Por: José Ugaz, expresidente de Trasparency International.

La vorágine de acontecimientos que se han venido sucediendo en la últimas dos semanas poniendo en jaque la gobernabilidad del país ha planteado, uno tras otro, un conjunto de temas que requieren urgente respuesta.  

En primer orden se planteó el problema de la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente. Este pedido se basó en dos hechos: i) la participación de una empresa del presidente en contratos con Odebrecht mientras ejercía como ministro, y ii) haber faltado a la verdad al decir que no tuvo relación directa ni indirecta con esa empresa, lo que luego él mismo y la empresa desmintieron.

Librado de la vacancia por el cisma generado en el fujimorismo, el presidente, en cuestión de horas, dispuso la liberación de Alberto Fujimori vía indulto y derecho de gracia, lo que ha desencadenado una nueva grieta en la sociedad peruana, con protestas callejeras, duras críticas de diversos sectores y la renuncia de personas allegadas al gobierno (ministros, congresistas, asesores y funcionarios).

En cuanto a la vacancia, la falta de definición de lo que se considera “incapacidad moral permanente”, la percepción de que la alegada mentira del presidente resultaba desproporcionada para vacarlo y, sobre todo, la actitud y prontuario de quienes la promovían agresivamente, produjeron una sensación de alivio en los sectores democráticos del país cuando se supo que no prosperaba.  

Ello, sin embargo, no despeja todas las dudas que se ciernen sobre el presidente a raíz de lo que él calificó como “falta de prolijidad”. Pese a ello, la no vacancia aparecía como el mal menor frente al avasallamiento de un grupo con mayores cuestionamientos de corrupción y una ambición de poder totalitario que prometía no saciarse con la cabeza del presidente, sino que iba a por el fiscal de la Nación y el Tribunal Constitucional, entre otros.  

 

Esta decisión ha deslucido el resultado de la no vacancia y agitado a la mitad del país que considera que el mismo es una afrenta a la democracia y a la lucha contra la impunidad.

Tratándose de un condenado en un proceso inobjetable por delitos de asesinato (con calidad de lesa humanidad) y secuestro agravado (que impide cualquier beneficio ordinario), existe un único perdón legal posible, el llamado “indulto humanitario”, aquel que opera por razones médicas extremas. En efecto, la ley peruana lo autoriza solo cuando el condenado padece de una enfermedad grave, incurable, progresiva y siempre que las condiciones de carcelería pongan en riesgo su vida.  

Este tipo de indulto encuentra su razón de ser en el hecho que por muy graves que sean los crímenes cometidos, el sistema no puede fundamentarse en la venganza y perder su humanidad atentando contra la vida del condenado (aunque este haya despreciado la de otros), confinándolo a morir por y en la cárcel. En ese sentido, un indulto humanitario a Fujimori, aunque repudie a muchos, es legalmente posible si se cumplen los requisitos de ley.

Pero este indulto adolece de muchos problemas. A saber: i) la oportunidad (se presenta a los tres días de haber ganado la no vacancia con los votos de su principal promotor, lo que evidencia un acuerdo político), ii) la forma (precipitado, oculto, negado, precedido de otros intentos fallidos nombrando a un nonagenario para que lo firme) y, iii) el fondo (hay serias dudas que la condición médica sea la que exige la ley). También evidencia que se ha torcido una opción que pudo ser legítima, para pagar un favor, que no es relevante la lucha contra la corrupción y la impunidad, y que no importan las víctimas (a quienes no se ha recibido ni reparado).

 

Es posible ejercer el perdón en casos de gran corrupción siempre que sea la excepción y no la regla, y solo en ocasiones extraordinarias. No se puede usar un perdón excepcional para alentar la gran corrupción y su impunidad. En estos días, Temer, el corrupto presidente de Brasil, ha utilizado su potestad de indulto navideño para favorecer a varios autores de la gran corrupción que afecta a su país y a la región, lo que ha merecido el rechazo enérgico de los fiscales anticorrupción y una decisión de la Corte Suprema suspendiendo tal despropósito.

En un Estado de derecho, el que la hace, la tiene que pagar en el contexto de un debido proceso. No se puede permitir que se hagan excepciones fuera de la ley y que, a quienes les hemos confiado el poder, lo usen para alentar la impunidad sacándole la vuelta al sistema.

Fuente: El Comercio