Publicado por el Instituto Peruano de Economia - IPE

(Organismo cercano al sector empresarial)  

Para que el Estado supere los principales desafíos que le depara el 2022, debería priorizar cinco políticas que no habrían recibido suficiente atención durante el último año, además de continuar combatiendo el COVID-19 y promover un entorno político menos polarizado.

1. Garantizar el regreso seguro a clases

En el 2020, más de 600 mil estudiantes dejaron de recibir clases escolares a causa de la pandemia. Durante el 2021, apenas 18 mil de las más de 111 mil instituciones educativas del país regresaron a clases con algún tipo de presencialidad. En la comparación regional, mientras que en países como Bolivia, Argentina y México más del 60% de alumnos recibía clases presenciales a inicios de diciembre, en el Perú este porcentaje apenas ascendía a 10%.

Con miras a un retorno seguro a las clases presenciales, se requiere culminar la vacunación de los docentes, acelerar la vacunación de niños y mejorar la infraestructura escolar. En el Perú, menos del 11% de locales educativos cumplen con condiciones de bioseguridad para brindar clases presenciales. Ello es consistente con el bajo acceso a servicios básicos en las escuelas.

2. Mejorar la atención en salud

En los últimos dos años, la pandemia ha sido la prioridad del Ministerio de Salud. El incremento en el presupuesto ejecutado por dicho sector en el 2020 y el 2021 se explica en su totalidad por los mayores recursos destinados a atender esta crisis sanitaria. Sin embargo, es claro que se han desatendido otros problemas pendientes en materia de salud debido a la pandemia. Por ejemplo, en comparación con el 2019, varios indicadores de lucha contra la anemia han retrocedido, en algunos casos de forma drástica. Además, entre el tercer trimestre del 2021 y el mismo periodo del 2019, la asistencia efectiva a servicios de salud se redujo de 50% a 36% a nivel nacional.

Para el 2022, se debe invertir en mejorar la infraestructura, equipamiento y personal en el primer nivel de atención para asegurar un acceso efectivo y oportuno de los servicios de salud. Asimismo, el sistema de salud requiere de una reforma integral que permita atender las brechas pendientes del sector. Para ello, se necesita articular y alinear los incentivos de las distintas instituciones que operan en el sector.

3. Reactivar el empleo

Las condiciones laborales en el Perú se han vuelto mucho más precarias. Los puestos de trabajo adecuados en el área urbana llegaron a caer hasta 35% en marzo del 2021. En septiembre, pese a que el nivel de producción ya superó ligeramente su valor en el 2019, el empleo adecuado urbano aún se mantiene 17% por debajo de su nivel prepandemia. Asimismo, las remuneraciones promedio se redujeron en 21% en términos reales.

A la fecha, no se cuenta con una política laboral clara que pueda revertir la situación del empleo de forma duradera. La mayoría de medidas implementadas, como Trabaja Perú, no ofrecen una solución sostenible a la pérdida de buenos puestos de trabajo. Resulta prioritario promover estrategias que incentiven la contratación formal y el cumplimiento de la normativa laboral.

4. Recuperar la confianza en la economía

Durante el 2021, la pandemia y el entorno político polarizado afectaron negativamente la confianza en la economía peruana. Las expectativas empresariales se mantienen en terreno negativo desde abril y se estima que, durante el año, la salida de capitales de corto plazo equivaldría al 7,4% del PBI, el mayor flujo negativo del que se tiene registro en el país. Para el 2022, el BCRP estima un crecimiento de 0% de la inversión privada, mientras que el IPE estima una caída de 9%. Incluso en el mejor escenario, si no se recupera la confianza, no habrá inversión y, sin esta, no se recuperará el empleo.

Para recuperar la confianza en la economía, se requiere de una política clara, planificada y adecuadamente sustentada. Asimismo, se requiere que los líderes de las principales instituciones del Estado cuenten con la experiencia y las competencias necesarias para gestionar adecuadamente los problemas de sus sectores.

5. Lograr un gasto público más eficiente

Con la pandemia, se implementaron medidas de alivio que incrementaron notablemente el gasto público. Los bonos a los hogares más vulnerables suman a la fecha más de S/ 15 mil millones, equivalente a la mitad del presupuesto destinado a salud en el 2021. Si bien estos gastos pudieron haber sido necesarios en su momento, las transferencias de dinero a los hogares son costosas, tienen solo un efecto temporal y no son sostenibles en el tiempo.

Para el 2022, se requiere un cambio de estrategia. Por ejemplo, la inversión pública, que tiene impactos más duraderos que los del gasto corriente, se encuentra estancada en alrededor de S/ 30 mil millones anuales desde el 2016 debido en gran parte al deficiente uso de los recursos disponibles y la incapacidad del Gobierno de gastar más. Desde el 2018, no se supera el 65% de ejecución. Claramente, se requieren fortalecer las capacidades de gestión del gasto público, incluso antes de aumentarlo.

En el futuro, también es importante focalizar mejor los recursos. El Bono Yanapay, al igual que todos los bonos anteriores, benefició a muchas personas que no se encontraban en situación de vulnerabilidad. Si estos hubieran sido destinados únicamente a los hogares pobres, su impacto en el alivio de la pobreza hubiera sido mucho mayor.