LIMA | El último viernes 15 de julio, el pleno del Congreso aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría sobre el caso Sarratea que recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión de diversos delitos en el cargo.

El pleno respaldó el informe en mayoría con 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones. Votaron a favor las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú.

Los no agrupados Carlos Anderson, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga también apoyaron las conclusiones del documento elaborado por el grupo de trabajo que preside el fujimorista Héctor Ventura.
 

Recomendaciones del informe por caso Sarratea

El informe elaborado por el grupo de trabajo parlamentario presidido por Héctor Ventura (Fuerza Popular) recomendó que la Comisión Permanente del Parlamento formule una acusación constitucional ante el pleno contra Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión.

Asimismo, recomendó a la Comisión Permanente que se formule una acusación constitucional contra el exministro, Juan Carrasco Millones, por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

El documento de la Comisión indica además que se le extienda la información a la Fiscalía de la Nación, con la finalidad de que inicie las investigaciones correspondientes contra el jefe de Estado y aquellas personas que también resulten responsables de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo y enriquecimiento ilícito en relación al caso Sarratea.

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¿Cuáles son las conclusiones del informe?

Una de las conclusiones del informe sobre el caso Sarratea considera que el presidente de la República, Pedro Castillo, mantuvo reuniones extraoficiales fuera de Palacio de Gobierno cuando ya ostentaba un cargo en el Ejecutivo. Los encuentros se habrían dado con congresistas, funcionarios y empresarios con la finalidad de planificar de manera conjunta actos de corrupción.

Fuente: La Republica