Alejandro Fuente, presidente de AGAP, sostuvo que la nueva ley agraria -que eleva el ingreso diario de los trabajadores agrarios de S/ 39.2 a S/ 48.5, la que se sostiene con un bono mensual de 30% de la RMV de carácter no remunerativo- no es viable y que uno de sus principales efectos que tendrá es que se incrementará la informalidad laboral, debido a que las pequeñas y medianas empresas no van a poder soportar “un incremento de esa magnitud”.
“Algunos voceros dicen que los pequeños (productores agrarios) no se verán afectados (con la nueva ley) porque están en un régimen laboral distinto, lo cual es falso porque el régimen laboral agrario es uno solo”, acotó en diálogo con RPP Noticias.
A reglón seguido, dijo que en promedio las empresas agroindustriales con más de 100 trabajadores pagan S/ 1,543 al mes, que es lo que dice la planilla electrónica del MTPE al 2019.
“La diferencia entre el mínimo y el promedio se da por el bono de productividad que es conocido como destajo, por la que se reconoce al trabajador por su talento y capacidad versus a alguna persona no tiene experiencia todavía”, refirió.
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En ese línea, remarcó que ahora el bono de productividad -con la ley publicada- se les está dando a todos los trabajadores agrarios sin medir la productividad, perjudicándose a los trabajadores con más años, conocimientos y -por ende, valga la redundancia- más productivos, sobre otros que recién están ganando experiencia, pero que también recibirán -con la nueva ley- un bono de 30% de la RMV.
“Ese pago (bono) era en función de la productividad, pero ahora se les está subiendo a todos la remuneración y a aquellos trabajadores más productivos son los que se van a ser más perjudicados porque con el incremento artificial que se ha dado, pues (ya) no es sostenible estos bonos de productividad que tenían antes. Los trabajadores más productivos van a terminar subsidiando a los menos productivos”, advirtió.
Igualmente dijo que se espera para los próximos años que el sector agroindustrial crezca el 2021, pero será por efecto de la Ley de Promoción Agraria dado que las inversiones hechas por este sector son de largo plazo y recién verán su fruto entre el 2024 y 2025.
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