Por: Gustavo Mohme Llona - Editorialista La República

El Congreso ha realizado una puesta en escena contra el presidente de la República, Martín Vizcarra, suspendiendo el pleno del Congreso para escuchar la difusión de audios vinculados con el jefe del Estado. De ese modo, con calculada espectacularidad, ha dado inicio a un proceso que está claramente orientado a imponer la vacancia de la presidencia de la República.

La puesta en escena implicó el incumplimiento de las prácticas parlamentarias del control político. Las evidencias no fueron presentadas en una sesión de la Comisión de Fiscalización, encargada de la investigación del llamado caso Swing; y en cambio exhibió con rapidez su naturaleza de operación planificada. Este proceder no puede pasarse por alto si se toma en cuenta que uno de los audios circula hace semanas y les ha sido ocultado a otros miembros de dicha comisión.

La decisión de un grupo de parlamentarios de no investigar, sino solo acusar, es innegable. A la cabeza de la operación se encuentran el cuestionado congresista Edgar Alarcón, ex contralor general de la República, destituido por el Congreso por corrupción; y el presidente del Congreso, Manuel Merino, principal beneficiario de una eventual vacancia presidencial.

El presidente Vizcarra ha calificado la puesta en escena de un “complot”, además, ha señalado que no renunciará y que lo único ilegal que se puede distinguir en este caso es que los audios se registraron de manera clandestina. El jefe del Estado cree que el diálogo grabado se refiere a una coordinación que se hace en cualquier institución y que el Congreso sostiene una “patraña” que pretende socavar al Gobierno con el objetivo de lograr la reelección de los actuales congresistas.

No se puede ignorar el contexto de esta denuncia. A pocos días del cierre del plazo para la aprobación de las leyes, para mejorar la calidad del proceso electoral, una mayoría de congresistas se resiste a votar por segunda vez la reforma constitucional que impide la postulación a los cargos de elección popular de los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. También se oponen a la eliminación del voto preferencial y los cambios para que el financiamiento de los partidos sea más transparente.

Las denuncias referidas al caso deben seguir su curso indagatorio en lo que legalmente corresponde, respetando el mandato constitucional que impide acusar al presidente durante su mandato, con las excepciones establecidas. La asonada parlamentaria es grave y peligrosa. Los peruanos ya hemos rechazado en otras oportunidades los operativos oscuros disfrazados de control.