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Con "La China" entre las rejas y la sombra es esta peruana que sale perdiendo

LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO - CASO FUERZA 2011.

Es en sustancia lo que afirma el partido fuji-keikista Fuerza Popular en un comunicado publicado en la red social Twitter.

“En este caso no ha perdido Keiko Fujimori, hemos perdido todos, porque lo mismo que le han hecho a ella se lo pueden hacer a cualquier ciudadano, en cualquier momento”, se sostiene FP. (Fotomontaje)
“En este caso no ha perdido Keiko Fujimori, hemos perdido todos, porque lo mismo que le han hecho a ella se lo pueden hacer a cualquier ciudadano, en cualquier momento”, se sostiene FP. (Fotomontaje)

La agrupación política Fuerza Popular empleó sus redes sociales para pronunciarse tras la determinación de la Corte Suprema de disminuirle la prisión preventiva a Keiko Fujimori a solo 18 meses en vez de 36.

Pese a la reducción, desde la bancada naranja señalaron que su lideresa es una presa política y que “violan sus derechos más básicos”.

“Ha quedado demostrado que, en el caso de Keiko Fujimori, no existe estado de derecho. Es presa política de un sector que controla irregularmente parte del sistema de justicia”, se lee en parte del comunicado.

“En el Poder Judicial se buscaba algo muy simple: justicia. Pero desde que Keiko Fujimori fue detenida arbitrariamente, lo único que hemos encontrado es abuso, maltrato, violación a sus derechos más básicos y mucha injusticia”, se añade.   

En el pronunciamiento también se busca explicar que “la presión y la venganza política han vencido en este caso. Una prisión preventiva de 18 meses no representa un acto de justicia”.

Asimismo, se intenta indicar que la justicia ha actuado de forma arbitraria con Keiko Fujimori, y ello le podría suceder a cualquier persona.

“En este caso no ha perdido Keiko Fujimori, hemos perdido todos, porque lo mismo que le han hecho a ella se lo pueden hacer a cualquier ciudadano, en cualquier momento”, se sostiene.

Keiko tiene verdaderos problemas judiciales colindando con la criminalidad

Por su lado, el ex primer ministro Pedro Cateriano aseveró que “el problema es judicial y jurídico, no político”. “Alegar a estas alturas argumentos de carácter político, prueba que no tienen una defensa adecuada ante las contundentes y gravísimas imputaciones”, adicionó.

La excandidata presidencial debería salir libre el 30 de abril de 2020. No obstante, su defensa y familiares tratan de que lo haga antes, y por ello han recurrido al Tribunal Constitucional.

La hija de Alberto Fujimori viene siendo investigada por el delito del lavado de activos por los aportes de campaña que habría recibido su partido por la empresa brasileña Odebrecht para las elecciones presidenciales de 2011.
 
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