"Se han deforestado en nuestros bosques aproximadamente 11 millones de hectáreas a nivel nacional"

La defensora ambiental Lucila Pautrat denunció constitucionalmente al presidente del Congreso Alejandro Soto y a Waldemar Cerrón por aprobar el cambio de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, infringiendo artículos constitucionales que protegen los recursos naturales, y por presunto delito ambiental al otorgamiento ilegal de derechos.
 

—¿De qué se tratan los cambios en la Ley Forestal?

—Esta modificatoria de la Ley Forestal implica anular la obligatoriedad de los estudios de suelos para el cambio de uso de las tierras forestales y de protección, y a partir de esta anulación se produce una cadena de infracciones e irregularidades, tanto vulneraciones a la Constitución como a la legislación forestal. Como sabemos, la Constitución es clara en señalar en el artículo 66 que los bosques, las tierras forestales y las tierras de protección son recursos naturales que son patrimonio de la nación y así mismo lo establece la Ley Orgánica de Aprovechamiento de Recursos Naturales.

—Podría generar deforestación; ¿es el riesgo mayor?

—Exactamente, porque lo que establecen tanto la Constitución como la Ley Orgánica y la Ley Forestal es que los bosques y las tierras forestales no pueden ser adjudicados en propiedad, tienen que ser concesionados, como cualquier otro recurso natural, como las minas, el agua, el mar, el petróleo, o el espectro electromagnético.

—¿Deben intervenir las entidades pertinentes y obviamente las comunidades de la zona?

—Tiene que haber un proceso de consulta previa en el caso de los bosques, porque cuando se liberan este tipo de regulaciones se afectan derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es importante. Y lo que ocurrió en el Perú es que durante los últimos 30 años, y particularmente durante los últimos 10, se han invadido aproximadamente unos 11 millones de hectáreas de tierras forestales con bosques para instalar monocultivos agroindustriales.

—11 millones de hectáreas. ¿Eso se ha deforestado?

—Sí, aproximadamente unos 11 millones de hectáreas a nivel nacional, y lo que se busca con esta norma es formalizar un delito, una situación de irregularidades, de vulneraciones a la Constitución y a las normas ambientales. Porque estas tierras se han ocupado sin contar con ningún estudio de suelo, sin autorización de cambio de uso, sin estudio de impacto ambiental. Y lo que hace es favorecer a los grandes consorcios empresariales que vienen ocupando estas áreas, generando tráfico de tierras, invasiones y adjudicándose áreas de manera irregular.

—El Congreso la promulgó y saltó su reglamento interno.

—Se generaron irregularidades al momento de aprobar la norma o de publicarla, sin considerar las reconsideraciones que habían solicitado dos congresistas. Y diversas organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, la academia, las embajadas, los Gobiernos regionales se están pronunciando. Hay un rechazo masivo a esta norma y se han presentado medidas legales para corregir esa situación de irregularidad.

—Se pronunciaron las embajadas de cuatro países, Reino Unido, Canadá, Alemania y Bélgica, con los cuales el Perú tiene acuerdos comerciales. ¿Podría haber algún efecto comercial?

—Sí, porque en este caso el Perú está incumpliendo sus compromisos internacionales. Ya en el año 2010, en la COP 15 de la Cumbre de Cambio Climático, el Perú se había comprometido a la deforestación cero al 2021. En el 2021, la deforestación pasó de 75.000 hectáreas al año a 150.000 hectáreas al año. Estamos en el 2024 y seguimos incumpliendo estos compromisos internacionales, y a pesar de ello el Perú sigue recibiendo fondos de la cooperación para la mitigación del cambio climático y la conservación de bosques; además, se están incumpliendo las cláusulas del Anexo Forestal del TLC Perú-Estados Unidos y otros acuerdos comerciales.

—¿Ha visto casos similares en los que países hayan reaccionado de esta manera?

—No es la primera vez que el Perú incumple sus compromisos internacionales. Hay una especie de ataque sistemático a los bosques en el Perú. Con esta norma que modifica la Ley Forestal se implementa nuevamente el discurso del perro del hortelano, que ya generó un conflicto con los pueblos indígenas. Y nuevamente insisten. También hay responsabilidad de parte del Ministerio de Desarrollo Agrario, porque viene promoviendo esta política de deforestación para monocultivos agroindustriales desde hace más de 20 años, y no ha sido contundente para manifestarse en contra de esta norma.

—¿El camino es la derogatoria de esta ley?

—Sin duda. Tiene que derogarse esta norma porque no solamente es inconstitucional, no solo se ha vulnerado el artículo 66 de la Constitución, sino que, como bien dicen los gobernadores regionales, han vulnerado el derecho al medio ambiente y la consulta previa a los pueblos indígenas. La norma se tiene que derogar porque afecta no solamente a todos los bosques en el Perú, sino que además genera escenarios de impunidad para todas aquellas infracciones, delitos forestales y ambientales que se vienen cometiendo.

—Por otra parte, se estima que hay más de 10.000 juicios pendientes por asuntos de deforestación.

—Sí, la Procuraduría del Ministerio del Ambiente ha estimado que hay unos 10.000 casos de delitos forestales, de los cuales 3.000 están en grave riesgo, según lo ha manifestado el procurador. Se convalidan estos delitos que se han cometido y el Estado está perdiendo no solo años de investigación fiscal, policial, juicios, diligencias, viajes, pago de abogados, sino además reparaciones civiles, multas, y hay una grave afectación al principio de autoridad de las autoridades regionales, autoridad forestal y la autoridad ambiental en el Perú. Por eso, muchas de esas empresas, que promovieron la norma, siguen operando de manera ilegal, buscando escenarios de impunidad.

Entrevista publicada inicialmente en La Republica