La Comisión Permanente del Congreso aprobó acusar constitucionalmente a la excongresista Luciana León, por diversos delitos.

Con 25 votos a favor, la #ComisiónPermanente aprobó acusar a la excongresista Luciana León por presunto delito de tráfico de influencias agravado. pic.twitter.com/0HzJUWMUTV

— Congreso del Perú ???????? (@congresoperu) March 24, 2023

A la exrepresentante del Partido Aprista se le imputa la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación.

En efecto, las acusaciones por los tres delitos contra la exlegisladora fueron aprobadas en forma unánime, pero la de organización criminal fue rechazada por 15 votos en contra del informe y diez a favor.

La denuncia constitucional 240 original sobre estos temas fue planteada desde la Fiscalía de la Nación, cuando dicho despacho lo encabezaba Zoraida Ávalos.

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Todos esos ilícitos habrían sido perpetrados en agravio del Estado, se indica en el informe presentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones.

Un cargo más, incluido en dicho documento, fue el de pertenencia a una organización criminal. Sin embargo, los miembros de la Comisión Permanente se pronunciaron por mayoría de votos a favor de no incluir dicho ilícito en la acusación.

Esto se dio tras convenir en que cada uno de los cargos consignados en el informe se votara por separado.

Recuento de hechos

Los hechos materia de los presuntos delitos imputados a León tienen que ver con la gestión irregular para realización de obras públicas en el municipio distrital de La Victoria, Lima, entre marzo de 2017 y mayo de 2018.

Por dichas acciones, la exparlamentaria habría recibido dinero, favoreciendo además a consorcios y empresas vinculadas a Alexander Peña, sindicado por la fiscalía como líder de la organización denominada ‘Los Intocables Ediles’. El dinero derivado de estas negociaciones, también habría favorecido al entonces alcalde del mencionado distrito, Elías Cuba.

Por otro lado, el delito de peculado doloso por apropiación se consideró en razón de que León efectuó contrataciones de personal inexistente para su despacho en el Congreso. El sueldo asignado a dichas plazas laborales se destinó a su bolsillo, se indica en el informe.

La congresista no agrupada, Susel Paredes, encargada de la ponencia del informe final sobre este caso, indicó que el documento cuenta con 27 testimoniales y 171 elementos de convicción. Manifestó que, de no haber sido denunciada, León habría expandido este tipo de acciones a otros distritos.

La parlamentaria, además, dio lectura a conversaciones interceptadas entre León y su esposo, en los que se daba cuenta de pagos y prebendas supuestamente irregulares.

Tras la aprobación de los cargos planteados, se dispuso que Camones y Paredes elaboren el informe acusatorio sobre este tema, que deberá ser debatido y votado en el pleno del Congreso.