El Pleno del Congreso, en un hecho considerado histórico para lucha contra la corrupción, declaró, por amplia mayoría, haber lugar a la formación de causa contra cuatro de los cinco exmagistrados acusados de ser integrantes de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, por la comisión de varios delitos, incluyendo el de organización criminal.

Se trata del informe final de la denuncia constitucional N.° 247 presentada contra el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y los exintegrantes del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Julio Atilio Gutiérrez Pebe, Guido Águila Grados, Orlando Velásquez Benites y Sergio Iván Noguera Ramos.

En aplicación de lo dispuesto por el inciso j) del artículo 89 del Reglamento, los expedientes con las acusaciones constitucionales serán enviados a la Fiscalía de la Nación para que proceda, conforme a sus atribuciones, es decir, realizar las investigaciones correspondientes, como lo dispone la Constitución Política del Perú, precisó la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín.

La votación se dio uno por uno, es decir, acusado por acusado, con excepción de Iván Noguera Ramos, quien no se presentó para su defensa y fue reprogramado para otra sesión en fecha por anunciar.

Los integrantes de la Comisión Permanente, titulares y suplentes, estuvieron impedidos de votar, de acuerdo a la Constitución, y al Reglamento del Congreso, por haber conocido el caso con antelación. En consecuencia, fueron cien los legisladores que hicieron uso de su derecho al voto.

En ese contexto, fue aprobado con 86 votos, 0 en contra y 1 abstención el Proyecto de Resolución Legislativa que declara haber lugar a la formación de causa contra el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias, tipificados en el Código Penal.

Con 84 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones se aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa respecto al denunciado Julio Atilio Gutiérrez Pebe, en su calidad de exmiembro del CNM, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y patrocinio ilegal.

En el caso de Guido Águila Grados, fueron 83 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. El exmiembro del CNM está denunciado por la presunta comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal.

Así mismo, fueron 77 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones para el Proyecto de Resolución Legislativa que declara haber lugar a la formación de causa contra Orlando Velásquez Benites, en su calidad de exmiembro del CNM, por la presunta comisión del delito de organización criminal.

Antes del proceso de votación, la congresista María Retamozo Lezama (Frepap) y el congresista Otto Guibovich arteagfa (AP) desvirtuaron los argumentos sustentados por los acusados en el sentido de que anteriormente ya fueron acusados por los mismos hechos.

El debate

Durante el debate que se desarrolló después de escucharse la defensa de los involucrados, hubo plena coincidencia en la necesidad de hacer justicia y en que el Ministerio Público se encargue de la investigación y el Poder Judicial de la sanción.

No hubo diferencias partidarias en ese objetivo y el consenso antes de la votación fue evidente. Todos se manifestaron en la necesidad de iniciar un nuevo proceso de lucha frontal contra la corrupción.

También, hubo coincidencias en reconocer como serio y objetivo el informe final de la Denuncia Constitucional N.° 247, elaborado por la congresista Retamozo Lezama

El congresista Gino Costa Santolalla (PM) señaló que existen pruebas suficientes, complementadas con la información de dos colaboradores eficaces y dos testigos protegidos, para demostrar que existen indicios para que la Fiscalía realice las investigaciones correspondientes y lo que le corresponda al Poder Judicial.

El congresista Daniel Oseda Yucra (Frepap) dijo la aprobación del informe final no busca una mera sanción, sino dar un primer paso en la lucha contra la injusticia, aunque el camino es largo, pero se está avanzando.

Carlos Pérez Ochoa (AP), presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que ese grupo de trabajo respetó el debido proceso y el derecho a la legítima defensa.

Lo propio hizo su colega de bancada Luis Alva Roel, quien fue titular de ese grupo de trabajo legislativo, además coincidió con otros legisladores de que la decisión del Congreso marcará un hito importante en la lucha por la justicia en el Perú.

Rocío Silva Santisteban (FA) sostuvo que el juicio a Hinostroza es constitucional y político, porque la corrupción destruye la política y su lucha contra este mal es en beneficio de la sociedad.

La congresista Martha Chávez Cossío (FP) manifestó tener la esperanza de encontrar a todos los responsables de estos delitos, porque “hay personas que están cubiertas por la impunidad”. Seguidamente, anunció la presentación de una moción para que se cree una comisión que se encargue de investigar y develar el Caso Odebrecht y sus implicados.

José Luis Ancalle Gutiérrez (FA) manifestó que ya no hay más blindaje y que la lucha contra la corrupción tiene que ser efectiva, sin sesgos políticos o partidarios.

La congresista Arlette Contreras Bautista (NA) indicó que “no es un secreto que se negocien en los procesos judiciales y que hay hermanitos en las cortes que impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violencia”.

“Es momento de decidir. Basta ya. Este es el punto de partida de una reforma integral para el sistema de justicia. Estamos hartas de que los hermanitos hagan de las suyas”, anotó.

El congresista Fernando Meléndez Celis (APP) señaló que el presente Congreso dejará su huella en lucha contra la corrupción.

Los congresistas Enrique Fernández Chacón (FA), Jorge Velásquez Becerra (AP) y Lenin Bazán Villanueva (FA) señalaron, en diferentes tonos, que no es necesario ser abogado y entender de leyes para darse cuenta de las iniquidades que habrían cometido los denunciados.