El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder detuvo de manera preliminar este martes a Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”, a quien se le imputa ser el coordinador de una presunta red criminal que tenía como finalidad “atentar” contra los funcionarios del Ministerio Público y de la Policía que abrieron investigación a Pedro Castillo durante su mandato.

El Comercio tuvo acceso a la resolución judicial que ordenó la captura de “El Español”, de 75 páginas, y a continuación detallamos los aspectos más relevantes:

1. El origen de la investigación

A inicios de octubre del año pasado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder dispuso el inicio de una investigación preliminar contra el ciudadano extranjero Sergio Castellanos Martínez por los presuntos delitos de organización criminal y sicariato en agravio de la fiscal superior Marita Barreto y el coronel PNP Harvey Colchado, entre otros.

Castellanos Martínez- según reveló El Comercio- tuvo nexos con altos mandos de la Policía Nacional durante el gobierno de Pedro Castillo.

El empresario, de 49 años, nació en la ciudad de Alicante (España). Radica en el Perú desde por lo menos el 2015. Está dedicado a las exportaciones y al negocio inmobiliario en territorio nacional, principalmente a través de dos empresas: Compañía Inmobiliaria Agrícola de Lima S.A.C. y CAT Corporación S.A.C. (ambas con la misma dirección en Puente Piedra).

El ciudadano extranjero cuenta con denuncias en el Ministerio Público por usurpación agravada de inmuebles.

En noviembre último, el Ministerio Público ordenó declarar “compleja” la pesquisa preliminar, e incluyó como agraviada a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Video que circula en las redes sociales:

2. “Intimidar, amedrentar y lesionar”

La organización criminal que- de acuerdo al Ministerio Público tenía como cabecilla al expresidente Pedro Castillo- habría orientado sus acciones para que el profesor se mantenga en el poder a “intimidar, amedrentar, lesionar y atentar contra la integridad física de los funcionarios” de la Policía y de la fiscalía, así como a periodistas y colaboradores eficaces que brindaban información sobre los presuntos actos de corrupción del gobierno anterior.

La resolución judicial que dispone la captura de Jorge Hernández Fernández, alias “El Español”- a la que accedió El Comercio- también señala que esta red buscó “obstaculizar” la labor de la justicia, “perturbando la actividad probatoria e investigativa” del Equipo Especial Policial y Fiscal contra la Corrupción del Poder.

Por ejemplo, la tesis fiscal apunta a que la organización, coordinada por “El Español”, tenía como objetivo “desaparecer” los indicios y evidencias que vinculaban a sus integrantes a actos ilícitos.

Para ello, agrega el Ministerio Público, designaron a personas “de confianza” al frente de instituciones vitales para desarrollar su “programa criminal”, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Dirección General de Inteligencia del Viceministerio de Orden Interno (DIGIMIN).

3. Castillo habría ordenado formación de “equipo paralelo”

El hoy encarcelado exmandatario Castillo Terrones es sindicado como el “cabecilla principal” de la referida organización criminal. El profesor habría ordenado a Hernández Fernández y a su asesor presidencial Henry Shimabukuro Guevara constituir un “grupo de inteligencia paralelo” o de “contrainteligencia”.

El Ministerio Público, además, señaló que el ex jefe de Estado respaldó que este grupo de contra inteligencia utilice recurso de la DINI y de la DIGIMIN “para financiar ilícitamente y encubrir las adquisiciones” de equipos de interceptación telefónica y de sistemas de alta tecnología para acceder a los mensajes en redes sociales de sus opositores.

La resolución judicial que dispone la captura de “El Español” recoge dos declaraciones ofrecidas por un agente especial, identificado como “José Alberto Medina Silva”. En la primera, realizada el 21 de octubre del año pasado, da cuenta de un conjunto de comunicaciones entre el ciudadano extranjero y Carlos Daniel Barba Daza, oficial de la Marina en retiro.

Por ejemplo, relató que el 12 de setiembre, Barba recibió una llamada de “El Español” para coordinar una reunión presencial con el entonces presidente Castillo. La noche de ese mismo día, una persona, quien dijo ser funcionario de la Presidencia, lo citó para el 13 de setiembre a las 5:30 a.m. en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación, en el Centro de Lima.

Una vez en el lugar, el oficial de la Marina en retiro fue recogido por Henry Shimabukuro, asesor presidencial, en un auto Sedad azul, marca Lexus con lunas polarizadas, y lo llevó al estacionamiento exterior de Palacio de Gobierno. Unos minutos después sube al vehículo una persona de la Oficina de Comunicaciones del Despacho Presidencial y se dirigen a la escuela de la Policía, ubicada en San Bartolo, al sur de Lima.

Ese día Castillo Terrones realizó una visita inopinada a la escuela de la Policía.

“Al término, el presidente Castillo aborda el vehículo por la puerta posterior derecha, y le propone al señor Carlos Barba hacerse cargo de la jefatura de la DINI, con la finalidad de buscar la manera de desacreditar tanto a la fiscal de la Nación como al coronel Colchado, y desacreditar toda aquella información sobre las acciones legales que viene enfrentando”, manifestó Medina Silva.

(Foto: El Comercio)

De acuerdo al testimonio del agente especial, el entonces jefe de Estado también le dijo a Barba que quería hacerle frente “a los opositores al gobierno”, “a través de equipos de alta tecnología que tengan la capacidad de obtener información de sus teléfonos celulares, de sus conversaciones, de sus chats, emails y otros”.

Y a pesar de que el oficial de la Marina en retiro se negó a aceptar la jefatura de la DINI, Castillo le sugirió integrar un gripo de “inteligencia paralela” al equipo ya formado por Colchado. Y le pidió que coordinara “con el amigo”, en referencia a Hernández.

(Foto: El Comercio)

4. El rol medular de “El Español”

A Hernández Fernández se le imputa haber realizado el rol de coordinador de la presunta organización criminal y haber tenido injerencia en la designación de los directores de la DINI y de la Digimin, así como de “integrarlos convenientemente” a la referida red. El Ministerio Público señala que habría cometido los delitos de tráfico de influencias, conspiración, ofrecimiento para el sicariato y obstrucción a la justicia.

“El Español” también es sindicado como la persona que organizó, construyó y dirigió un equipo de “inteligencia paralela” dedicado a “atentar y desacreditar a Benavides, Barreto y Colchado, entre otros, y los opositores a la administración de Castillo Terrones.

(Foto: Piko Tamashiro | GEC)

El ciudadano extranjero coordinó sin éxito, como lo detalló  El Comercio, la compra de un sistema de “chuponeo” en Panamá. Involucrando al Congresista de Fuerza Popular Luis Cordero Jon Tay y al exoficial de la Marina Carlos Barba.

????EXCLUSIVO: imágenes muestran que el congresista fujimorista Luis Cordero Jon Tay asistió a la feria de exhibición de equipos de espionaje electrónico en PANAMÁ. pic.twitter.com/WfnbaGZ57A

— PuntoFinalOficial (@PuntoFinalOf) March 20, 2023

Hernández Fernández coordinó en setiembre un encuentro entre Carlos Daniel Barba Daza, oficial de la Marina en retiro, y el entonces presidente Castillo. El docente le propuso a Barba asumir la dirección de la DINI “con la finalidad de buscar la manera de desacreditar tanto a la fiscal de la Nación como al coronel Colchado, y desacreditar toda aquella información sobre las acciones legales que viene enfrentando”.

Y, de acuerdo al informe N°065-2022-Equipo Especial EFICCOP, del 3 de octubre de 2022, un informante conocido como “Bocha” refirió que “El Español” habría reclutado “a sujetos al margen de la ley para realizar reglajes” contra los policías que apoyan al conjunto de la fiscal Barreto en sus pesquisas.

“Todo ello financiado por una entidad pública del actual gobierno, con la finalidad de planificar acciones en contra de los integrantes del EFICCOP”, indica el documento.

(Foto: Archivo GEC)

Al respecto, el coronel PNP Colchado, en una declaración ofrecida el 22 de diciembre último, señaló que tomó conocimiento por dos fuentes que Hernández Fernández creó “un grupo criminal” financiado por la administración de Castillo Terrones “para asesinarme al igual que a la fiscal Barreto, a los colaboradores eficaces”, entre otros.

Incluso, señaló que “Los Cajachos”, que organización criminal que opera en el cono norte de Lima, habrían ofrecido S/300 mil “para asesinarme”, “habiendo aceptado la ejecución del mismo, la banda criminal encabezada por el conocido como ‘Jorobado’””.

5. Shimabukuro, el enlace en la DINI

Otro integrante de la presunta organización criminal, según la tesis fiscal, es Henry Shimabukuro, asesor de Castillo durante su mandato. A esta persona se le sindica como “el encargado de coordinar” con el expresidente y “El Español” la designación de directores de la DINI y de la Digimin del Mininter.

Para ello, Shimabukuro fue asignado a la Oficina de Coordinación y Enlace de la DINI en el interior de Palacio de Gobierno.

Además, de acuerdo al Ministerio Público, el ex asesor presidencial también fue parte del equipo de inteligencia paralela dedicado a “atentar y desacreditar” a la fiscal de la Nación, a la fiscal Barreto y al coronel Colchado, así como a opositores del gobierno castillista.

Shimabukuro fue la persona que recogió en el cruce de las avenidas Tacna y Emancipación, en el Centro de Lima, a Barba para llevarlo a la reunión con Castillo en San Bartolo, donde el propuso al marino en retiro asumir la conducción de la DINI.

Los cuatro integrantes restantes de la presunta organización criminal son el ciudadano español Sergio Castellanos Martínez; Jorge Fernando Cassanova Cubas, ex director general de la Digimin; el comandante PNP Engelbert Hugo Verastegui Díaz; y coronel PNP (r) Juan Esteban Asmat Bucalo.

El Poder Judicial ordenó el allanamiento e incautación de documentos en las casas de “El Español”, Shimabukuro y de los otros cuatro.

En el caso de Verastegui también se ingresó a su oficina en la sede policial de la Av. España.

Asimismo, dispuso el levantamiento de su secreto a las comunicaciones en la modalidad “de extracción de información en el mismo acto de incautación de celulares, laptops, USB”, entre otros.

La jueza Nalda Antaurco Flores dispuso solo la detención preliminar por 10 días de “El Español”.

Articulo publicado inicialmente en El Comercio