar para la designación de ministros y funcionarios de alta dirección.
Además…

“Existe la probabilidad que el inmueble denominado Sarratea haya sido utilizado como un instrumento del delito, de cara al pacto criminal entre los integrantes de la presunta organización criminal, para copar con personal las entidades públicas, y en base a ello, direccionar los procesos de selección a favor de su entorno, entre ellos, al propietario de dicho inmueble”, se indica en el documento judicial que fundamenta la orden de incautación y desposesión.

Además, señala el juez, es posible que su propietario Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, disponga de dicho inmueble a favor de un tercero, de manera directa o de una tercera persona, “con el objeto de sustraerlo de la persecución penal, e incluso, existe la probabilidad que el referido inmueble siga siendo utilizado con fines delictivos”.
 

El origen de la red criminal

La presunta organización criminal, según las investigaciones fiscales, tiene su origen después del 11 de abril del 2021, cuando se dieron los primeros resultados preliminares de las elecciones generales.

Luego que se oficializaron los resultados de esa primera etapa, Pedro Castillo, entonces candidato de Peru Libre, y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) competirían en la segunda vuelta electoral.

Es ahí se constituye dicha red criminal, según las investigaciones.

Después de ganar las elecciones en segunda vuelta, Castillo Terrones y los implicados habrían usado la vivienda de Sarratea para poner en marcha su plan criminal.

Tras tomar juramento, Castillo decidió despachar en la vivienda de Sarratea y así lo hizo durante los últimos días de julio y primeros días de agosto del 2021. Allí recibió a diversas personas entre empresarios, políticos y otros personajes que no fueron registrados tal como exigía la ley.

Ante las advertencias de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, Castillo se vio obligado a despachar en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, según videos publicados por el Programa Cuarto Poder, entre octubre y noviembre del 2021, el expresidente continuaba sosteniendo reuniones personales en la casa de Sarratea.

Entre los visitantes, estuvo la empresaria Karelim López, hoy colaboradora eficaz quien fue la primera en dar el campanazo sobre los presuntos actos de corrupción que se venían coordinando desde Sarratea y Palacio de Gobierno.
 

Los elementos

Según las pesquisas fiscales, existe un “cúmulo de prueba directa e indirecta” de la presunta organización criminal que se enquistó en el Gobierno Central y lideró Pedro Castillo.

Entre sus brazos habría tenido al “Gabinete en la sombra” integrado por 20 personas, quienes habrían cumplido un rol específico -en algunos casos- y diversos en otros.

Se trata de Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, Jenil Cabrera Fernández y el exalcalde de Anguía José Nenil Medina, Salatiel Marrufo, Bruno Pacheco (exsecertario presidencial y colaborador efecaz); así como Fray Vásquez y Gian Marco Castillo -sobrinos de Castillo- entre otros.

Es así que, según informes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los investigados Salatiel Marrufo Alcántara, Abel Cabrera Fernández y Segundo Alejandro Sánchez Sánchez habrían efectuado aportes en especie a favor de Perú Libre que llevaba al entonces candidato Pedro Castillo con las sumas de S/32.500, S/23.000 y S/31.800, respectivamente.

Dicha red criminal, se explica en el documento judicial, abusó de su poder político, “el cual desde su génesis se organizó en forma clandestina con la finalidad de alcanzar los objetivos de su programa criminal”, insertando activos económicos de origen desconocido a su campaña electoral presidencial de la segunda vuelta en el 2021, para así obtener ganancias ilícitas.

Incluso, se indica en parte de la resolución, el dueño de la casa de Sarratea, habría aportado dinero para la campaña política presidencial, habría corrido con los gastos económicos de la familia de Pedro Castillo y sobre todo, “habría facilitado el inmueble para que se reúnan de manera subrepticia”.

Para ello, coparon las instituciones públicas mediante el nombramiento de ministros, altos directivos y funcionarios clave en despachos donde contaban con gran manejo de presupuesto público, con la finalidad de dar paso a ejecutar sus actos ilegales que les permitían direccionar contrataciones públicas a terceras empresas, previo acuerdo ilícito de entregas de dádivas económicas.

Gracias a dichas designaciones, entre otras cosas, se logró influir en el diseño y formulación del Decreto de Urgencia N° 102-2021, publicado el 29 de octubre de 2021, el cual resolvió transferir a gobiernos subnacionales más de 500 millones soles para la ejecución de diversos proyectos de inversión pública que fueron incluidos en el Plan “Perú en marcha”. Ahí la presunta organización criminal habría tenido acuerdos colusorios (ausencia de reuniones formales y celeridad inusitada), con algunas entidades públicas y terceras empresas.

Entre estos, estarían proyectos en la localidad de Anguía – Chota – Cajamarca, Municipalidad Distrital de Pomahuaca y Huarango en Jaén, Cajamarca, el Municipalidad Distrital de Pomahuaca y Huarango en Jaén – Cajamarca, en la Municipalidad Distrital de Cumba – Amazonas, la Municipalidad de Chachapoyas –Amazonas, entre otras.

Además, de las implicancias de Segundo Sánchez con las coordinaciones presuntamente ilícitas con Pedro Castillo a fin de beneficiar en las concesiones minera a la empresa Macusani Yellowcake S.A.C.

La fiscalía también recordó que, durante una anterior intervención a la Casa de Sarratea en octubre del 2022, se encontró el organigrama de diversos ministerios y la propuesta de designación a los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

De dicha información, se explica, se infiere que en el referido lugar se habrían producido de manera subrepcticia reuniones entre los integrantes de la organización criminal, con la finalidad de coordinar copar con personal las entidades público, para que de ese modo puedan direccionarla y resulten favorecidos su entorno, en dichos procesos de selección y de nombramiento de altos mandos.
Captación de congresistas se sigue evidenciando

Captación de congresistas se sigue evidenciando

A todo ello, se suman los actos de la presunta red criminal para captar a congresistas de la República con quienes habrían realizado acuerdos ilícitos de entrega de Ministerios y Direcciones donde se maneja mayor presupuesto público, a cambio de sus votos a favor de Castillo Terrones, lo cual se materializó entre 2021 y 2022, durante los procesos de vacancia que se rechazaron en el Parlamento. Además, precisó que dicho contubernio con el Legislativo aún continuaría.

“No teniendo una fecha de término hasta el presente estadio de la investigación, toda vez que los efectos del condicionamiento ilícito respecto a la captación de parte de algunos representantes del Poder Legislativo aún se vendrían evidenciando”, se indica en el documento rescatando la posición fiscal.

Finalmente, se indica que los integrantes de la red criminal habrían realizados diversas acciones destinadas a la protección y encubrimiento de investigados, difamación de las personas que los señalaban o investigaban, la desaparición de indicios e intimidación de entidades persecutoras del delito (esto se habría dado a partir de 23 de noviembre de 2021).

A ello se suma la versión del Colaborador Eficaz CE-03-2022, quien informó que los primeros días del mes de setiembre del 2021 se reunieron en el quinto piso de la casa de Sarratea Segundo Alejandro Sanchez Sanchez, Gian Marco Castillo Gomez y Fray Vásquez Castillo, quienes acordaron poner como Gerente General de la Superintendencia de Bienes Nacionales a Jackqueline Guadalupe Perales Olano.

La finalidad de ello era poder direccionar el saneamiento de terrenos de propiedad del estado para que sean adquiridos u otorgados a personas allegadas a Sánchez Sánchez y los sobrinos del presidente, para poder traficar con ellos, también para direccionar el saneamiento de terrenos de empresas a cambio del pago de una comisión, con la aprobación del entonces presidente Castillo.

Articulo publicado inicialmente en El Comercio