WASHINGTON DC | El día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH dio a conocer su Resolución 64/2023 emitida en el marco de las medidas cautelares otorgadas en el 2021 al fiscal José Domingo Pérez, fiscal e integrante del “Equipo Especial Lava  Jato”, las cuales tienen su origen en la situación de riesgo que experimenta como consecuencia de su rol en la investigación de actos de corrupción. 

En su Resolución, la CIDH señaló que, si bien valoraba la implementación de las medidas de protección a favor del Fiscal Pérez y su núcleo familiar “existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente, siendo necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”. La CIDH indicó que la respuesta estatal no solo debe abarcar “medidas de seguridad, sino que incluyan medidas para atender las causas generadoras de riesgo valoradas por la CIDH en el momento del otorgamiento de las presentes medidas cautelares y en la mencionada Resolución”.  

Entre otras acciones previstas por la Comisión en su Resolución se encuentran la emisión de mensajes institucionales de amparo y respaldo y la investigación de los hechos de riesgo que dieron origen a las medidas cautelares. Sobre este último punto, la CIDH enfatizó que “a más de dos años después del otorgamiento de las medidas cautelares, no se han identificado responsabilidades por los hechos alegados de modo que pueda analizarse si los elementos generadores de riesgo han sido mitigados o han desaparecido”.

En segundo lugar, la Resolución amplía las medidas cautelares a favor del Fiscal Rafael Vela, quien actúa como Fiscal Superior Coordinador Jefe del Equipo Especial de Fiscales en el caso “Lava Jato”, es decir, supervisa el trabajo del beneficiario José Domingo Pérez y de otros de fiscales. Al hacerlo la CIDH consideró múltiples hechos de riesgo que el Fiscal Vela ha enfrentado en los últimos meses.  

Al respecto, señaló que “frente al contexto específico del presente asunto, la CIDH reitera el rol de las personas que ejercen función pública, especialmente de alto rango, a no contribuir a la creación de un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión y, por lo contrario, adoptar pronunciamientos públicos que contrarresten estos hechos”. Asimismo manifestó preocupación por su posible suspensión en el marco de un proceso disciplinario y “la posibilidad de que se le retire el esquema de protección que tendría”.

Además, señaló que “dada la continuidad de los factores de riesgo en el marco del presente asunto, la Comisión considera que resulta necesaria la adopción inmediata de medidas que representen una respuesta integral frente a la naturaleza del riesgo”. Asimismo, la Comisión recordó que, aunque los mecanismos de protección material tendientes a la protección frente a situaciones de riesgo son importantes, es necesario tomar en cuenta un enfoque integral y preventivo. Así, no sólo se deben prevenir las amenazas, ataques y represalias, sino que también se deben abordar sus causas”.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), en nuestra calidad de peticionarios de las medidas cautelares de la referencia, esperamos que el Estado adopte las medidas indicadas en su Resolución tanto a favor del Fiscal Pérez como del Fiscal Vela, a la brevedad posible para que puedan llevar adelante su labor investigación de actos de corrupción con independencia. Ello incluye frenar cualquier medida que pueda debilitar la protección del Fiscal Vela producto del proceso disciplinario que enfrenta.